Soja: ROSARIO
$475.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$261.500 -0.01%
Trigo: ROSARIO
$258.930 0.10%
La lechería argentina enfrenta un nivel de informalidad que alcanza hasta el 40% de la actividad, impulsada principalmente por la alta presión fiscal que soportan los productores, según advirtieron el 5 de febrero de 2026 las entidades Carsfe y Meprolsafe tras un relevamiento sectorial. La situación se da en todo el país y resulta relevante porque pone en riesgo la sustentabilidad económica de los tambos, aun en un contexto de crecimiento productivo y mejoras de eficiencia.
De acuerdo con el diagnóstico presentado por ambas organizaciones, un productor lechero debe afrontar al menos 37 tributos anuales, distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal, lo que dificulta llevar adelante una economía empresarial plenamente formal. Desde Carsfe, entidad gremial adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), remarcaron que la carga impositiva no justifica prácticas ilegales, pero reconocieron que el esquema vigente genera fuertes incentivos a la evasión. “Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal”, señalaron desde la entidad.
El informe expone una situación dual en el sector tambero a comienzos de 2026. Por un lado, se registra un crecimiento productivo sostenido, impulsado por mejoras de eficiencia, incorporación de tecnología y condiciones climáticas favorables, con proyecciones de aumento para el año en curso. Por otro, se encienden señales de alerta sobre la rentabilidad, debido a una estructura de costos que sigue presionando los márgenes, incluso en un escenario de menor inflación.
Según las entidades, la desaceleración inflacionaria elimina ciertos “amortiguadores” financieros que antes permitían licuar costos, lo que deja más expuesta a la actividad frente al peso de los impuestos. En ese contexto, la sustentabilidad de los tambos aparece amenazada pese al mayor volumen producido y a la existencia de líneas de financiamiento orientadas a incentivar la inversión.
Las charlas mantenidas por Meprolsafe y Carsfe con productores y otros actores de la cadena permitieron detectar una realidad que calificaron como crítica: informalidad superior al 40% en distintos eslabones, que incluye ventas no registradas, compras fuera del sistema, irregularidades en recursos humanos y presencia de productos fraudulentos en el mercado. Todo ello, indicaron, suele justificarse en la imposibilidad de afrontar la carga fiscal vigente.
El relevamiento señala que la carga impositiva promedio puede representar hasta el 42% de las ventas de una empresa tambera, un nivel que las entidades consideran incompatible con una actividad de márgenes ajustados. En ese esquema conviven impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, muchos de ellos superpuestos.
Entre los impuestos nacionales, administrados por ARCA (ex AFIP), se destaca el Impuesto a las Ganancias, tanto para sociedades como para personas físicas, con una escala progresiva de entre 25% y 35% sobre la utilidad neta. En 2026, la alícuota máxima del 35% alcanza a rentas superiores a aproximadamente 347 millones de pesos. Desde el sector aclararon que se trata de un tributo que consideran justo en un sistema ordenado, aunque cuestionaron su peso combinado con el resto de los gravámenes.
Otro punto crítico es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una alícuota general del 21% y una reducida del 10,5% para ciertos sectores. Las entidades plantearon la necesidad de reducir esta carga para favorecer el consumo de lácteos, clave para sostener el mercado interno.
También reclamaron cambios profundos en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, que grava los movimientos en cuentas corrientes. Según indicaron, la repetición de operaciones genera un efecto de “impuesto sobre impuesto”. “Pedimos su eliminación”, afirmaron desde Carsfe.
A estos tributos se suman el Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que impactan cada vez que se carga nafta o gasoil. Desde el sector consideraron que su eliminación para los consumidores finales favorecería no solo a los sistemas productivos, sino también al consumo y al turismo. Una postura similar expresaron respecto de los impuestos internos a la tecnología y los productos electrónicos, al señalar que la innovación y la eficiencia dependen del acceso a estas herramientas.
El análisis también incluyó cuestionamientos a las cargas sociales, para las que se propuso avanzar hacia un sistema más moderno, y a los regímenes de retenciones y percepciones, que funcionan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA. Las entidades plantearon directamente su eliminación y reclamaron que cada contribuyente pague lo que corresponde, con controles directos por parte del organismo recaudador.
En el plano provincial, los impuestos de mayor impacto son Ingresos Brutos, con alícuotas que oscilan entre el 1,5% y el 5% sobre la facturación bruta, el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural. A nivel local, las tasas municipales también fueron cuestionadas, ya que —según señalaron— suelen cobrarse bajo el compromiso de prestar servicios que en muchos casos no se cumplen.
De cara a 2026, Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que resulta indispensable corregir la matriz impositiva para evitar el cierre de tambos y sostener la actividad. Entre los principales desafíos enumeraron la necesidad de preservar la rentabilidad y la sustentabilidad, mejorar la competitividad tanto en el mercado interno como en la exportación, y garantizar financiamiento adecuado para continuar invirtiendo en tecnología y eficiencia.
Las entidades subrayaron que el sector tambero argentino fue el que mayor aumento de producción registró a nivel mundial en 2025, lo que demuestra su capacidad productiva. Sin embargo, advirtieron que ese dinamismo no es suficiente si la estructura impositiva y los factores macroeconómicos siguen erosionando los márgenes. “El sector muestra dinamismo productivo hacia 2026, pero la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad, requiriendo políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos”, concluyeron.
