La aprobación pública de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi volvió a caer en las últimas semanas, según una serie de encuestas difundidas por medios locales, en la antesala de las elecciones anticipadas del 8 de febrero, en las que se renovarán los 465 escaños de la Cámara Baja. El proceso electoral, convocado de manera sorpresiva por la propia mandataria, se transformó en un plebiscito sobre su gestión económica y sobre la estabilidad política de una coalición que gobierna con una mayoría mínima.
Los sondeos publicados este lunes por Nikkei, Kyodo, Mainichi y Yomiuri Shimbun coinciden en mostrar un retroceso en el respaldo a la jefa de gobierno, un dato relevante no solo por su magnitud sino porque se produce a poco más de tres meses de su asunción, en octubre pasado, cuando se convirtió en la primera mujer en liderar el Ejecutivo japonés. El deterioro en los niveles de aprobación se da además en un contexto de creciente preocupación social por el costo de vida, la sustentabilidad fiscal y la conveniencia política de haber adelantado los comicios.
Según la encuesta de Nikkei, el apoyo a la administración Takaichi descendió al 67%, desde el 75% registrado en diciembre, lo que marca la primera vez que su aprobación cae por debajo del umbral del 70%. Un sondeo separado de Kyodo mostró una baja al 63%, frente al 68% del mes anterior. En tanto, Mainichi informó un retroceso más pronunciado, de 10 puntos porcentuales, hasta el 57%, mientras que Yomiuri Shimbun reportó una caída adicional de cuatro puntos, hasta el 69%.
El dato central es que el descenso no se limita a una sola medición, sino que aparece de forma consistente en encuestas con metodologías y públicos distintos, lo que refuerza la percepción de que el gobierno atraviesa su primer desgaste político significativo.
El retroceso en la popularidad coincide con las críticas a la decisión de convocar elecciones anticipadas, apenas un año después de los comicios legislativos de octubre de 2024, que habían otorgado al Parlamento un mandato de cuatro años. Takaichi defendió la convocatoria al sostener que necesitaba una nueva validación electoral para consolidar su liderazgo y fortalecer a su gobierno de coalición.
Sin embargo, para una parte del electorado y de la oposición, el adelantamiento de las elecciones respondió más a cálculos políticos que a una necesidad institucional. La coalición gobernante, integrada por el Partido Liberal Democrático (LDP) y el Japan Innovation Party (JIP), controla la Cámara Baja con una ventaja de apenas un escaño, una fragilidad que condiciona la agenda legislativa y expone al Ejecutivo a bloqueos parlamentarios.
Una victoria en febrero permitiría a la primera ministra reclamar un mandato más sólido, pero una derrota o un resultado ajustado podría debilitar seriamente su liderazgo y reabrir tensiones internas en el LDP, un partido que arrastra bajos niveles de popularidad y una serie de escándalos políticos que erosionaron su imagen en los últimos años.
Las encuestas también reflejan un creciente escepticismo ciudadano sobre las propuestas económicas del gobierno. En el sondeo de Nikkei, el 56% de los consultados consideró que el paquete de estímulo anunciado por Takaichi no será suficiente para mitigar el impacto del aumento del costo de vida, una de las principales preocupaciones de los hogares japoneses en un contexto de inflación persistente.
La misma proporción de encuestados expresó dudas sobre la eficacia de una de las promesas centrales de campaña: la eliminación del impuesto al consumo sobre los alimentos durante dos años. La medida, presentada como un alivio directo para las familias, generó respaldo inicial, pero también abrió interrogantes sobre su financiamiento y su impacto real sobre los precios.
“Sin embargo, el 56% de los encuestados en la nueva encuesta de Nikkei afirmó que no creía que un tipo impositivo cero sobre los alimentos fuera eficaz contra el aumento de los precios”, informó el diario económico japonés. La primera ministra no ofreció hasta ahora detalles concretos sobre cómo compensaría la caída de recaudación que implicaría esa decisión, un silencio que alimentó las críticas de la oposición y de analistas fiscales.
Las dudas sobre el financiamiento de las políticas fiscales no quedaron circunscriptas al debate político. En las últimas semanas, los mercados financieros reaccionaron con cautela ante la posibilidad de que Japón deba emitir deuda adicional para sostener las promesas de campaña y el paquete de estímulo, un escenario que presionó al alza los rendimientos de los bonos del gobierno japonés.
Este factor agrega complejidad a la estrategia de Takaichi, que busca combinar alivios fiscales con estabilidad macroeconómica en un país que ya enfrenta uno de los niveles de deuda pública más altos del mundo. Para los inversores, la clave será si el próximo gobierno —sea el actual o uno reconfigurado tras las elecciones— logra presentar un sendero creíble de consolidación fiscal sin frenar la actividad económica.
La convocatoria anticipada a las urnas también generó críticas por su impacto sobre la agenda legislativa. La decisión se tomó antes de que el Parlamento aprobara el presupuesto nacional récord de 793.000 millones de dólares, un proyecto clave que debe quedar sancionado antes del cierre del año fiscal en marzo.
En la encuesta de Mainichi, dos quintos de los consultados manifestaron su descontento con el momento elegido para las elecciones, frente a menos de un tercio que expresó conformidad. El diario señaló que muchos votantes se mostraron frustrados porque la campaña electoral ralentizó el debate parlamentario sobre el presupuesto y otras iniciativas urgentes.
Desde la oposición, el argumento es que el gobierno priorizó su supervivencia política por sobre la estabilidad institucional, mientras que el oficialismo sostiene que la legitimidad electoral es indispensable para avanzar con reformas estructurales.
De cara al 8 de febrero, Takaichi enfrenta una paradoja política: su figura personal conserva niveles de apoyo superiores a los de su partido. El LDP ronda el 30% de intención de voto en varias encuestas recientes, un dato que contrasta con la popularidad relativa de la primera ministra y que complica la estrategia electoral en distritos competitivos.
A este escenario se suma la pérdida del respaldo del partido centrista Komeito, que el año pasado puso fin a una alianza de 26 años con el LDP y selló un acuerdo con el Partido Democrático Constitucional de Japón, la principal fuerza opositora. La ruptura privó al oficialismo de un socio clave en decenas de distritos urbanos, donde el voto suele ser más volátil.
El resultado de las elecciones dependerá en gran medida de la capacidad de Takaichi para transferir su respaldo personal al conjunto de la coalición, en un contexto de fragmentación política y malestar económico. En paralelo a la campaña, la primera ministra tiene previsto participar este lunes en un panel televisado junto a líderes opositores, un debate que podría convertirse en un punto de inflexión de cara a los comicios.
Con la economía bajo la lupa, un Parlamento fragmentado y una sociedad dividida sobre la oportunidad del llamado a elecciones, Japón se encamina a una votación que podría redefinir el equilibrio de poder y el rumbo político del país en los próximos años, un escenario que fue destacado por Infobae en su cobertura sobre el proceso electoral y el deterioro en la aprobación del gobierno de Sanae Takaichi.