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El Gobierno nacional anunció una reforma estructural en la regulación vitivinícola mediante la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según publicó Agrofy News, la medida deroga 973 normas de un total de 1.207 vigentes, en el marco de la creación de un nuevo Digesto Normativo destinado a simplificar los procedimientos y reducir la carga administrativa sobre el sector.
El cambio más significativo radica en que el INV ya no intervendrá en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo, como la cosecha, la elaboración o el transporte. En adelante, el organismo concentrará sus controles en el producto final embotellado, con el fin de garantizar que el vino sea apto para el consumo y no esté adulterado.
El INV mantendrá las certificaciones de exportación relacionadas con la inocuidad y los requisitos exigidos por los mercados internacionales, pero dejará de realizar unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año. También se eliminan trámites como la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas por presentaciones tardías y los permisos de tránsito, que hasta ahora debían tramitar las bodegas para el movimiento de sus productos.
El ministro Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores del proceso de desregulación, explicó que la medida apunta a eliminar la intervención estatal innecesaria y favorecer un entorno más competitivo.
“A partir de esta resolución, el INV dejará de intervenir en cada etapa de la producción para enfocarse solo en el control del producto final. Esto reduce oportunidades para la discrecionalidad y la corrupción”, afirmó el funcionario, según consignó Agrofy News.
Sturzenegger destacó además que los controles de trazabilidad —como la certificación de origen, añada y varietal— pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que deseen mantenerlos según sus necesidades comerciales.
“En 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones. Había empresas que recibían una inspección cada dos días. Eso era un exceso que solo generaba burocracia”, agregó.
Según el ministro, esta desregulación responde al mandato del presidente Javier Milei, quien habría pedido avanzar hasta “ser el país más libre del mundo”.
Desde el Gobierno sostienen que la medida reducirá costos operativos y tiempos administrativos para las bodegas, mejorando la competitividad y agilidad del sector. Sin embargo, distintos referentes de la industria mantienen una postura cautelosa frente al alcance de los cambios.
Algunos productores valoran la simplificación, aunque alertan sobre los posibles riesgos reputacionales que podría generar una menor fiscalización en los estándares de calidad y trazabilidad, pilares esenciales del prestigio que el vino argentino ha construido en los mercados internacionales.
“Los controles de origen y varietal no solo aportan transparencia, también garantizan confianza al consumidor global. Será clave que la industria sostenga esos estándares, aun cuando no sean obligatorios”, señaló un empresario vitivinícola mendocino.
El INV conservará su función de control de calidad e inocuidad, asegurando que los productos que lleguen al mercado sean seguros y cumplan las normas internacionales. La reforma se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para revisar y simplificar regulaciones en diferentes cadenas agroindustriales, con el objetivo de favorecer la inversión y la innovación.
De esta forma, la vitivinicultura argentina inicia una nueva etapa: menos fiscalización directa, más autogestión y responsabilidad empresarial, en línea con el paradigma de desregulación económica que impulsa la actual administración.
Aunque la medida promete aliviar la carga burocrática sobre las bodegas, el tiempo dirá si el nuevo equilibrio entre libertad y control logra sostener la calidad y reputación del vino argentino, uno de los productos insignia del país en el mundo, afirmó Agrofy News.
