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Por Agroempresario.com
El sector del biodiésel en la Argentina atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza con paralizar por completo su funcionamiento. En un encuentro clave desarrollado en la Comisión de Industria y Comercio del Senado, representantes de grandes, medianas y pequeñas empresas productoras de biodiésel solicitaron con urgencia que se trate un nuevo marco normativo que actualice la Ley 27.640, vigente pero desactualizada frente a los desafíos actuales.
En este contexto, empresarios del rubro coincidieron en que la normativa actual no contempla la realidad de costos y comercialización del biodiésel, lo que ha llevado a la paralización de plantas, pérdida de empleos y una creciente dependencia de combustibles importados.
Hilarión del Olmo y Axel Boerr, representantes de la firma Explora e integrantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles (Capba), afirmaron que llevan más de un mes con las plantas completamente detenidas. “La Argentina no se autoabastece de gasoil, lo que nos obliga a importar combustibles mientras tenemos capacidad ociosa para producir biodiésel local”, aseguraron.
Destacaron que, actualmente, uno de cada cuatro litros de gasoil vendidos en el país proviene de importaciones o del biodiésel argentino, lo que demuestra la importancia estratégica de este biocombustible en la matriz energética nacional.
Durante la jornada, se evidenció la existencia de dos posturas encontradas dentro del sector: por un lado, las aceiteras integradas, que elaboran biodiésel con su propia materia prima, pidieron una desregulación completa del mercado, proponiendo que el corte obligatorio con gasoil se realice mediante licitaciones públicas que aseguren precios competitivos.
En contraposición, las pymes no integradas, que deben comprar aceite de soja a precios internacionales, exigen una ley que les garantice una porción fija del mercado, asegurando la supervivencia de empresas que hoy están al borde del colapso. Para estas firmas, el precio que fija la Secretaría de Energía no cubre los costos reales de producción.
Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), su presidente Marcelo Kusziniers propuso elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15%, como sucede actualmente en Brasil. "La integración de la vaca viva no es incompatible con Vaca Muerta", remarcó, en alusión a la coexistencia entre el desarrollo de biocombustibles y el petróleo.
En la misma línea, Víctor Castro, de Carbio, alertó sobre el sinsentido de seguir importando gasoil mientras las plantas de biodiésel nacionales permanecen inactivas. “Importar gasoil es importar mano de obra extranjera”, afirmó.
El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, señaló que mientras Brasil y Estados Unidos han desarrollado poderosas industrias de biocombustibles, la Argentina está "empantanada en una discusión anacrónica entre la industria petrolera y la aceitera".
Pidió eliminar la prohibición de vender biodiésel en el mercado interno para aquellas empresas exportadoras, ya que considera que esto frena el crecimiento del sector. Además, resaltó la necesidad de prepararse para atender la futura demanda de biocombustibles sostenibles para aviación (SAF) y transporte marítimo, una oportunidad global en la que la Argentina podría destacarse si se generan las condiciones adecuadas.
Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores, aportó un dato alarmante: la Argentina, siendo el principal exportador de harina de soja, mantiene estancada su producción desde la campaña 2015/16, mientras que Brasil y EE.UU. han crecido de forma sostenida gracias a sus políticas de promoción de biocombustibles.
Advirtió que, sin una política clara, el país quedará rezagado frente a estas potencias agrícolas e industriales, perdiendo mercados y competitividad.
Actualmente, el Congreso cuenta con cuatro proyectos de ley presentados por los senadores Sergio Leavy, Beatriz Ávila y Alejandro Vigo, además de una propuesta impulsada en Diputados por las provincias que integran la denominada “Liga Bioenergética”.
El presidente de la comisión, el senador Marcelo Lewandowski, escuchó los planteos y aseguró que es fundamental encontrar consensos para impulsar una normativa que contemple la diversidad del sector.
“Estamos convencidos de que este es el momento para dar el debate y aprobar una nueva ley”, concluyó Idígoras.
