La presión fiscal sobre el agro bajó a mínimos desde 2023 tras la reducción de retenciones, pero sigue en niveles críticos

La presión impositiva sobre la actividad agrícola registró en diciembre de 2025 su nivel más bajo desde el inicio del actual ciclo político, impulsada por la reducción de los derechos de exportación aplicada en dos tramos durante el año. Sin embargo, el alivio resulta limitado: más de la mitad de la renta generada por una hectárea agrícola sigue destinada al pago de impuestos, lo que mantiene al sector en una situación de fuerte asfixia fiscal. Así lo reflejó el último Índice FADA, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, un indicador de referencia para medir la carga tributaria sobre el agro. La información fue difundida por Bichos de Campo.

De acuerdo con el informe, el Índice FADA se ubicó en 56,3% en diciembre, lo que implica que de cada 100 pesos de renta agrícola generada —ingresos menos costos— 56,3 pesos se destinan al pago de impuestos. Se trata del registro más bajo desde diciembre de 2023, cuando el indicador se encontraba en 59%, al inicio del gobierno de Javier Milei. La mejora está directamente vinculada con la baja permanente de las retenciones, aunque desde el sector advierten que el nivel de presión sigue siendo excesivo.

El Índice FADA mide el impacto de todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre una hectárea agrícola en la zona núcleo, lo que permite evaluar la carga fiscal efectiva sobre la renta del productor. Desde la fundación destacan que se trata de una serie estadística consolidada, con continuidad trimestral desde 2007, lo que permite comparar tendencias a lo largo del tiempo.

Pese a la mejora registrada en el último trimestre, el panorama sigue siendo complejo. Del total de la renta generada por una hectárea agrícola, además de los 56,3 pesos que se destinan a impuestos, otros 27,9 pesos se utilizan para pagar el alquiler de la tierra, un costo que afecta a cerca del 70% de los productores. De ese modo, solo 15,8 pesos quedan finalmente en manos del productor, que es quien asume la inversión y el riesgo productivo.

Desde FADA remarcan que este dato resume la situación estructural del agro argentino: aun con una baja de impuestos, el margen que queda para quien produce continúa siendo muy reducido. En ese contexto, la reducción de retenciones aparece como una condición necesaria, pero claramente insuficiente para modificar de manera sustancial la ecuación económica del sector.

La caída del índice en diciembre se explica por la combinación de dos factores. Por un lado, la reducción permanente de los derechos de exportación, que se aplicó en dos etapas: una baja más significativa en agosto, del orden del 20% en las alícuotas, y un nuevo recorte de 1 a 2 puntos porcentuales en diciembre. Por otro lado, una mejora en los precios internacionales de la soja y el maíz, que elevó el valor bruto de la producción y, en consecuencia, la renta agrícola.

Según detalló el informe, en comparación con la medición de septiembre de 2025, cuando el Índice FADA había alcanzado el 60,9%, el indicador cayó más de cuatro puntos porcentuales. “Esta caída se explica principalmente por la reducción permanente de las retenciones y la mejora en los precios de la soja y el maíz”, señaló la fundación. A su vez, la menor carga por derechos de exportación redujo el peso efectivo de los impuestos sobre el productor.

Las nuevas alícuotas vigentes desde diciembre establecieron retenciones del 24% para la soja (antes 26%), 8,5% para el maíz (antes 9,5%), 7,5% para el trigo (antes 9,5%) y 4,5% para el girasol (antes 5,5%). Estos cambios comenzaron a reflejarse de manera directa en el cálculo del índice y explican buena parte de la mejora observada en el último trimestre del año.

El informe también repasa la evolución del Índice FADA a lo largo del actual gobierno, mostrando un comportamiento muy sensible a los cambios de precios, costos e impuestos. En diciembre de 2023, el indicador se ubicaba en 59%. Un año después, en diciembre de 2024, había escalado hasta 64,3%, como consecuencia de la caída de precios internacionales sin una reducción equivalente de las retenciones. Durante 2025, el índice mostró fuertes oscilaciones: 58% en marzo, 63,4% en junio, 60,9% en septiembre y finalmente 56,3% en diciembre.

Más allá del nivel total de presión fiscal, FADA pone el foco en la composición de los impuestos que paga una hectárea agrícola. Del total, el 56,5% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, principalmente las retenciones, es decir, recursos que no regresan a las provincias. Otro 37,1% son impuestos nacionales coparticipables, mientras que apenas 5,7% corresponde a tributos provinciales y 0,7% a impuestos municipales.

Desde la fundación destacaron que la participación de los impuestos no coparticipables es actualmente una de las más bajas desde que se mide el índice, precisamente como resultado de la reducción efectiva de las retenciones. Aun así, remarcaron que el peso de los tributos nacionales sigue siendo dominante y limita el impacto de cualquier mejora parcial.

El informe también muestra diferencias significativas entre provincias, explicadas por variaciones en rindes, estructura de costos y cargas impositivas locales. Mientras el Índice FADA nacional se ubicó en 56,3%, Córdoba registró un 54,3%, Buenos Aires 54,5%, Santa Fe 53,5%, La Pampa 53,6%, San Luis 51,4% y Entre Ríos 60,3%, esta última como la provincia con mayor presión fiscal relativa.

“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, explicó Antonella Semadeni, economista de FADA. Según la especialista, factores como los costos logísticos, la productividad y los tributos locales inciden de manera decisiva en la rentabilidad final del productor.

Desde el sector agropecuario valoran la señal que implica la baja de retenciones, pero advierten que el nivel de presión fiscal sigue siendo incompatible con un esquema de crecimiento sostenido. La persistencia de una carga impositiva superior al 50% de la renta limita la capacidad de inversión, dificulta la incorporación de tecnología y reduce la competitividad frente a otros países productores.

En ese sentido, los economistas de FADA insisten en que la reducción de derechos de exportación debería formar parte de una estrategia integral, que incluya estabilidad macroeconómica, reglas de juego previsibles y una revisión más profunda del sistema tributario. Sin esos cambios estructurales, sostienen, cualquier mejora coyuntural corre el riesgo de diluirse frente a la volatilidad de los precios internacionales y el aumento de los costos internos.

El último dato del Índice FADA confirma, así, una doble lectura. Por un lado, muestra que la baja de retenciones tiene impacto real sobre la presión fiscal y mejora la ecuación económica del agro. Por otro, deja en evidencia que, aun en su nivel más bajo desde 2023, la carga impositiva sobre la actividad agrícola sigue siendo extremadamente elevada, al punto de absorber la mayor parte de la renta generada.

Para los productores, el desafío sigue siendo el mismo: sostener la producción en un contexto de alta presión fiscal, costos crecientes y márgenes ajustados. Para el Gobierno, el dato plantea un dilema político y económico: cómo avanzar en una reducción más profunda de impuestos sin resignar recursos fiscales, y al mismo tiempo generar condiciones que permitan al agro desplegar plenamente su potencial productivo y exportador.