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El Gobierno nacional estableció que las nuevas concesionarias de las principales represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro tendrán un plazo máximo de tres días corridos para pagar el canon de adjudicación, una vez formalizada la resolución oficial. La medida, definida en los pliegos licitatorios, alcanza a los complejos de Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas concesiones regirán por los próximos 30 años y representan, en conjunto, ofertas superiores a los US$700 millones, un monto clave para las cuentas públicas y para el esquema energético nacional.
La exigencia figura en los contratos que regulan el control y la operación de estas centrales ubicadas sobre los ríos Neuquén y Limay, y establece que el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria directa al Estado nacional, a una cuenta que definirá el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. El plazo comenzará a correr desde la publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial o desde la notificación formal al adjudicatario, lo que ocurra primero.
La definición cobra relevancia no solo por la magnitud del desembolso, sino también porque busca asegurar una transición sin demoras en un sistema que aporta una porción estratégica de la generación eléctrica del país y que tiene impacto directo en las provincias patagónicas.
La semana pasada, en un acto realizado en Cipolletti, se firmaron los contratos de transferencia con la presencia de la secretaria de Energía, María Tettamanti, y de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), dando un paso formal hacia el recambio de operadores.
Las ofertas ganadoras reflejan el interés del sector privado por activos considerados estratégicos. Alicurá fue adjudicada a EDISON Inversiones S.A.U. con una oferta de US$162.040.002, reemplazando a AES. El Chocón, junto con su dique compensador Arroyito, quedó en manos de MSU Energy, a través de BML Inversora S.A.U., con US$235.671.294, en lugar de Enel. En el caso de Cerros Colorados, nuevamente EDISON Inversiones S.A.U. presentó la mejor propuesta, por US$64 millones, desplazando a Orazul. Por último, Piedra del Águila continuará operada por Central Puerto, que ofertó US$245 millones.
Según lo establecido en la licitación, el pago deberá realizarse por el total del monto ofertado y en dólares, sin condicionamientos para el Estado nacional. La exigencia de un plazo tan acotado responde, de acuerdo con fuentes oficiales, a la necesidad de asegurar liquidez inmediata y evitar extensiones administrativas que retrasen la entrada en vigencia de las nuevas concesiones.
Desde el Gobierno se espera que la publicación del decreto con la adjudicación definitiva ocurra entre fines de diciembre y los primeros días de enero, con el objetivo de que la toma de posesión efectiva se concrete sin interrupciones en la operación de las centrales.
La redacción final de los pliegos no fue un trámite sencillo. Demandó un proceso de negociación intenso entre la administración de Javier Milei y los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, que reclamaban mayores garantías sobre ingresos, control y seguridad de las represas.
El acuerdo estableció que el precio de las concesiones equivale al valor de compra de las acciones clase A, B y C de las sociedades anónimas de cada complejo hidroeléctrico, objeto del contrato de transferencia. Además, se fijó un período de transición, durante el cual convivirán los adjudicatarios con las concesionarias salientes, para resolver aspectos sensibles como la transferencia de personal y la continuidad de contratos esenciales para la operación.
Uno de los puntos centrales del entendimiento fue el nuevo esquema de regalías hidroeléctricas. A partir de ahora, las provincias percibirán un 12% del total facturado por la energía producida y comercializada, un cambio significativo respecto del sistema anterior, que aplicaba el cálculo solo sobre algunos componentes de la recaudación.
A esto se suma un canon por el uso del agua, recurso que es propiedad de las provincias, equivalente al 2% de la facturación de las concesionarias. También se acordó el envío de fondos específicos a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y al Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), organismos responsables del manejo hídrico, la protección ambiental y la seguridad estructural de las represas.
Las represas del Comahue no solo son claves para el sistema eléctrico nacional, sino que también tienen un impacto directo sobre las ciudades más pobladas de la región, ubicadas aguas abajo. Por eso, la seguridad de las presas y el control del manejo del agua fueron temas centrales en las discusiones previas.
Para Neuquén y Río Negro, el nuevo esquema representa una mejora en los ingresos y una mayor previsibilidad a largo plazo, en un contexto de fuerte ajuste fiscal a nivel nacional. Para el Gobierno central, en tanto, el cobro rápido de las concesiones aparece como una herramienta para reforzar las cuentas públicas y avanzar con su estrategia de ordenamiento económico.
El recambio de operadores, el desembolso inmediato exigido y las nuevas reglas de juego marcan el inicio de una etapa distinta para la hidroelectricidad patagónica. Con contratos a 30 años y compromisos financieros relevantes desde el primer día, el desafío será compatibilizar inversión, seguridad y desarrollo regional en uno de los sistemas energéticos más sensibles del país.
