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La economía de Brasil atraviesa un año decisivo marcado por las elecciones generales de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección apoyado en un crecimiento cercano al 3%, una inflación anual del 4,3% y el desempleo en mínimos históricos. Sin embargo, detrás de estos indicadores favorables emergen señales de alerta vinculadas al aumento de la deuda pública, el elevado déficit fiscal y las rigideces estructurales del sistema previsional y tributario. La discusión económica se convirtió así en uno de los ejes centrales de la campaña.
Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública bruta brasileña podría alcanzar el 99% del PBI en 2030, frente al 62% registrado en 2010. El nivel actual supera en unos 30 puntos porcentuales el promedio de otros mercados emergentes y países latinoamericanos comparables. El déficit nominal asciende al 8,1% del PBI y está compuesto principalmente por el pago de intereses, lo que presiona sobre el gasto y limita el margen de maniobra fiscal.
Este escenario obligó al banco central a sostener tasas de interés reales cercanas al 10%, entre las más altas del mundo. El costo del financiamiento impacta sobre la inversión privada y restringe el potencial de crecimiento de una economía que invierte alrededor del 17% del PBI, una proporción baja en comparación con otras economías emergentes.
La oposición sostiene que la situación es más delicada de lo que muestran los datos de corto plazo. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, advirtió que el país enfrenta una “crisis fiscal”, mientras que el ex presidente del Banco Central Armínio Fraga señaló que Brasil no está en “cuidados intensivos”, pero sí se encamina hacia un cuadro más complejo si no se adoptan correcciones.
Cuando Lula inició su actual mandato en enero de 2023, heredó un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI y un déficit total cercano al 4,5%. Hacia fines de 2025, el resultado primario se transformó en un déficit del 0,4% del PBI. Ese cambio deterioró la percepción de disciplina fiscal y debilitó la confianza de los mercados en la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda.
No obstante, el problema excede la coyuntura. La estructura institucional brasileña incorpora rigideces que dificultan los ajustes. Reformas clave, como la previsional, requieren modificar la Constitución, lo que implica mayorías calificadas en el Congreso y acuerdos políticos amplios.
El gasto en pensiones representa cerca del 10% del PBI, una cifra elevada para un país con una estructura demográfica aún relativamente joven. Aunque en 2019 se aprobó una reforma que estableció una edad mínima de jubilación, las proyecciones indican que, sin nuevos cambios, el déficit del sistema de seguridad social podría crecer del 2% del PBI actual a más del 16% en 2060.
Brasil presenta una particularidad: con aproximadamente 13 millones de empleados públicos y 40 millones de trabajadores formales del sector privado, los déficits previsionales de ambos sistemas son prácticamente equivalentes. Esto implica que el régimen del sector público, con beneficios más altos, absorbe una proporción significativa de recursos.
El poder judicial y las fuerzas armadas figuran entre los sectores con mayores beneficios. Los tribunales demandan alrededor del 1,3% del PBI, en gran parte por sus regímenes jubilatorios. En el caso de los militares, la edad de retiro suele ubicarse por debajo de los 55 años y con haberes cercanos al salario completo.
El viceministro de Hacienda, Dario Durigan, planteó la necesidad de avanzar en “reformas estructurales ambiciosas” que alcancen a todos los sectores. Además, la Constitución establece que los aumentos del salario mínimo se trasladan automáticamente a las pensiones, lo que genera una presión adicional sobre el gasto cada vez que se actualiza ese ingreso.
A las tensiones previsionales se suma un sistema tributario considerado entre los más complejos del mundo. Brasil recauda alrededor del 34% del PBI en impuestos, un nivel alto para la región, pero la estructura está fragmentada por numerosos regímenes especiales y exenciones.
Empresas de distinto tamaño destinan miles de horas anuales al cumplimiento de obligaciones fiscales. Las firmas medianas pueden dedicar más de 16.000 horas al año a la declaración de impuestos, mientras que las grandes superan ampliamente esa cifra. El impuesto a las ganancias corporativas tiene una alícuota nominal del 34%, aunque la tasa efectiva se ubica entre el 16% y el 18%, según estudios del Instituto de Investigación Económica Aplicada.
Regímenes como el “Simples”, pensado para pequeñas empresas, permiten tributar desde el 4% sobre ingresos y abarcan un universo más amplio que el originalmente previsto. De los 16,5 millones de empresas registradas, apenas unas 220.000 pagan la tasa plena. Además, el país destina cerca del 7% del PBI a exenciones fiscales, muy por encima del nivel de comienzos de los años 2000.
En los últimos años se aprobaron cambios para simplificar los impuestos al consumo mediante un sistema dual de IVA, cuya implementación total está prevista para 2033. Estudios académicos estiman que podría elevar el PBI hasta un 4,5% en el largo plazo. Sin embargo, varios regímenes especiales quedaron excluidos de la reforma.
En este contexto, el resultado electoral definirá no solo el rumbo político sino también la viabilidad de reformas estructurales que exigen amplio consenso legislativo. Tal como consignó Infobae al analizar el escenario económico brasileño, el dilema no pasa únicamente por el desempeño actual, sino por la capacidad de la dirigencia para enfrentar intereses arraigados y garantizar la sostenibilidad fiscal en el largo plazo.
