Bukele sostiene niveles récord de aprobación con subsidios y nuevos beneficios económicos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene niveles de aprobación superiores al 90%, según encuestas recientes, en un contexto marcado por la implementación de subsidios, aumentos salariales y nuevas prestaciones sociales que fortalecen su respaldo ciudadano. La información fue difundida por Infobae desde San Salvador, y resulta relevante porque confirma la consolidación política del mandatario a partir de una estrategia basada en políticas públicas de impacto directo en el ingreso y el bienestar de la población.

De acuerdo con una encuesta de CID Gallup realizada en diciembre de 2025, Bukele alcanza un 90% de aprobación. A ese dato se suma un informe internacional publicado en noviembre por World of Statistics, que lo ubicó con un 91% de respaldo ciudadano, posicionándolo en ese momento como el líder con mayor nivel de aprobación a nivel global. Además, el 88% de los salvadoreños declaró sentirse orgulloso de tenerlo como presidente, según la misma medición.

La alta valoración social se explica, en buena medida, por un conjunto de políticas implementadas en los últimos dos años, orientadas a aliviar la presión económica sobre los hogares y ampliar el acceso a servicios básicos. Según consignó Infobae, medios internacionales como AP News y El País también han documentado cómo estas medidas contribuyeron a sostener la imagen positiva del mandatario.

Uno de los ejes centrales de la estrategia gubernamental fue la aplicación de subsidios directos a los servicios esenciales. En enero de 2025, el Gobierno anunció el pago total de los recibos de agua y electricidad para el 95% de los hogares del país. La medida benefició a 1,8 millones de familias, con una cobertura de hasta US$30 en consumo de agua potable y hasta US$80 en energía eléctrica. El objetivo declarado fue aliviar el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida sobre los sectores de menores ingresos. La iniciativa tuvo amplia repercusión pública y fue presentada como un alivio económico inmediato.

En el plano laboral, otra de las decisiones relevantes fue el incremento del salario mínimo aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que dispuso una suba del 12% a partir de junio de 2025. Con este ajuste, el salario mínimo para los sectores de industria y servicios pasó de US$365 a US$408,80 mensuales. Si bien algunos representantes sindicales manifestaron que el aumento resultaba insuficiente frente al costo de vida, el Gobierno defendió la medida como parte de su política de fortalecimiento del ingreso real de los trabajadores.

A estas acciones se sumaron cambios en el régimen de prestaciones laborales. En octubre de 2025, la Asamblea Legislativa, a pedido del Ejecutivo, aprobó la flexibilización del pago del aguinaldo, habilitando a las empresas a anticiparlo entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, en lugar de concentrarlo exclusivamente en el cierre del año. La norma también estableció la exención impositiva para aguinaldos de hasta US$1.500. Aunque varias empresas privadas decidieron mantener el esquema tradicional de pago, el Ministerio de Trabajo desplegó operativos de inspección para supervisar el cumplimiento de la nueva normativa.

En materia de salud pública, el Gobierno impulsó la digitalización de la atención médica mediante el lanzamiento de la aplicación DoctorSV, una plataforma gratuita de telemedicina desarrollada en conjunto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Google. La app permite realizar consultas médicas virtuales, obtener recetas electrónicas y acceder a exámenes y medicamentos sin costo. Según datos de la CAF citados por Infobae, la aplicación superó las 200.000 descargas en sus primeras semanas y alcanzó un promedio de 10.000 consultas diarias, con especial impacto en zonas rurales con menor acceso a servicios sanitarios presenciales.

El área educativa también forma parte de la estrategia de alto impacto social. En diciembre de 2025, el Gobierno lanzó el programa Certifícate, una alianza entre la Secretaría de Innovación y la plataforma Platzi, que ofrece acceso gratuito a más de 1.600 cursos online en disciplinas como tecnología, inglés, diseño y marketing digital. La iniciativa tuvo una respuesta inmediata: más de 60.000 personas se inscribieron en las primeras 24 horas. En paralelo, el vicepresidente Félix Ulloa entregó 300 becas a estudiantes de instituciones públicas para formación tecnológica, en el marco de un plan más amplio orientado a democratizar el acceso a competencias digitales.

La política social y económica del Ejecutivo no se detuvo en 2025. El pasado 13 de enero de 2026, Bukele anunció el envío a la Asamblea Legislativa de un nuevo proyecto denominado Ley Quincena 25, que introduce un pago adicional equivalente al 50% del salario mensual para trabajadores formales. En su cuenta oficial en la red social X, el presidente afirmó: “Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25. Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares”, según reprodujo Infobae.

La ley fue aprobada el 14 de enero con 59 votos a favor. El beneficio alcanza a trabajadores que perciben hasta US$1.500 mensuales, tanto del sector público como del privado. La normativa establece que su aplicación será obligatoria para el sector estatal desde este año y voluntaria para el sector privado, con incentivos fiscales, hasta que pase a ser obligatoria en 2027. Además, el ingreso adicional estará exento de impuestos y descuentos, lo que implica que los beneficiarios lo recibirán de forma íntegra.

En conjunto, estas políticas consolidaron una imagen presidencial asociada a la respuesta rápida a demandas sociales y a la utilización del gasto público como herramienta para sostener el consumo y el bienestar. Medios internacionales citados por Infobae coinciden en que el paquete de medidas contribuyó a reforzar el poder político del mandatario, aunque también abrió debates sobre su sostenibilidad fiscal y sobre el equilibrio entre popularidad y respeto por los derechos institucionales y democráticos.

La combinación de subsidios masivos, expansión de prestaciones, digitalización de servicios y políticas de ingreso configura una estrategia que explica, en buena medida, por qué Bukele mantiene niveles de aprobación inusualmente altos para un jefe de Estado en ejercicio. Al mismo tiempo, el desafío hacia adelante estará en la capacidad del Estado salvadoreño para sostener financieramente estas políticas y para demostrar que el impacto social positivo puede mantenerse en el tiempo sin comprometer la estabilidad económica.