Por Agroempresario.com
El debate sobre la Ley de Suelos en la provincia de Buenos Aires genera fuerte resistencia entre los actores del sector agropecuario y del mercado inmobiliario rural. El anteproyecto, impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense (Ciafba), propone un marco normativo para el “cuidado integral del suelo y del agua de uso agropecuario o forestal”. Sin embargo, para las entidades del campo, la iniciativa implicaría un avance del Estado sobre la propiedad privada y las decisiones productivas.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) fue una de las últimas organizaciones en pronunciarse. A través de un comunicado, pidió a los legisladores bonaerenses que desestimen el proyecto y convocó a todas las instituciones vinculadas al agro a unificar posiciones para evitar “situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento del país”.
Según la CAIR, la propuesta “subestima a las fuerzas del campo y de los productores” y contradice el espíritu de seguridad jurídica que el sector necesita. “El crecimiento de la República Argentina solo será posible con las fuerzas individuales de los trabajadores que apuestan a la producción basados en el conocimiento, la creatividad y la inversión permanente. Solo se necesitan reglas claras y previsibles”, advirtió la entidad.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue una de las primeras en cuestionar el anteproyecto, al que calificó de intervencionista y burocrático. Para la entidad, el texto presentado en el Senado bonaerense “avanza sobre la propiedad privada de los productores, imponiendo controles, sanciones y estructuras que nada aportan al cuidado real del recurso”.
Entre los diez puntos críticos que CARBAP enumeró se destacan la obligatoriedad de aplicar prácticas definidas por el Estado, la posibilidad de que se establezcan criterios oficiales para determinar qué suelos son “aptos” —dejando improductivas amplias superficies—, y la obligación de elaborar planes de uso y manejo cada cuatro años, firmados por profesionales matriculados. Además, advirtió sobre la creación de fondos específicos, sanciones más severas y una expansión de la burocracia estatal.
Mientras tanto, el Senado de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el centro del debate. Legisladores, entidades y profesionales agrónomos intercambian posturas sobre un proyecto que divide aguas entre quienes reclaman una regulación ambiental más estricta y quienes defienden la libertad productiva.
Para los productores, la prioridad debe ser el equilibrio entre sustentabilidad y productividad, con políticas que promuevan buenas prácticas agrícolas sin poner en riesgo la competitividad ni los derechos de propiedad. La discusión recién comienza, pero ya anticipa un intenso proceso legislativo en la provincia más productiva del país.
