Soja: ROSARIO
$490.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$275.000 1.50%
Trigo: ROSARIO
$245.000 4.26%
Mendoza decidió retomar el rumbo minero. La Legislatura provincial dio el paso que durante años estuvo en discusión: la aprobación definitiva de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, una iniciativa de cobre que representa la mayor apuesta productiva en dos décadas. Con veintinueve votos a favor y apenas seis en contra, el Senado completó el circuito iniciado en Diputados y despejó el camino para que el emprendimiento avance hacia su etapa de ejecución.
La sesión marcó un punto de quiebre. La minería mendocina había quedado detenida durante largos períodos, atrapada entre tensiones ambientales, posiciones políticas y desacuerdos técnicos. Esta vez, el clima fue distinto. Hubo respaldo mayoritario, incluso con acompañamiento parcial del peronismo, un dato que refleja un giro en la percepción sobre el desarrollo minero dentro de la provincia. El presidente Javier Milei celebró públicamente la decisión y sostuvo que el país crecerá apoyado en tres pilares: campo, energía y minería. Para el Gobierno nacional, el caso San Jorge es más que un proyecto local: es una señal de dirección económica.
La propuesta contempla una inversión inicial de quinientos sesenta millones de dólares destinada a la producción de cobre fino y oro en volúmenes que podrían sostener una operación continua durante diecisiete años, con posibilidad de extenderse a dos décadas y media si las condiciones geológicas y de mercado lo permiten. Los cálculos provinciales estiman que, una vez en marcha, el proyecto generará exportaciones por aproximadamente seiscientos millones de dólares anuales. Ese volumen equivaldría a un salto cercano al treinta por ciento en la capacidad exportadora de Mendoza, que vería incorporado un tercer motor económico junto al turismo y a la industria vitivinícola.
La próxima instancia será la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), paso que permitiría acelerar tanto la ingeniería como el cierre financiero y el proceso de factibilidad definitivo. Si los tiempos administrativos avanzan según lo previsto, la construcción comenzaría hacia fines de 2026 y la operación comercial podría estar activa en 2028. El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, confirmó que existen conversaciones avanzadas con capitales europeos y estadounidenses, y afirmó que la definición legislativa multiplicó el interés de actores mineros internacionales. La empresa espera cerrar el financiamiento antes del segundo trimestre del próximo año.
El avance no ocurre aislado del contexto nacional. Mientras Mendoza autoriza San Jorge, el Poder Ejecutivo prepara el debate para modificar la Ley de Glaciares, una normativa que durante años limitó la expansión del cobre en distintas jurisdicciones por la falta de una delimitación precisa de zonas protegidas. El proyecto ingresaría al Senado y ya existe un texto redactado que, aunque aún no fue presentado formalmente, es considerado clave por las provincias cordilleranas.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros celebró el resultado legislativo mendocino y sostuvo que se trata de un acontecimiento que puede redefinir el desarrollo del oeste argentino en los próximos cien años. La entidad evaluó que el avance de San Jorge trasciende las fronteras provinciales y fortalece la idea de minería responsable como recurso estratégico para la economía del país.
Mendoza regresa así al corazón de un debate que alguna vez se creyó clausurado. El cobre vuelve a ocupar lugar en la agenda, no sólo como mineral sino como símbolo de transformación. San Jorge se vuelve el termómetro de una etapa que comienza: si crece, la provincia cambiará su estructura exportadora; si se detiene, reabrirá las tensiones conocidas. Hoy, la puerta está abierta y el impulso político coloca nuevamente a Mendoza dentro del mapa minero nacional.
