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Bolivia inició negociaciones para obtener más de 9.000 millones de dólares en financiamiento multilateral destinado a proyectos públicos y privados, anunció el martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en la primera declaración política relevante desde la asunción del presidente Rodrigo Paz el pasado 8 de noviembre.
El paquete supera con creces la estimación inicial del Gobierno, que preveía entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, y tiene como objetivo estabilizar una economía golpeada por la alta inflación, el creciente déficit fiscal y la escasez de divisas. Según Espinoza, aproximadamente un tercio de los recursos se espera recibir en los próximos 60 a 90 días.
La noticia tuvo un efecto inmediato en los mercados: los bonos bolivianos denominados en dólares subieron hasta 0,92 centavos por dólar, alcanzando sus niveles más altos desde 2022, según datos de LSEG. Este año, los bonos del país han registrado un incremento cercano al 60%, posicionándose como los de mejor rendimiento dentro del índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan.
El financiamiento provendrá de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y la Corporación Financiera de América Latina (CAF), y se destinará principalmente a iniciativas de infraestructura, energías renovables e inclusión financiera en el sector privado. "No solamente es endeudamiento para el sector público. Lo que estamos haciendo como Gobierno es abrir una nueva fase de desarrollo en la que el sector privado va a tener un rol importantísimo", explicó Espinoza a Reuters.
Como parte de la estrategia para atraer inversión y fomentar la actividad económica, el Gobierno eliminó el impuesto sobre el patrimonio para personas con un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos (aproximadamente 4,3 millones de dólares) y los impuestos sobre las transacciones financieras, alegando que estas medidas incentivarán la inversión formal y reducirán la economía informal.
Para 2026, el Ejecutivo proyecta un presupuesto más austero, con una reducción del 30% en el gasto público, una decisión que Espinoza aseguró responde a criterios de soberanía económica y no a requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque Bolivia mantiene un canal abierto de diálogo con la entidad. "Si decide acercarse a nosotros, es bienvenido, pero mientras tanto nosotros avanzamos en el plan que tenemos", subrayó el ministro.
El Gobierno también analiza la posibilidad de implementar un tipo de cambio más flexible para fortalecer la competitividad de las exportaciones y pretende eliminar el subsidio al diésel, aunque sin un calendario definido. Estas decisiones forman parte de una política orientada al mercado, planteada por el presidente Paz, con el objetivo de atraer inversión extranjera sin comprometer la red de seguridad social.
Bolivia atraviesa una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, producto de años de políticas estatistas y nacionalizaciones que desalientan la inversión extranjera y tensionan las finanzas públicas. El país, importante productor de gas natural y cereales, enfrenta actualmente una elevada inflación y un déficit fiscal que ha limitado la disponibilidad de divisas en el mercado interno.
En línea con un plan de modernización financiera, el Gobierno permitirá que las criptomonedas, especialmente las monedas estables, sean integradas en el sistema bancario formal. Según Espinoza, los bancos podrán ofrecer cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos relacionados con criptomonedas, con el objetivo de que estos activos comiencen a ser instrumentos de pago legales.
El uso de criptomonedas en Bolivia se incrementó tras la eliminación de la prohibición el año pasado, y según analistas, su adopción ha crecido como mecanismo de cobertura frente a la depreciación del boliviano. "El uso de criptomonedas no es algo que puedas controlar o normar, va más allá de la capacidad de cualquier gobierno, por lo tanto, tiene que reconocerlo y utilizarlo a tu favor", afirmó Espinoza.
El paquete financiero y las medidas fiscales buscan impulsar la inversión privada, estabilizar la economía y generar condiciones para un crecimiento sostenido. No obstante, los desafíos son significativos: la elevada inflación, el déficit fiscal y la escasez de divisas continúan siendo factores que podrían limitar la efectividad de las políticas implementadas.
La administración de Paz se enfrenta a la tarea de equilibrar un enfoque orientado al mercado con la necesidad de mantener los programas de protección social, mientras consolida la confianza de inversionistas internacionales y locales. La integración de las criptomonedas y la apertura del sector privado a la inversión extranjera forman parte de un enfoque estratégico para modernizar la economía sin recurrir a cambios abruptos que podrían generar tensiones sociales.
Con estas medidas, Bolivia inicia un período de ajuste económico y transformación financiera que podría marcar un punto de inflexión en su historia reciente, con el objetivo de recuperar la estabilidad y fomentar un crecimiento inclusivo en los próximos años, según informó Infobae.
