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El gobierno de Santa Fe dispuso suspender por un año la exportación de pescados de río provenientes de capturas silvestres en aguas del Paraná, con el objetivo de evitar la depredación del recurso ictícola y promover un uso sostenible del ecosistema. La medida, publicada por Bichos de Campo, se formalizó a través de la Resolución Conjunta N° 00000332, firmada el 31 de octubre de 2025 por los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y Desarrollo Productivo, y entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la provincia resolvió suspender por 365 días toda actividad de acopio con destino a exportación, tanto del pescado como de sus subproductos, “cualquiera sea la especie”, siempre que los ejemplares provengan del Paraná, sus afluentes o cursos de agua naturales bajo jurisdicción santafesina. Además, el Artículo 2° dispone la suspensión de las licencias de acopio categoría A, vinculadas directamente al comercio exterior.
La normativa aclara, sin embargo, que no afectará al mercado interno ni a las acopiadoras que puedan demostrar que el pescado proviene de acuicultura, es decir, de criaderos. De esta manera, la provincia busca impulsar un cambio estructural en la actividad pesquera, priorizando los sistemas de producción controlada sobre la pesca extractiva.
La resolución es el resultado de un proceso judicial y político iniciado hace varios años. El diputado provincial Palo Oliver, uno de los impulsores de la medida, celebró la decisión del Ejecutivo y la calificó como “trascendental”.
“En el año 2020 iniciamos una acción colectiva tendiente a la protección del recurso ictícola”, recordó Oliver en declaraciones a RTS Santa Fe, citadas por Bichos de Campo. Esa acción derivó en una sentencia judicial en 2023, ratificada en 2024, que obligó al Estado santafesino a formular un plan integral de protección del recurso pesquero.
El legislador sostuvo que el escenario actual evidencia una crisis ambiental sin precedentes: “Hace siete años que en nuestros ríos no existe el ciclo de reproducción habitual, producto de la bajante, del calentamiento de las aguas y del cambio climático”.
Oliver advirtió que la medida apunta al modelo de explotación pesquera vigente en la provincia. “Estamos convencidos de que tenemos un modelo extractivista que va a agotar el recurso en cualquier momento”, afirmó. En esa línea, cuestionó el papel de los frigoríficos exportadores: “Son muy pocos, pagan miserias a los trabajadores artesanales, están fuera de convenio, absolutamente precarizados. Sin embargo, hacen una diferencia económica muy grande”, denunció.
El diputado consideró que esta suspensión debe ser el punto de partida de un cambio de paradigma. “Debe ser el inicio del abandono de una producción extractiva que beneficia a unos pocos y priva a toda la comunidad de los recursos naturales”, expresó.
Además, remarcó que el camino a seguir debe ser la exportación de pescado de criadero, como ocurre en países que ya desarrollaron sistemas de acuicultura avanzados. “Esta medida va a ayudar a que se rediscuta a nivel nacional la posibilidad de prohibir la exportación de fauna ictícola autóctona”, señaló.
Uno de los desafíos que plantea la decisión es la coordinación con otras provincias ribereñas. Oliver reconoció que existe el riesgo de que los frigoríficos santafesinos intenten comprar pescado en otras jurisdicciones donde no rige la veda. Por ello, la resolución provincial incluye un llamado a “coordinar con las demás provincias para que adopten medidas similares”.
En cuanto al impacto económico, el legislador recordó que la Ley de Pesca de Santa Fe prevé la entrega de subsidios para asistir a los pescadores artesanales durante períodos de restricción. “Ojalá que esto sirva para empezar a cuidar el recurso de otra manera y, sobre todo, para que los trabajadores del río trabajen en otras condiciones”, concluyó.
De acuerdo con el análisis de Bichos de Campo, la suspensión de exportaciones marca un precedente inédito en la política pesquera argentina, ya que Santa Fe es una de las principales provincias exportadoras de pescado de río, especialmente de sábalo, surubí y boga. En los últimos años, la bajante prolongada del Paraná y la falta de control sobre la extracción generaron fuertes críticas de ambientalistas y comunidades ribereñas, que advertían sobre el agotamiento del recurso natural.
Con esta medida, el gobierno provincial busca restablecer el equilibrio ecológico y garantizar la sostenibilidad de la actividad. Al mismo tiempo, se abre el debate sobre la necesidad de armonizar políticas ambientales entre las provincias del litoral, para evitar la relocalización del esfuerzo pesquero y la continuidad de prácticas extractivas en otras zonas del Paraná.
La resolución se presenta así como un punto de inflexión en la gestión de los recursos naturales del país, al priorizar la conservación del ecosistema sobre los intereses económicos de corto plazo.
