Soja: ROSARIO
$0 0%
Maíz: ROSARIO
$0 0%
Trigo: ROSARIO
$0 0%
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) firmaron en Washington D. C. un nuevo acuerdo de cooperación que moderniza el intercambio de información entre ambos países, un paso relevante para el comercio exterior argentino y especialmente para el agro, que observa con atención cómo podría influir en futuras decisiones sobre retenciones. El convenio fue suscripto por el titular de ARCA, Juan Pazo, el director general de Aduanas, Andrés Veliz, y el subcomisionado ejecutivo adjunto de la CBP, Donald R. Stakes.
Según el organismo argentino, el entendimiento permitirá “profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros”, además de fortalecer la detección temprana de amenazas y la lucha contra delitos transnacionales. También se busca agilizar tiempos logísticos, mejorar la competitividad del sector privado y avanzar hacia una Aduana 100% digital, sin trámites presenciales ni papel.
Aunque el convenio se presenta como una actualización tecnológica y operativa, su alcance podría tener efectos indirectos sobre la política comercial argentina, especialmente en el mercado de granos. La cooperación con Estados Unidos incluye el intercambio de datos sensibles y, según fuentes privadas, el monitoreo del comportamiento del comercio internacional de soja, producto clave en la balanza comercial argentina.
El tema no pasa inadvertido para los exportadores. A fines de septiembre, el Gobierno anunció un esquema de retenciones cero para cultivos estratégicos con un cupo de USD 7.000 millones, que fue revertido en menos de tres días. La medida coincidió con negociaciones por un swap de USD 20.000 millones con Washington y generó incomodidad entre productores estadounidenses, que temen perder participación en el mercado chino ante una eventual mejora competitiva de la oferta argentina.
Ese antecedente dejó la sensación en el agro local de que Estados Unidos podría presionar para evitar que Argentina implemente políticas que desplacen a la soja norteamericana del mercado asiático. En este contexto, algunos actores del sector interpretan el acuerdo aduanero como un mecanismo que podría reforzar el seguimiento de cambios regulatorios vinculados a retenciones.
El canciller Pablo Quirno rechazó de manera pública cualquier condicionamiento por parte de Estados Unidos. Consultado en televisión sobre si Washington pidió al Gobierno argentino mantener las retenciones, afirmó que el país conserva su “soberanía impositiva” y que las decisiones tributarias serán definidas exclusivamente por la administración nacional.
En la Cancillería insisten en que el acuerdo aduanero es estrictamente técnico y que no supone compromisos que limiten la capacidad del Gobierno para fijar alícuotas de exportación. Sin embargo, especialistas en comercio exterior advierten que, a medida que crece la interconexión entre organismos de control, las decisiones tributarias pueden quedar bajo mayor escrutinio internacional.
La cooperación en materia aduanera entre Argentina y Estados Unidos tiene antecedentes desde los años 90. Washington opera una Unidad de Transparencia Comercial, dedicada a identificar tendencias globales, maniobras de subfacturación o sobrevaluación y operaciones vinculadas al blanqueo de capitales por vía comercial (TBML). Para ello, cruza información con organismos aduaneros de distintos países.
El nuevo acuerdo se inscribe en esa tradición, pero incorpora componentes de modernización tecnológica que permitirán un análisis más detallado y en tiempo real de los flujos de comercio. Fuentes con conocimiento del funcionamiento de ARCA señalan que esta mayor integración podría incluir en el futuro obligaciones de notificación anticipada ante cambios regulatorios que afecten el comercio bilateral, aunque no existe confirmación oficial al respecto.
La firma del convenio coincide con un proceso de inversión institucional destinado a renovar la infraestructura tecnológica de ARCA. A comienzos de año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por USD 1.200 millones, de los cuales USD 800 millones están orientados a respaldar reformas tributarias que buscan optimizar la eficiencia del sistema impositivo. Entre los objetivos figuran la simplificación de las declaraciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias personales.
Por su parte, el Banco Mundial (BM) aprobó un financiamiento de USD 300 millones para mejorar la transparencia, la automatización y la simplificación de los procesos administrativos en la administración tributaria. El plan incluye la actualización de sistemas, la digitalización de trámites y la provisión de información más clara para los contribuyentes.
El acuerdo aduanero con Estados Unidos llega en un momento de fuertes necesidades de divisas y de revisión de la política fiscal. El sector agroexportador insiste en la reducción de retenciones como herramienta para mejorar la competitividad, pero el Gobierno enfrenta restricciones financieras que complican esa decisión. A su vez, la Casa Blanca busca asegurar que los flujos comerciales globales de soja se mantengan estables, un objetivo que podría chocar con las expectativas del agro argentino.
En este escenario, la administración nacional deberá encontrar un punto de equilibrio entre aprovechar los beneficios del intercambio de información, mejorar los controles y preservar la autonomía regulatoria en un área tan sensible como el comercio de granos. Como informó Infobae, parte del sector interpreta que esta cooperación podría convertirse en un instrumento de presión indirecta sobre las decisiones futuras en materia de retenciones, un debate que seguirá abierto mientras el Gobierno evalúa su estrategia fiscal y comercial.
