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En pleno debate legislativo por la reforma de la Ley de Glaciares, el geólogo Andrés Meglioli, especialista en glaciología con cuatro décadas de trayectoria profesional en Estados Unidos, afirmó que los cambios propuestos no implican una menor protección del agua y podrían corregir falencias técnicas que hoy frenan proyectos productivos sin beneficios ambientales comprobables. El análisis fue realizado en una entrevista concedida a Forbes, en momentos en que el proyecto ya obtuvo dictamen en el Senado y se encamina a una nueva etapa de discusión parlamentaria en febrero.
Meglioli, graduado en la Universidad Nacional de San Juan y con experiencia académica y profesional en América del Norte desde 1986, señaló que la normativa vigente carece de criterios objetivos para medir el aporte hídrico real de los glaciares, lo que derivó en una protección generalizada basada en la forma del glaciar y no en su función dentro del sistema hídrico. Según explicó, ese enfoque terminó generando superposiciones regulatorias y demoras en iniciativas que podrían desarrollarse sin afectar las reservas de agua.
El especialista remarcó que el espíritu original de la Ley de Glaciares fue preservar el origen del recurso hídrico, pero advirtió que con el paso del tiempo la aplicación de la norma se alejó de ese objetivo. “La intención original de la ley era proteger el origen del agua, pero se terminó protegiendo cualquier glaciar sin evaluar cuánto aporta al régimen hídrico”, sostuvo Meglioli en declaraciones a Forbes. Para el geólogo, esa falta de cuantificación es uno de los principales problemas del esquema actual.
Desde su experiencia en Estados Unidos y Canadá, Meglioli explicó que en esos países el abordaje es estrictamente ambiental e hídrico, integrado dentro de leyes generales de protección ambiental. Todo proyecto debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental que incluye el análisis del componente glaciar, sin necesidad de una legislación específica adicional. En ese marco, si un emprendimiento no compromete la sustentabilidad del agua, no se lo restringe.
En la Argentina, en cambio, señaló que la Ley de Glaciares se superpone con la Ley General del Ambiente, lo que genera redundancias normativas y mayor incertidumbre jurídica. Según su análisis, esa superposición no se tradujo en mejores resultados ambientales, sino en procesos más largos y complejos, sin evaluaciones técnicas completas sobre el verdadero impacto hídrico.
Meglioli destacó que en otros países los estudios específicos son financiados por las empresas privadas, mientras que el Estado cumple un rol de control, supervisión y auditoría. “Eso agiliza los procesos y es lo más razonable”, afirmó, al referirse a la posibilidad de que las provincias asuman un rol más activo en la evaluación de los proyectos, tal como propone el nuevo texto legislativo.
Uno de los puntos centrales del debate es el estado del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta clave para la aplicación de la ley. Según explicó Meglioli, el inventario solo completó su primera etapa, basada en imágenes satelitales y trabajo de gabinete. Esa fase permitió identificar la ubicación de los glaciares, pero no avanzó en las instancias más relevantes desde el punto de vista hídrico.
“Falta la verificación en terreno y, sobre todo, la fase más crítica: determinar cuánto aporta cada glaciar al sistema hídrico”, sostuvo el especialista. Esa información, señaló, es esencial para evaluar con precisión el impacto de cualquier actividad productiva y diferenciar entre glaciares con alto valor hídrico y aquellos cuyo aporte es marginal o nulo.
En ese contexto, consideró positivo que el nuevo proyecto de ley propone que esa tarea pase a las provincias, que conocen mejor las características locales y pueden avanzar con mayor agilidad. A su entender, la centralización de las decisiones a nivel nacional fue uno de los factores que ralentizó la implementación efectiva de la norma.
Meglioli también apuntó a una confusión frecuente en la discusión pública, donde se asocia cualquier referencia a glaciares con imágenes emblemáticas como el Perito Moreno. Explicó que existen distintos tipos de glaciares y que no todos cumplen la misma función hídrica.
Además de los llamados glaciares blancos, existen los glaciares de escombros o de roca, formados por masas de material rocoso con hielo intersticial. Estos cuerpos se desplazan muy lentamente y su contenido de hielo puede variar entre el 5% y el 40%, con aportes hídricos muy dispares. “Algunos aportan agua, otros muy poco”, explicó, al subrayar que su importancia debe evaluarse caso por caso.
Desde su perspectiva, la ley actual no distingue adecuadamente entre estas tipologías, lo que llevó a restricciones generalizadas sin un respaldo técnico suficiente. La reforma, afirmó, abre la posibilidad de introducir criterios más precisos y acordes a la realidad geológica e hidrológica.
Consultado sobre la relación entre minería y disponibilidad de agua, Meglioli fue enfático al señalar que responsabilizar a la actividad minera por la escasez hídrica es una simplificación. “Eso no es correcto”, afirmó. En provincias como San Juan, explicó, más del 70% del agua se destina a la agricultura, muchas veces con sistemas de riego poco eficientes.
El especialista recordó que las grandes sequías históricas de la región de Cuyo ocurrieron incluso en períodos sin actividad minera relevante. “Sin nieve no hay agua, haya o no minería”, sostuvo, y agregó que una mejor gestión del recurso permitiría compatibilizar la producción agrícola con la actividad minera. Para Meglioli, el foco debe estar puesto en estudios serios, planificación y protección de las poblaciones aguas abajo.
En ese sentido, destacó que en países como Chile y Perú se utilizan plantas desalinizadoras para abastecer proyectos mineros, mientras que en Estados Unidos directamente no se aprueban emprendimientos que no puedan garantizar el acceso al agua sin afectar a las comunidades. “Nadie desarrolla un proyecto si no puede garantizar”, afirmó.
Frente a la preocupación social que genera la reforma de la Ley de Glaciares, Meglioli sostuvo que los proyectos actuales se diseñan con altos estándares ambientales. Según explicó, se evita impactar glaciares y permafrost, incluso cuando su aporte hídrico no está completamente determinado, y las declaraciones de impacto ambiental incluyen estudios extensos que pueden llevar años.
“Los glaciares y el permafrost están mapeados, protegidos y considerados. Las instalaciones se ubican lejos de estas zonas”, afirmó el especialista en diálogo con Forbes. En ese marco, remarcó que la reforma no elimina la protección del agua, sino que busca mejorar los criterios técnicos y la eficiencia del sistema de evaluación ambiental.
Para Meglioli, el desafío es avanzar hacia una normativa que combine protección efectiva del recurso hídrico, rigor científico y previsibilidad regulatoria. “No se va a dejar de proteger el agua”, concluyó, al tiempo que consideró que una mayor participación provincial y una mejor definición de los aportes hídricos podrían contribuir a destrabar proyectos sin poner en riesgo el ambiente.
