La industria argentina del biodiesel atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre tras una reciente decisión de la Comisión Europea, que modificó los criterios ambientales para la producción de biocombustibles y reclasificó a la soja como cultivo de alto riesgo por cambio indirecto en el uso del suelo. La medida, que podría aplicarse durante 2026, pondría en jaque las exportaciones nacionales y amenaza con cerrar el único mercado externo del sector, según advirtieron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).
El cambio normativo redefine el esquema de evaluación del denominado ILUC (Indirect Land Use Change), un concepto utilizado por la Unión Europea para estimar el impacto ambiental asociado a determinados cultivos. En este nuevo marco, la soja fue incluida por primera vez dentro de la categoría de alto riesgo, en una equiparación directa con el aceite de palma, históricamente cuestionado por su impacto ambiental.
Como consecuencia, la Unión Europea dejaría de importar biodiesel elaborado a partir de soja y aceite de soja destinado a ese fin, habilitando únicamente el uso de aceite de colza, producido mayoritariamente dentro del propio bloque. Desde el sector exportador argentino interpretan la medida como una restricción que favorece a la industria europea y limita la competencia externa.
De avanzar esta resolución, todas las exportaciones de biodiesel de soja provenientes de Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarían excluidas del mercado europeo. En el caso argentino, el impacto sería particularmente severo: el bloque comunitario concentra el 100% de las exportaciones de biodiesel, por lo que la pérdida comercial se estima en 350 millones de dólares anuales, además del riesgo de paralización de plantas industriales.
Desde la CIARA y el CEC cuestionaron el fundamento ambiental de la decisión. “La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la CIARA.
Las entidades adelantaron que presentarán información técnica que demuestra que la superficie sembrada con soja en la Argentina viene disminuyendo desde hace más de una década, lo que contradice los argumentos sobre una expansión agrícola asociada a pérdida de reservas de carbono. Además, señalaron que el debate no responde a criterios científicos, sino a decisiones políticas vinculadas a la protección de la producción europea.
En ese sentido, indicaron que la medida se inscribe en un contexto de tensiones comerciales y podría estar relacionada con las resistencias internas dentro de la Unión Europea al acuerdo MERCOSUR–UE, firmado en diciembre pasado. Frente a este escenario, el sector ya inició gestiones con el Gobierno nacional para definir una estrategia de defensa.
“Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE”, señalaron desde CIARA y CEC.
La industria del biodiesel es uno de los principales eslabones de valor agregado del complejo sojero argentino. La eventual pérdida del mercado europeo no solo afectaría el ingreso de divisas, sino también el empleo industrial y la sostenibilidad de una cadena clave para la agroindustria nacional.