Dujovne avala el rumbo económico, pide definiciones cambiarias y plantea una reforma impositiva de fondo para 2026

La economía argentina muestra hoy un estado de salud claramente superior al de dos años atrás, aunque enfrenta desafíos clave hacia adelante, especialmente en materia de política monetaria, cambiaria y reformas estructurales. Así lo sostuvo Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda entre 2017 y 2019, al evaluar el desempeño del Gobierno de Javier Milei, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las perspectivas para 2026, en una entrevista concedida a Ámbito. Para el economista, el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y un tipo de cambio más competitivo explican la mejora actual, pero advirtió que la reducción sostenida del riesgo país dependerá de mayor previsibilidad institucional y política.

Dujovne afirmó que, tras partir de una inflación anual del 211% y converger hacia niveles cercanos al 32% en el segundo año de gestión, el proceso de desinflación se dio sin “artificios insostenibles”. En ese marco, destacó el ajuste fiscal, la reducción de subsidios energéticos a mínimos de los últimos quince años y una mejora del tipo de cambio real multilateral, que ubicó en torno a 93 puntos frente a los 78 que, según su evaluación, dejó la administración anterior, con base 100 del Banco Central. También valoró los avances en la liberalización del comercio exterior y proyectó que 2025 cerrará con un crecimiento cercano al 4,4%, tras dos años de contracción.

De cara a 2026, el exfuncionario consideró que el Gobierno deberá avanzar en una etapa más precisa, enfocada en dotar de mayor claridad e institucionalidad a la política monetaria y cambiaria. En particular, planteó la necesidad de definir una hoja de ruta que establezca cómo se irá independizando el Banco Central del Tesoro, el esquema de transferencias entre ambos organismos y el tránsito hacia una mayor flexibilidad cambiaria. Para Dujovne, esa definición es central para consolidar la baja del riesgo país, recuperar el acceso al financiamiento externo y sostener la acumulación de reservas como una nueva normalidad.

En materia de reformas, señaló que la reforma laboral aparece como la prioridad más consensuada para mejorar la competitividad, aunque remarcó que aún resta un capítulo clave: la reforma tributaria. En ese punto, sostuvo que Argentina mantiene impuestos “heterodoxos” poco frecuentes a nivel internacional —como retenciones, Ingresos Brutos o el impuesto al débito y crédito— que encarecen la producción y suman alrededor de siete puntos del PBI. Si bien reconoció que el equilibrio fiscal es hoy la prioridad, consideró deseable un sendero gradual de eliminación, similar al planteado en 2017.

Uno de los ejes centrales de su análisis fue el Impuesto a las Ganancias. Dujovne afirmó que el país recauda muy poco por el tributo a los ingresos personales debido a un mínimo no imponible elevado y a una estructura poco progresiva, que termina concentrando la carga en los deciles más altos. En línea con estándares internacionales, propuso ampliar la base de contribuyentes con alícuotas crecientes y, en paralelo, reducir el impuesto a las ganancias corporativas, que en Argentina supera el 35% frente a un promedio del 22% en la OCDE. A su entender, el esquema actual desalienta la inversión en un país que necesita capital externo para renovar infraestructura y potenciar sectores intensivos en inversión.

Respecto del mercado laboral y la informalidad, que ronda el 40%, sostuvo que el crecimiento económico será un factor clave para reducirla, al menos hacia niveles cercanos al 30% observados en 2017 y 2018. En ese sentido, proyectó que la inversión será uno de los motores del crecimiento en 2026, impulsada por una mayor estabilidad cambiaria, una eventual baja adicional del riesgo país y la dinámica propia de sectores como energía, minería y agro. También anticipó una buena campaña agrícola, favorecida por mejores condiciones climáticas.

Consultado sobre el riesgo país, Dujovne identificó dos factores principales: el bajo nivel de liquidez del consolidado Tesoro–Banco Central y la debilidad del mercado de capitales local tras la eliminación de los fondos de pensión en 2008, a lo que sumó el componente político. En ese punto, advirtió que mientras persista la expectativa de que una futura administración pueda reestructurar la deuda bajo argumentos de ilegitimidad, la prima de riesgo seguirá elevada. A su entender, la defensa del crédito y el respeto de los contratos deben formar parte de un consenso político más amplio.

Sobre la deuda pública, relativizó el peso del stock en relación al PBI y lo comparó con estándares internacionales. Señaló que los países emergentes suelen converger a ratios cercanos al 60% y que, por lo tanto, el problema argentino no reside tanto en el nivel de endeudamiento como en factores institucionales, políticos y financieros.

En cuanto al FMI, Dujovne fue crítico del accionar del organismo en los últimos años. Consideró que mostró una laxitud significativa durante la gestión de Alberto Fernández, permitiendo el cumplimiento formal de metas pese a un fuerte deterioro macroeconómico. A su vez, interpretó que el Fondo adoptó una actitud más comprensiva con la actual administración por su decisión de encarar el ajuste fiscal. En su evaluación, el FMI es eficiente en el armado de programas de gran escala, pero tiene dificultades para adaptar su marco de trabajo a las necesidades de corto plazo de cada país.

Finalmente, analizó la relación con Estados Unidos en el contexto de la doctrina “America First” de Donald Trump. Señaló que Washington busca asegurar cadenas de suministro estratégicas y ve a América Latina como un proveedor confiable de energía y minerales. En ese esquema, la Argentina aparece como un socio relevante, reforzado por la afinidad política entre ambos gobiernos. Para el economista, ese vínculo funcionó como un respaldo adicional en momentos de alta incertidumbre financiera y electoral.