San Luis pone en marcha tres Comisiones Médicas y busca ganar competitividad para atraer inversiones

La provincia de San Luis habilitó este miércoles las primeras tres Comisiones Médicas que operarán en su territorio, un paso que el gobernador Claudio Poggi calificó como “clave” para mejorar la competitividad local, reducir los costos empresariales y acelerar la resolución de casos vinculados a accidentes y enfermedades laborales. La medida, que se concreta tras la adhesión provincial a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, busca equiparar a San Luis con las provincias vecinas y eliminar una desventaja que —según el gobierno— desalentaba inversiones y encarecía la actividad productiva.

El acto de inauguración se realizó en la nueva sede ubicada en la EDIRO, en la capital provincial, y marcó el inicio del funcionamiento simultáneo de las comisiones en Villa Mercedes y Concarán, en las tres circunscripciones judiciales. “Dimos un paso muy importante para la generación de trabajo en San Luis y para la disminución del costo”, afirmó Poggi durante un diálogo con la prensa local, en declaraciones oficiales.

La puesta en marcha del sistema se da luego de que la provincia concretara en 2024 la adhesión a la normativa nacional, un cambio que el Ejecutivo provincial venía reclamando como indispensable para igualar condiciones frente a Mendoza, San Juan y Córdoba. Según Poggi, la falta de adhesión implicaba que “los inversores no miraban a San Luis” debido a los costos más altos de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que llegaban a duplicar los valores de las jurisdicciones vecinas. La implementación de las Comisiones Médicas, sostenida a través de un convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se concretó dentro del plazo de 180 días establecido entre ambas partes.

El gobernador detalló que el proceso incluyó la aprobación de la ley provincial, la firma de convenios con la SRT, la adecuación edilicia y la puesta a punto de los equipos técnicos. “Había que sacar la ley, hacer los convenios con la SRT, hacer la infraestructura necesaria y ayudar a armar las comisiones médicas. Todo cuesta mucho, pero cumplimos”, expresó el mandatario.

Con el nuevo esquema, las autoridades anticipan beneficios directos para trabajadores y empleadores. En el caso de los trabajadores, el mecanismo permitirá acelerar los dictámenes sobre incapacidades o secuelas laborales, dado que las comisiones tienen un plazo máximo de 60 días para emitir resolución. Hasta ahora, los damnificados debían trasladarse a otras provincias o recurrir directamente al sistema judicial, lo que extendía los tiempos y aumentaba los costos asociados.

Para las empresas, el impacto principal radica en la reducción del costo de las ART. Según estimó Poggi, muchas industrias podrán renegociar sus alícuotas y reducirlas “incluso a la mitad”, lo que contribuiría a equilibrar las condiciones de operación en relación con el resto del país. Además, destacó que el nuevo sistema permitirá disminuir la litigiosidad judicial que se había generado en torno a reclamos laborales, un fenómeno que calificó como “una industria del juicio” surgida por la falta de herramientas administrativas para resolver los casos.

El gobernador vinculó esta decisión con una estrategia más amplia para recuperar la competitividad provincial. En ese sentido, comparó la puesta en marcha de las comisiones médicas con el regreso de San Luis al Consejo Federal de Inversiones (CFI) después de 18 años, una reincorporación que buscó ampliar el acceso del sector privado a créditos y avales. “Estábamos afuera desde 2006 y fueron 18 años perdidos. Este es un caso parecido, pero aplicado a accidentes y enfermedades profesionales, donde la falta de adhesión generaba una industria del juicio y mayores costos”, señaló.

La simultaneidad en la apertura de las tres sedes fue presentada por el Ejecutivo como un gesto de “ordenamiento territorial” que permitirá que trabajadores y empresas gestionen sus trámites sin desplazamientos innecesarios. Concarán, por ejemplo, no contaba con ninguna estructura previa vinculada al sistema de riesgos del trabajo, lo que obligaba a derivaciones hacia ciudades más grandes o incluso hacia otras provincias. Las nuevas comisiones comenzarán a trabajar con equipos médicos, administrativos y peritos designados bajo los estándares de la SRT y reforzados con personal provincial.

La expectativa del gobierno es que la normalización del sistema de riesgos del trabajo se traduzca en un clima más favorable para la instalación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes. “Sumar competitividad significa que podés atraer inversiones. Las inversiones consolidan puestos de trabajo y generan nuevas oportunidades”, sostuvo Poggi, quien en los últimos meses ha orientado su discurso hacia la reconstrucción del entramado productivo provincial.

El desarrollo de estas medidas se da en un contexto en el que la administración provincial busca reducir brechas históricas respecto de las provincias del centro y oeste del país, donde la aplicación del sistema de Comisiones Médicas opera desde hace años. La falta de adhesión había generado en San Luis un régimen particular en el que los juicios laborales por accidentes y enfermedades profesionales aumentaron sustancialmente y se resolvían íntegramente en el fuero judicial, sin instancias administrativas intermedias.

Con la entrada en vigor del nuevo modelo, las autoridades esperan que el proceso previo a un eventual reclamo judicial quede canalizado de forma más clara, con dictámenes técnicos que puedan ofrecer mayor previsibilidad a empresas y trabajadores. El marco normativo provincial, aprobado en 2024, define además mecanismos de supervisión y auditoría conjunta entre la SRT y el gobierno provincial para garantizar el funcionamiento uniforme en las tres jurisdicciones.

El lanzamiento simultáneo de las comisiones representa para el gobierno puntano un hito en su agenda de reforma administrativa y modernización del Estado. De acuerdo con voceros oficiales, durante las próximas semanas se completará la capacitación de equipos y se afinarán los procedimientos internos para asegurar que los dictámenes se emitan dentro de los plazos establecidos. Por ahora, el Ejecutivo confía en que la medida permitirá recuperar terreno perdido en materia de competitividad y ofrecer un escenario más previsible para el desarrollo del empleo privado.