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Perú dio un paso histórico en materia ambiental al reconocer derechos legales a las abejas sin aguijón y a los ecosistemas donde habitan, convirtiéndose en el primer país del mundo en otorgar protección jurídica explícita a insectos. La decisión fue adoptada mediante ordenanzas de alcance local en 2025, en territorios amazónicos del país, y es considerada relevante por su impacto en la conservación de la biodiversidad, la protección de especies clave y el debate global sobre los derechos de la naturaleza.
Las resoluciones establecieron que las abejas sin aguijón, también conocidas como meliponinas, son sujetos de derechos, lo que implica el reconocimiento legal de su derecho a existir, a desarrollarse y a mantener poblaciones saludables. Al mismo tiempo, los ecosistemas asociados a estas especies quedaron amparados bajo el mismo marco jurídico, al considerarse que su supervivencia depende de manera directa de la conservación de sus hábitats naturales.
Las decisiones adoptadas en Perú no tienen antecedentes a nivel internacional en lo que respecta a insectos. Si bien en distintos países ya se reconocieron derechos a ríos, montañas o bosques, es la primera vez que insectos reciben protección legal como sujetos de derechos, lo que amplía el alcance del enfoque jurídico ambiental.
Una de las medidas clave fue la ordenanza 33-2025-CM, aprobada en la municipalidad provincial de Satipo, en la Amazonía peruana. La normativa reconoció el derecho de las abejas sin aguijón a existir y a desarrollarse en condiciones que garanticen su bienestar, así como el derecho a vivir en ambientes libres de contaminación y de impactos derivados de actividades humanas que puedan afectar su salud o provocar daños físicos.
El texto legal también estableció la obligación de proteger tanto a las abejas como a los espacios donde habitan frente a especies invasoras, consideradas una amenaza directa para el equilibrio ecológico de estos insectos y para la estabilidad de los ecosistemas amazónicos.
Las abejas sin aguijón son consideradas las abejas más antiguas del planeta y cumplen un rol central en los ecosistemas tropicales. A través de la polinización, contribuyen a la reproducción de una amplia variedad de plantas silvestres y cultivos, lo que las convierte en especies clave para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Especialistas coinciden en que la protección de estas abejas no puede separarse del cuidado integral de los territorios donde se desarrollan. La deforestación, el uso intensivo de pesticidas y la degradación ambiental son algunas de las principales amenazas que enfrentan sus poblaciones en América Latina.
El reconocimiento de derechos legales busca garantizar condiciones adecuadas para su preservación a largo plazo, al tiempo que obliga a las autoridades locales a incorporar criterios ambientales más estrictos en la gestión del territorio.
Uno de los aspectos más relevantes de las ordenanzas es que no solo protegen a las abejas, sino también a los ecosistemas asociados, que fueron declarados sujetos de derechos. Este enfoque reconoce la interdependencia entre las especies y su entorno, y apunta a evitar medidas aisladas que no contemplen el equilibrio ecológico general.
La normativa establece que los ecosistemas deben ser conservados, restaurados y protegidos frente a actividades que puedan poner en riesgo su integridad, reforzando una visión integral de la conservación ambiental.
Este marco legal se inscribe en una tendencia regional que busca ampliar el concepto de derechos más allá de los seres humanos, incorporando a la naturaleza como sujeto de protección jurídica.
Mientras Perú avanza en el reconocimiento jurídico de las abejas sin aguijón, otros países de la región enfrentan desafíos significativos en la conservación de estas especies. En Colombia, por ejemplo, la meliponicultura —la cría de abejas nativas sin aguijón— creció de manera sostenida en los últimos años como alternativa productiva asociada a la agricultura familiar y la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, este crecimiento se dio en un contexto marcado por vacíos científicos y falta de regulación ambiental específica, lo que plantea riesgos tanto para el aprovechamiento como para la conservación de las especies. La pérdida de hábitat, la contaminación por pesticidas químicos y la sobreexplotación de nidos silvestres figuran entre las principales amenazas.
En Colombia se registraron cerca de 120 especies de abejas sin aguijón, aunque en relevamientos recientes solo una parte de esa diversidad estuvo representada en meliponarios activos, lo que refleja la fragilidad de sus poblaciones.
El reconocimiento legal otorgado por Perú se produce en un contexto de crisis mundial de la biodiversidad, caracterizada por la disminución acelerada de poblaciones de abejas y otros polinizadores, especialmente en regiones con agricultura intensiva.
Diversos estudios demostraron que las abejas poseen capacidades cognitivas complejas, como la diferenciación de señales de luz, lo que refuerza la necesidad de repensar su relación con las actividades humanas y su rol en los ecosistemas.
Al declarar a las abejas sin aguijón como sujetos de derechos, Perú abre un nuevo capítulo en la discusión ambiental global y sienta un precedente que podría influir en futuras legislaciones de otros países.
Más allá de su alcance local, las decisiones adoptadas en Perú tienen un fuerte valor simbólico y jurídico. Plantean nuevos interrogantes sobre la protección de especies clave, el rol del derecho ambiental y la responsabilidad humana frente a la crisis ecológica.
El desafío hacia adelante será garantizar la implementación efectiva de estas normas, fortalecer los mecanismos de control y promover políticas públicas que integren conservación, producción sostenible y desarrollo local.
En un escenario de creciente presión sobre los ecosistemas, el reconocimiento de derechos a las abejas sin aguijón posiciona a Perú como un actor pionero en la defensa legal de la biodiversidad y redefine los límites tradicionales del derecho ambiental.
