Por Agroempresario.com
La extensión de la Zona Franca en Misiones marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre el Gobierno nacional y la administración provincial del Frente Renovador. A través de la resolución 1449/25, el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la expansión de este régimen fiscal especial a las ciudades de Posadas y Bernardo de Irigoyen, sumándolas a Puerto Iguazú, donde ya funcionaba.
La decisión responde a un reclamo histórico del Gobierno misionero, liderado por Hugo Passalacqua y respaldado por el conductor político del Frente Renovador, Carlos Rovira. Si bien se trata de un avance, la medida no colma las expectativas de la provincia, que buscaba que la Zona Franca se extendiera a todo su territorio.
Una decisión política con trasfondo económico
La firma de la resolución por parte de Caputo se concretó tras la recepción de dos cartas enviadas por Passalacqua, la primera en septiembre de 2024 y la segunda fechada el 14 de agosto de este año. Entre ambas gestiones, hubo múltiples contactos y negociaciones que reflejan un reacomodamiento de fuerzas entre la Casa Rosada y la provincia.
La decisión de avanzar con la extensión no es técnica, sino estratégica y política. En Misiones, los costos logísticos y de insumos son notoriamente más altos que en provincias vecinas, agravados por la ausencia de gas natural y la competencia desleal que representa el comercio fronterizo con Paraguay y Brasil, donde existen regímenes más beneficiosos.
¿Una verdadera Zona Franca o más duty free?
La resolución 1449/25 amplía formalmente la Zona Franca a Posadas y Bernardo de Irigoyen, pero el anexo reglamentario establece que la extensión se concretará en “recintos localizados y deslindados en la zona de frontera”, lo que genera incertidumbre. El temor de empresarios y comerciantes misioneros es que esta ampliación sea solo una extensión del free shop existente en Puerto Iguazú, actualmente en manos de un concesionario de Buenos Aires que opera locales similares en otras zonas del país.
Esto implicaría que los beneficios de la Zona Franca solo alcancen al turismo, con restricciones para los residentes locales, lo que limita el verdadero impacto económico en la región. Según el Código Aduanero (Art. 590), una Zona Franca es un ámbito donde la mercadería no está sujeta a tributos ni controles habituales de Aduana, salvo tasas de servicios.
Rovira, la gobernabilidad y los gestos cruzados
Detrás de este avance parcial también hay una reconfiguración política. Tras una virtual ruptura entre la provincia y la administración de Javier Milei, comenzaron a darse algunos acercamientos puntuales. Por ejemplo, el Frente Renovador no acompañó el tratamiento sobre tablas del proyecto que limitaba los DNU presidenciales, aunque sí votó en contra del oficialismo en otras iniciativas.
Además, la llegada de un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) por 4 mil millones de pesos a Posadas, justo antes de una votación clave en Diputados, fue vista como un gesto de la Nación hacia la provincia. La frase de Rovira, “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”, resume con claridad esta lógica de negociación pragmática.
Un paso, pero no la meta
El objetivo del Gobierno provincial sigue siendo una Zona Franca integral para toda la provincia, algo que aún está lejos de concretarse. Sin embargo, esta expansión es un primer paso en la dirección correcta. El desafío será evitar que la medida quede circunscripta al turismo y genere un impacto económico real en el comercio local, el empleo y la inversión.
En un contexto económico crítico y de creciente tensión política, esta decisión abre un canal de diálogo institucional, aunque con resultados todavía parciales. El tiempo dirá si este gesto es el inicio de una relación más fluida entre la Nación y Misiones o solo un capítulo más en la historia de desencuentros.
