En septiembre, la industria porcina de Argentina atravesó una etapa compleja, marcada por un aumento significativo en las importaciones de carne de cerdo. Con un total de 4.600 toneladas y un valor cercano a los 125 millones de dólares, la competencia externa ha puesto en alerta a los productores locales, que advierten sobre las consecuencias de este fenómeno.
Según la Federación Porcina Argentina (FPA), el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, destacándose la bondiola como el corte más afectado. Esta situación ha tenido un impacto directo en los precios y la rentabilidad de toda la cadena productiva, especialmente para despostadores y distribuidores que, además de enfrentar la competencia de productos más baratos, deben lidiar con un producto congelado y con agua añadida, lo que afecta la percepción del consumidor.
Otro aspecto que agrava esta situación es el uso de ractopamina, un promotor de crecimiento prohibido en más de 160 países, incluida Argentina. Este aditivo, que mejora la productividad de los cerdos en un 6%, es legal en Brasil, lo que genera una competencia desleal frente a los productores argentinos que siguen un modelo natural y sostenible. La FPA ha señalado que, mientras los productores nacionales deben cumplir con estrictas normativas sanitarias, los importadores de carne de cerdo de Brasil pueden ofrecer precios más bajos gracias a esta ventaja competitiva.
Pese a la coyuntura adversa, el sector porcino argentino tiene un plan estratégico a largo plazo. El Plan Estratégico Porcino (PEP), que prevé una inversión superior a los 1.600 millones de dólares hasta 2032, tiene como objetivo duplicar la producción y generar más empleo, a la vez que contribuye al crecimiento económico del país. Actualmente, la cadena porcina mueve más de 4.000 millones de dólares al año y emplea a unas 72.000 personas en toda la cadena productiva.
En cuanto al consumo, Argentina mantiene un crecimiento sostenido, con un incremento del 8,5% en los primeros ocho meses del año, alcanzando las 573.000 toneladas de carne porcina. Este crecimiento ha consolidado al cerdo como la tercera fuente de proteína animal más consumida en el país.
Sin embargo, desde la FPA también advierten sobre los obstáculos estructurales que limitan el desarrollo del sector. En primer lugar, critican el actual régimen de IVA, que funciona como un “impuesto a la inversión”. Los productores enfrentan una alícuota del 10,5% en la venta, mientras que deben adquirir insumos y bienes de capital con una alícuota del 21%. Este desajuste genera sobrecostos cercanos al 19%, lo que desincentiva la inversión en el sector.
Además, la falta de líneas de financiamiento adecuadas es otro desafío clave. Los plazos y tasas ofrecidos por las entidades financieras no se ajustan a las necesidades del ciclo biológico de la actividad porcina, lo que limita el acceso al crédito y retrasa el desarrollo de proyectos productivos.
Para la FPA, uno de los principales reclamos es que el Estado deje de ser un obstáculo para el crecimiento de la industria y se convierta en un aliado para mejorar la competitividad del sector. "No queremos beneficios especiales, solo reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones", expresó Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina.
Finalmente, el sector también busca avanzar en la firma del protocolo sanitario con China, lo que permitiría exportar subproductos como patitas y cabezas a mercados más rentables. Esta medida ayudaría a generar más divisas y mejorar la integración de la media res, optimizando la rentabilidad de la industria.