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El Gobierno nacional y los mandatarios de Santa Cruz y Neuquén cerrarán este viernes en Buenos Aires un acuerdo para reducir las retenciones a las exportaciones de petróleo, con el fin de sostener inversiones en pozos maduros y evitar un deterioro mayor en las cuencas convencionales. La medida, que ya fue rubricada hace una semana por Chubut, involucra al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los gobernadores Claudio Vidal y Rolando Figueroa, quienes se sumarán al entendimiento que busca aliviar la carga fiscal y apuntalar la producción regional.
El convenio se gestó a partir de la presión de las provincias productoras para actualizar un esquema tributario considerado obsoleto frente al declino de la actividad convencional. La decisión cobra relevancia en un contexto donde Vaca Muerta marca récords históricos de extracción, pero el segmento tradicional —clave para abastecer a las refinerías locales— atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento.
El acuerdo que firmará Nación con Santa Cruz y Neuquén replica los lineamientos ya establecidos con Chubut. De acuerdo con información oficial, el Estado nacional se compromete a reducir los derechos de exportación mientras que las provincias deberán revisar y adecuar regalías y cánones, y las empresas estarán obligadas a asegurar planes de inversión y producción mínimos que garanticen la continuidad operativa.
Según explicó el gobernador chubutense Ignacio Torres al dar a conocer los alcances del primer convenio, el ahorro que generará la disminución impositiva será redireccionado a incentivos para inversiones en una cuenca que muestra un declino sostenido. Torres sostuvo que diversos actores —gobiernos, empresas y gremios— vienen reclamando desde hace años la eliminación de las retenciones al crudo pesado, ubicadas hoy en torno al 8%, por su impacto directo en la competitividad.
“Los gremios, las operadoras, el Gobierno nacional y la provincia hoy van a estar firmando”, señaló Torres en relación al proceso que encabezó Chubut, y subrayó que se trata de “un hecho político, más allá del impacto fiscal”, según publicó la prensa especializada. El mandatario añadió que las estimaciones oficiales alertaban que, sin medidas, Argentina podría verse obligada a importar crudo pesado en un plazo de tres años, un escenario que tendría repercusiones directas en el costo de los combustibles locales.
Pese al fuerte crecimiento del shale en Vaca Muerta, el sector convencional continúa siendo la columna vertebral de la matriz energética argentina. En 2024, el crudo extraído mediante métodos tradicionales representó el 46% de la producción total, con la Cuenca del Golfo San Jorge como protagonista: concentra el 58% del volumen de hidrocarburos convencionales del país.
A la par, las reservas probadas de petróleo convencional ascienden a 1.450 millones de barriles, equivalentes a solo ocho años de abastecimiento para el parque refinador nacional. La caída en la inversión es otro indicador crítico: según datos de las provincias, los fondos destinados al convencional se redujeron 4% anual desde 2015, y su participación en el total pasó del 64% al 27% en menos de una década.
Este deterioro compromete de manera directa la balanza comercial energética, ya que una menor producción obliga a importar combustibles o petróleo específico para refinar. De mantenerse la tendencia, advierten especialistas del sector, las refinerías podrían enfrentar dificultades para procesar el crudo apto para su infraestructura actual, diseñado históricamente para operar con mezclas de petróleo pesado.
En la previa a la firma, el gobernador Claudio Vidal mantuvo en las últimas horas un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ajustar los detalles administrativos del acuerdo. La agenda continuará este viernes con la reunión conjunta de Vidal y el neuquino Rolando Figueroa con el ministro de Economía.
La incorporación de Neuquén —la provincia líder en producción de hidrocarburos no convencionales— no pasa desapercibida. Aunque Vaca Muerta continúa expandiéndose, las autoridades neuquinas advierten que el equilibrio del sistema energético requiere sostener también los pozos tradicionales, especialmente en áreas donde el declino natural deja márgenes operativos cada vez más estrechos.
El compromiso incluye, además, la creación de una mesa permanente de competitividad, donde provincias, Nación y empresas evaluarán avances y eventuales ajustes. La intención, señaló Torres durante la firma del convenio original, es “mantener operativa y rentable una actividad central para la economía regional”, en referencia al entramado laboral, logístico y fiscal que sostienen las cuencas maduras.
La decisión del Gobierno nacional busca equilibrar dos realidades que conviven dentro del sector: por un lado, el dinamismo del shale, que impulsa exportaciones récord; por el otro, el envejecimiento del petróleo convencional, que amenaza la estabilidad del sistema.
En la práctica, la baja de retenciones intenta generar condiciones de rentabilidad para que las compañías mantengan operaciones en áreas de alta antigüedad. La lógica oficial es que cada barril adicional de crudo pesado producido localmente evita importaciones más costosas y conserva actividad en regiones donde la industria es uno de los principales motores económicos.
El impacto fiscal de la medida es considerado manejable dentro del Ejecutivo, mientras que las provincias celebran el alivio tributario como una herramienta para frenar el declino. Las entidades gremiales, por su parte, acompañan la iniciativa en tanto evita cierres de equipos y caída de empleo.
En paralelo, el Gobierno insiste en que la mejora en la producción contribuirá a estabilizar el precio interno de combustibles, dado que reduce la dependencia de petróleo importado. Aunque el efecto podría verse recién en el mediano plazo, tanto Nación como las provincias consideran que la medida era urgente para sostener el equilibrio del mercado.
El avance del acuerdo con Santa Cruz y Neuquén consolidará un esquema que podría replicarse en otras provincias con cuencas maduras, mientras el Gobierno evalúa medidas complementarias para incentivar la exploración, la recuperación secundaria y terciaria, y mejoras de infraestructura. Según destacó Infobae, estos mecanismos buscan sostener la actividad en pozos en declino y ampliar el horizonte productivo del sector.
