El Gobierno estudia solo ajustes tributarios graduales ante la falta de recursos, advierte una especialista

El Gobierno nacional atraviesa un escenario de restricciones fiscales severas que limita cualquier posibilidad de encarar una reforma tributaria profunda y reduce el margen a modificaciones graduales. Así lo explicó la tributarista Fernanda Laiún, quien señaló a Infobae que la combinación de alta presión impositiva, falta de recursos y un sistema fiscal saturado impide avanzar con transformaciones estructurales, aun cuando el Ejecutivo mantiene entre sus objetivos la simplificación y el alivio de cargas para el sector formal.

Laiún describió un escenario donde la urgencia recaudatoria condiciona cualquier rediseño ambicioso. Según expuso, la estructura tributaria vigente está montada sobre un nivel de presión que ya no admite reducciones amplias sin respaldo financiero externo. “No tenemos con qué encarar un cambio profundo, el margen es muy poco”, afirmó, al considerar que el país carece de los instrumentos y del financiamiento necesario para un replanteo integral del sistema. A su criterio, una baja generalizada de impuestos aparece fuera de discusión, incluso cuando el Gobierno sostiene el objetivo de aliviar la carga sobre contribuyentes formales.

La especialista estimó que el margen fiscal para eventuales reducciones se limita a uno o dos puntos, lo que obliga a definir con precisión cuál sería el sector beneficiado por ese alivio. Explicó que, en lugar de transformaciones amplias, lo que se discute hoy son ajustes puntuales que permitan ordenar distorsiones y ganar algo de eficiencia sin comprometer la recaudación. Entre esos posibles cambios mencionó el impuesto al crédito y débito bancario, cuya recaudación es sencilla y presenta niveles mínimos de evasión por estar en manos del sistema financiero.

Si bien reconoció que este tributo grava de manera significativa a la actividad formal, destacó que su administración es eficiente. Como alternativa, propuso habilitar su cómputo contra el IVA o las cargas sociales hasta fines de 2025, lo que aliviaría costos para empresas sin desfinanciar al Estado de forma inmediata. De todos modos, advirtió que incluso este tipo de medidas moderadas depende de una ingeniería fiscal muy ajustada.

Laiún insistió en que la reforma que Argentina necesita —una que ayude a expandir la base tributaria, dé previsibilidad y reduzca la carga sobre quienes cumplen— requeriría apoyo financiero extraordinario, un recurso hoy fuera del alcance del país. Señaló que los Estados que emprenden reformas profundas suelen respaldarse en créditos internacionales para sostener la transición. “No tenemos más espacio para un préstamo”, dijo, al descartar que exista margen político o financiero para ese camino.

Frente a esta limitación, consideró que la única alternativa realista es avanzar con modificaciones graduales orientadas al sentido común, centradas en simplificar trámites, transparentar costos y reducir distorsiones que perjudican al sector formal. “Es una especie de ‘vamos viendo’”, resumió, al describir la dinámica actual de la política fiscal.

Respecto de los aportes patronales y personales, negó que sus niveles sean particularmente altos en comparación internacional y recordó que los programas de promoción basados en descuentos no lograron mejorar el empleo formal en el pasado. A su juicio, los avances registrados fueron “casi orgánicos”, lo que demuestra que estas herramientas deben ser revisadas con cautela y siempre bajo el interrogante de “a cambio de qué”.

Otro de los puntos en los que observó urgencia es la actualización de la escala del impuesto a las ganancias. Según explicó, la progresividad del tributo se volvió casi simbólica, ya que una porción creciente de trabajadores y profesionales termina alcanzando rápidamente la alícuota máxima del 35%. Para recuperar equidad, consideró indispensable reconstruir escalas reales que permitan que quienes más ganan aporten proporcionalmente más.

Laiún también se detuvo en la opacidad del sistema salarial, un aspecto que, en su opinión, distorsiona el entendimiento del costo laboral y dificulta la relación entre empleadores y empleados. Indicó que la distancia entre lo que paga una empresa y lo que recibe el trabajador es tan grande que pocos comprenden realmente la estructura de cargas. “Un empleador puede poner cien pesos y al empleado le llegan cuarenta y cinco o cincuenta”, ejemplificó. Planteó como alternativa un esquema similar al que aplican países europeos o Estados Unidos, donde se negocia el salario bruto y el trabajador conoce con claridad los descuentos. Mencionó el caso de Dinamarca como referencia en términos de transparencia.

La especialista criticó además el paternalismo del sistema argentino, que según señaló provee distintos beneficios durante la vida laboral pero deja desprotegidos a los jubilados. Aseguró que la inflación y los mecanismos de actualización hacen que, en la práctica, incluso quienes tuvieron salarios altos terminen recibiendo haberes insuficientes para vivir con tranquilidad, a excepción de ciertos regímenes especiales.

En su diagnóstico, la falta de sostenibilidad previsional se suma a otros problemas estructurales, como la base tributaria reducida y el crecimiento de la informalidad. Explicó que cuando los contribuyentes fuera del sistema aumentan, el Estado responde creando nuevos impuestos para compensar la pérdida de recaudación, pero esos tributos recaen siempre sobre los mismos sectores formales. Esto alimenta la saturación, la morosidad y la percepción de injusticia.

Al referirse a declaraciones recientes del Presidente sobre quienes buscan evitar impuestos, Laiún consideró que, si bien no los definiría como “héroes”, entiende que la presión tributaria vigente empuja a muchos a buscar alternativas. Señaló que los empleados en relación de dependencia son quienes enfrentan las mayores limitaciones, ya que el impuesto se descuenta sobre el 100% de sus ingresos sin posibilidad de planificación fiscal, a diferencia de monotributistas, autónomos o grandes empresas, que disponen de márgenes y herramientas para organizar su carga.

Con este panorama, concluyó que en el corto plazo solo pueden esperarse cambios puntuales, centrados en simplificar normas, mejorar procesos y aliviar —en la medida de lo posible— la carga sobre los contribuyentes formales. Las transformaciones de fondo, afirmó, quedarán para un escenario económico que hoy todavía luce lejano.