El Gobierno acelera la privatización de Intercargo y Transener y fija a AySA como próximo objetivo en 2026

El Gobierno nacional avanza con un nuevo capítulo dentro de su política de desestatización: planea privatizar Intercargo y Transener antes de 2026, mientras prepara el marco regulatorio y tarifario para que AySA sea transferida al sector privado durante el primer trimestre del año próximo. La estrategia, impulsada por el Ministerio de Economía, apunta a reforzar el ingreso de divisas y reducir la participación estatal en áreas operativas que, según el oficialismo, pueden ser gestionadas con mayor eficiencia por actores privados. El objetivo no solo tiene un impacto económico directo, sino que forma parte de la arquitectura general con la que el presidente Javier Milei busca reconfigurar la matriz productiva y fiscal del Estado.

Las fuentes económicas consultadas señalan que el proceso para desprenderse de las dos primeras compañías está avanzado desde comienzos del año y que el cronograma de ejecución se mantuvo incluso en meses de incertidumbre financiera y renegociación con organismos internacionales. Funcionarios involucrados en la operación sostienen que el plan no se modificará pese al cierre anual: hay expectativa de que Intercargo y Transener no formen parte del patrimonio estatal al finalizar diciembre, y que AySA transite el mismo camino en un plazo breve, estimado entre febrero y marzo de 2026.

El caso de Intercargo representa el desprendimiento más directo. La operación contempla la venta del 100% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional, sin programas de participación para trabajadores ni esquema preferencial para grupos inversores. Técnicos que siguen el expediente estiman que la valuación de la firma ronda los USD 30 millones, cifra que coincide con el valor de sus activos. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de ordenar los plazos administrativos, certificaciones y auditorías previas a la adjudicación, con un máximo de ocho meses para completarlos. Dentro de ese período deberá solicitarse la tasación formal a un banco estatal y abrirse el período de consultas para adquirentes interesados.

La privatización de Transener, operadora del sistema de transmisión eléctrica de alta tensión, sigue un esquema más complejo, dado el carácter estratégico de la infraestructura que opera y su participación mixta actual. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Economía sostienen que el marco legal está en condiciones de habilitar un traspaso total o mayoritario y que el plan ejecutivo es que el Estado deje de tener control operativo antes de que inicie 2026. El proceso se articula, además, con la reciente privatización de las represas del Comahue, operación que dejó para el Tesoro ingresos superiores a los proyectados.

La semana pasada, el Gobierno obtuvo USD 685 millones como resultado de la concesión de los principales complejos hidroeléctricos del Limay y el Neuquén. La cifra superó en más de USD 180 millones las expectativas iniciales y fortaleció la postura fiscal del Ejecutivo en instancias de negociación por financiamiento externo. El Ministerio de Economía había estimado una recaudación de alrededor de USD 500 millones, pero las pujas entre grupos inversores elevaron el monto final.

Las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados fueron adjudicadas a oferentes que, en la mayoría de los casos, ya operaban infraestructura energética en la región. Edison Inversiones presentó la oferta más alta para Alicurá, con USD 162 millones, por encima de la propuesta de la filial local de la estadounidense AES. Central Puerto quedó al frente de Piedra del Águila con un desembolso ofertado de USD 245 millones, mientras que el complejo Cerros Colorados quedó vinculado a BML Inversora tras ofertar USD 41,7 millones. La operación modificó el mapa eléctrico del Alto Valle y consolidó la presencia de capitales nacionales en un sector históricamente mixto.

Si bien estos ingresos resultaron clave para recomponer reservas del Tesoro y del Banco Central, el Gobierno considera que el proceso debe continuar para garantizar un flujo sostenido de capitalización. En ese esquema, AySA aparece como el próximo eslabón. El desafío, reconocen fuentes oficiales, es garantizar que la operación resulte atractiva para inversores privados. Para lograrlo, el Ministerio de Economía trabaja en la reducción progresiva de subsidios económicos al servicio de agua potable y cloacas, con el objetivo de acercar su tarifa al costo real de operación.

Los incrementos tarifarios en servicios públicos ya comenzaron a ejecutarse tras las elecciones de medio término. En noviembre se autorizó una suba del 3,8% en electricidad y gas, seguida por un nuevo ajuste del 2,8% en diciembre, en línea con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de AySA, la actualización tarifaria se realiza de forma mensual a razón del 1%, aunque desde el directorio no se detalló aún cuánto resta para alcanzar el esquema de equilibrio económico sin asistencia del Estado.

La compañía presta servicio a más de 14 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que convierte cualquier modificación en una medida de alto impacto social. Por eso, dentro del Gobierno admiten que el proceso no podrá ejecutarse sin una transición gradual en los precios finales y sin un plan de contención para sectores que no puedan afrontar la actualización. No se descarta que continúe vigente un régimen de tarifa social segmentada, aunque el objetivo final es que la empresa deje de depender del presupuesto nacional.

Para el oficialismo, la privatización de AySA consolidaría el cambio estructural que Milei promueve desde campaña: un Estado más pequeño, menos interventor y enfocado únicamente en funciones esenciales. La transferencia de Intercargo y Transener operaría como antecedente inmediato, mientras que la subasta del Comahue se posiciona como la primera señal de que existe interés de mercado para activos públicos de alta escala.

Con el cierre del año cerca y las negociaciones de financiamiento en marcha, el Gobierno acelera la hoja de ruta. La expectativa en el Palacio de Hacienda es que 2026 encuentre al país con un esquema de energía y transporte aéreo ya desregulado, y con el servicio de agua en plena etapa de transición empresarial. Según señaló Infobae en informes recientes, el saldo fiscal que genere este proceso comenzará a verse en paralelo con el cronograma de ejecución, pero la intención oficial es clara: avanzar hacia un modelo en el cual todo lo privatizable pase a manos privadas, reforzando ingresos extraordinarios y reduciendo el gasto operativo estatal.