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El Presidente Donald Trump advirtió este jueves que, en caso de que la Corte Suprema falle en contra de la legalidad de su política arancelaria, su administración tiene previsto activar un “Plan B” para mantener la presión comercial. La advertencia se produjo en una conferencia de prensa celebrada en la residencia oficial de la Casa Blanca, donde Trump dijo que un fallo adverso “sería devastador para nuestro país”.
Según el mandatario, dicha política no responde únicamente a fines económicos, sino que también está ligada a la seguridad nacional. “Esto es realmente un asunto de seguridad nacional para nuestro país”, sostuvo.
La advertencia se produce a un día de que los magistrados del máximo tribunal mostraron serias dudas respecto de la constitucionalidad del uso de la IEEPA como base para imponer los aranceles que caracterizan su política comercial. Los jueces han cuestionado si la norma otorga al Ejecutivo la facultad de fijar aranceles de forma ilimitada, sin intervención del Congreso.
La Corte Suprema está analizando si el presidente actuó dentro del marco legal al recurrir a la IEEPA —una ley de 1977 que faculta al mandatario en situaciones de emergencia nacional para regular transacciones económicas internacionales— para imponer tarifas a un amplio espectro de importaciones.
Durante la audiencia, varios magistrados expresaron escepticismo respecto de que dicha norma otorgue al Ejecutivo la facultad de imponer aranceles sin límites. En ese sentido, el principio de “major questions doctrine” (que exige una delegación clara del Congreso cuando están en juego asuntos de gran impacto) fue invocado por algunos miembros del tribunal.
Por su parte, el secretario del Tesoro defendió la estrategia arancelaria y afirmó que, más allá de la recaudación, el objetivo es “recuperar la industria manufacturera” y corregir desbalances con socios comerciales. En sus declaraciones, adelantó que la administración ya contempla rutas alternativas: “Hay muchas otras autoridades que podemos operar bajo ellas”, reconoció.
De acuerdo con analistas, el “Plan B” consiste en que el Gobierno utilice otras leyes comerciales, como la Trade Act of 1974 (por ejemplo, secciones 301 o 122) o la Tariff Act of 1930 (por ejemplo la sección 338), para imponer nuevas tarifas o medidas compensatorias. Estas vías son consideradas menos ágiles o universales que la IEEPA, pero podrían permitir prolongar la presión comercial incluso si esa norma de emergencia es invalidada.
Específicamente, se señala que la sección 338 de la Tariff Act de 1930 permite imponer aranceles de hasta 50 % por cinco meses contra importaciones de países que discriminan contra el comercio estadounidense.
Los analistas advierten que ese tipo de alternativas podrían reducir el alcance o la duración de las tarifas respecto al esquema original basado en la IEEPA.
El entramado arancelario impuesto por la administración Trump ha generado inquietud en sectores empresariales y entre analistas del comercio exterior. Según algunas reconstrucciones periodísticas, el uso de la IEEPA fue justificado por el Gobierno con argumentos de emergencia económica, ya sea por déficits comerciales persistentes o por el tráfico de fentanilo, pero los tribunales han cuestionado si tales razones encajan en la definición legal de “emergencia nacional”.
Ya en mayo de 2025, una corte federal había dictado que ciertos aranceles —los denominados “Liberation Day tariffs”— excedían la autoridad presidencial que la IEEPA otorga.
La decisión del tribunal de apelaciones que invalidó gran parte de esas tarifas abrió paso a que el caso llegara al máximo tribunal.
La posibilidad de que la Corte Suprema anule la política arancelaria plantea un escenario de elevada incertidumbre para empresas, inversores y socios comerciales globales. Según estimaciones recientes, si los importadores han pagado aranceles bajo la normativa en disputa, la anulación podría implicar reembolsos complejos y litigios prolongados.
Además, estudios económicos advierten que los aranceles aplicados bajo la IEEPA podrían tener efectos negativos sobre el crecimiento económico, incrementar el desempleo y alterar cadenas globales de suministro.
En ese contexto, la advertencia sobre un “Plan B” refleja la intención de mantener el rumbo de la agenda arancelaria a pesar del riesgo de revés judicial.
El desenlace del fallo de la Corte Suprema se perfila como un momento clave para definir los límites del poder presidencial en materia comercial y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en la autorización de políticas arancelarias. La eventual activación del “Plan B” marcará también una prueba de cuán resistente puede ser la estrategia comercial en un entorno legal complejo, según advierte Infobae.
