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En los últimos dos años, el Gobierno Nacional alcanzó un hito en materia de biotecnología agropecuaria al autorizar 38 productos genéticamente modificados (OGM), la cifra más alta desde que se iniciaron este tipo de evaluaciones en el país. El desempeño reafirma el posicionamiento de Argentina como referente regional y global en desarrollos biotecnológicos aplicados al agro.
Durante el año en curso se aprobaron 13 productos genéticamente modificados. De ese total, 11 corresponden a cultivos vegetales —el nivel más elevado de los últimos seis años— y 2 a microorganismos utilizados en la producción de bioetanol y vacunas.
En el período comprendido entre fines de 2023 y todo 2024, el registro incluyó 6 productos vegetales y 19 microorganismos genéticamente modificados, principalmente destinados a sanidad animal y a procesos industriales vinculados a la bioenergía.
Desde 1996 hasta la actualidad, el Estado Nacional aprobó 134 productos genéticamente modificados para uso comercial. De ese universo, 38 fueron autorizados en el marco de la gestión actual, lo que representa cerca del 28% del total acumulado en 29 años. La magnitud del dato da cuenta de una aceleración significativa en los procesos regulatorios del sector.
Entre los desarrollos vegetales aprobados se destacan soja, maíz, algodón, cártamo y otros cultivos clave para la matriz productiva argentina. Las modificaciones incorporadas apuntan a incrementar rendimientos, mejorar la tolerancia a herbicidas y fortalecer la resistencia frente a insectos y enfermedades, con impacto directo en la competitividad del sistema agroindustrial.
Los microorganismos genéticamente modificados autorizados cumplen un rol central en la optimización de la producción de bioetanol y en la elaboración de vacunas para sanidad animal. Estos avances permiten mejorar la eficiencia de los procesos industriales y reforzar los estándares sanitarios en las cadenas pecuarias.
El proceso de análisis y aprobación de los OGM se realiza a través de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Ambos organismos aseguran que los productos autorizados sean seguros para el agroecosistema y cumplan con los más altos estándares de inocuidad alimentaria para consumo humano y animal.
