El secretario de Energía y Minería, Daniel González, afirmó en Buenos Aires que el Gobierno proyecta superar los US$ 100.000 millones en inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en un contexto en el que la minería y la energía se consolidan como ejes estratégicos del crecimiento económico argentino. El funcionario destacó que el volumen de proyectos ya presentados, sumado a la inminente llegada de iniciativas vinculadas al GNL (Gas Natural Licuado), permite anticipar un escenario de fuerte expansión, con impacto directo en la generación de empleo, el ingreso de divisas y el fortalecimiento de la matriz productiva nacional.
Según detalló, actualmente hay 32 proyectos presentados al RIGI, por un monto cercano a US$ 70.000 millones, de los cuales 12 ya fueron aprobados y otros dos recibieron luz verde esta semana. Además, anticipó que en los próximos días podría autorizarse otro emprendimiento del sector minero, lo que ampliaría el número de iniciativas en marcha bajo el régimen.
“Soy optimista en que vamos a superar la marca de los 100.000 millones”, aseguró González al referirse al impacto que tendrá la extensión del régimen por un año y la incorporación del upstream de petróleo dentro de los beneficios contemplados por la normativa. Para el funcionario, la estabilidad jurídica y fiscal por 30 años es uno de los principales atractivos para los grandes inversores.
En un horizonte más amplio, el Gobierno estima que entre minería y energía el país podría alcanzar exportaciones por no menos de US$ 50.000 millones en los próximos cinco años. Aunque evitó precisar la proporción exacta entre petróleo, gas natural licuado, cobre y litio, sostuvo que los proyectos de cobre ya identificados y los que aplicaron al RIGI permitirían cumplir esas metas “sin problemas”, consolidando un nuevo perfil exportador.
En relación con el contexto geopolítico y la volatilidad de los precios internacionales, González consideró que aún es prematuro sacar conclusiones basadas en fluctuaciones de corto plazo. Sin embargo, remarcó que la Argentina atraviesa un cambio estructural profundo al pasar de ser un importador neto de combustibles a convertirse en exportador de petróleo.
“Los precios altos favorecen el desarrollo si se mantienen en el tiempo”, sostuvo. En cuanto al gas natural licuado, explicó que este año el país importará volúmenes similares a los del período anterior, pero anticipó que en 2027 esa cifra podría reducirse a la mitad y que hacia fines de 2026 comenzaría la etapa exportadora.
Desde la perspectiva oficial, este nuevo posicionamiento modifica el impacto de los conflictos internacionales sobre la economía local. Mientras que en el pasado los aumentos de precios energéticos implicaban mayores costos fiscales y presión sobre la balanza comercial, ahora pueden traducirse en mayores ingresos por exportaciones y fortalecimiento de las reservas.
Uno de los principales desafíos señalados por las empresas es la falta de infraestructura para acompañar el crecimiento proyectado. Frente a ese punto, González fue categórico respecto del rol del Estado: el Gobierno no ejecutará directamente las obras, sino que buscará generar condiciones de negocio para que el sector privado invierta en transporte, energía y logística.
La estrategia oficial contempla procesos de privatización, mejoras regulatorias y contratos de largo plazo que permitan viabilizar inversiones en caminos, ferrocarriles y redes energéticas. Para el funcionario, la clave es que las compañías mineras y energéticas aseguren la demanda necesaria para que esos proyectos resulten rentables.
En ese marco, González defendió los tiempos administrativos del RIGI. Señaló que, tratándose de un esquema que otorga estabilidad fiscal y regulatoria por tres décadas, un proceso de evaluación de tres o cuatro meses no altera la ecuación de inversión. Las definiciones fueron formuladas en una entrevista con Forbes, donde el secretario ratificó la apuesta oficial a convertir a la energía y la minería en el principal motor de generación de divisas, inversiones y desarrollo productivo para la Argentina.