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El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dispuso este lunes un adelanto de coparticipación por $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, con el objetivo de que la administración provincial pueda afrontar el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda. La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial, se aplicará de manera inmediata y tendrá impacto durante 2026, cuando los fondos deberán ser reintegrados con intereses. El movimiento resulta relevante porque marca la segunda asistencia financiera de urgencia otorgada por la Nación a una provincia en lo que va de 2025, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y discurso oficial contrario a los rescates subnacionales.
La medida quedó plasmada en el Decreto 922/2025, firmado por el ministro de Economía Luis Caputo, y se instrumentó mediante el mecanismo de adelantos automáticos de la coparticipación federal, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite anticipar recursos futuros para cubrir necesidades transitorias de caja. Según el texto oficial, Entre Ríos atraviesa una situación que la “impide, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes” derivados de su ejecución presupuestaria y del calendario de amortización de pasivos.
El anticipo se descontará de los fondos coparticipables que la provincia reciba a lo largo de 2026, con la aplicación de intereses, y el decreto también deja abierta la posibilidad de una precancelación si las condiciones financieras resultan más favorables. De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto transferido representa menos del 10% de los recursos coparticipables que Entre Ríos percibió durante todo 2025.
Desde la óptica del Gobierno nacional, la decisión se encuadra en una lógica estrictamente administrativa y financiera. La Casa Rosada busca diferenciar este tipo de adelantos —previstos por ley y con devolución asegurada— de los antiguos esquemas de asistencia discrecional que caracterizaron a otras gestiones. Sin embargo, el giro vuelve a poner sobre la mesa el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias, especialmente en un año atravesado por la desaceleración inflacionaria, la recomposición parcial de ingresos y una fuerte estacionalidad del gasto.
Según datos del Banco Nación, Entre Ríos acumuló alrededor de $2,6 billones en transferencias automáticas por coparticipación en lo que va del año. Aun así, el calendario financiero del último bimestre suele tensionar las cuentas provinciales por la coincidencia del pago de aguinaldos, salarios y vencimientos de deuda, una dinámica que se repite en varias jurisdicciones.
Desde el gobierno entrerriano explicaron que el anticipo solicitado a la Nación forma parte de un Programa Financiero diseñado para garantizar liquidez y previsibilidad en un período de alta concentración de obligaciones. Además de los sueldos de fin de año, la provincia enfrenta el vencimiento de un título de deuda internacional, lo que eleva las necesidades de caja en el corto plazo.
En ese marco, la administración de Frigerio viene trabajando en un esquema de ordenamiento fiscal que incluye revisión del gasto, priorización de pagos y análisis de alternativas de financiamiento para los próximos años. Entre Ríos aparece, junto con otras provincias, entre las jurisdicciones que evalúan volver al mercado internacional de crédito en 2026, especialmente luego de las recientes colocaciones realizadas por Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
La asistencia a Entre Ríos no es un hecho aislado. En marzo de 2025, el Gobierno nacional ya había autorizado un anticipo similar a la provincia de Chaco, que solicitó fondos para cumplir con compromisos de deuda inminentes. En aquel caso, también se utilizó el mecanismo de adelanto de coparticipación, con devolución pactada para el ejercicio siguiente.
Ambos episodios muestran que, pese al discurso de austeridad fiscal y a la intención oficial de reducir al mínimo las transferencias discrecionales, la Nación mantiene abierta la posibilidad de asistir a las provincias cuando se trata de desequilibrios transitorios y bajo reglas claras de repago. No obstante, cada nuevo giro reaviva el debate político sobre los límites del ajuste y la sostenibilidad financiera del esquema federal.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que estos adelantos no alteran el resultado fiscal consolidado, ya que se trata de recursos que las provincias recibirían de todos modos en el futuro. La clave, señalan, es que el mecanismo evita situaciones de estrés financiero que podrían derivar en atrasos salariales o incumplimientos de deuda, con impacto económico y social.
Más allá de los números, el gesto hacia Entre Ríos tiene una lectura política inevitable. Frigerio es uno de los gobernadores con mejor relación institucional con la Casa Rosada y ha acompañado varias iniciativas clave del oficialismo en el Congreso. Si bien desde ambas partes evitan vincular el anticipo a acuerdos políticos, el episodio vuelve a mostrar cómo la gestión de recursos fiscales sigue siendo un elemento central en la relación entre Nación y provincias.
Al mismo tiempo, el caso refleja las asimetrías estructurales del federalismo argentino. Incluso provincias con un nivel relativamente alto de ingresos propios y transferencias automáticas pueden enfrentar cuellos de botella financieros en determinados momentos del año, especialmente en un contexto de menor inflación, donde los ingresos pierden el “licuado” que históricamente brindaba la aceleración de precios.
Para el Gobierno nacional, la prioridad sigue siendo sostener el equilibrio fiscal y avanzar con reformas estructurales que, en el mediano plazo, reduzcan la dependencia provincial de la asistencia nacional. Para las provincias, en cambio, el desafío es administrar la transición hacia un esquema de menor financiamiento extraordinario sin resentir el funcionamiento del Estado ni la prestación de servicios básicos.
El adelanto de $220.000 millones a Entre Ríos se suma así a una serie de decisiones que marcan el pulso de la política fiscal en 2025. Con un presupuesto ajustado, un calendario de deuda exigente y expectativas puestas en una eventual reapertura del crédito en 2026, las provincias miran de cerca cada movimiento de la Nación.
Mientras tanto, el Gobierno de Milei busca sostener un delicado equilibrio: evitar rescates permanentes, pero intervenir cuando el riesgo de desorden financiero amenaza con generar costos mayores. La discusión sobre hasta dónde debe llegar esa asistencia y bajo qué condiciones promete seguir ocupando un lugar central en la agenda económica y política de los próximos meses.
