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Estados Unidos y Venezuela acordaron en Caracas una asociación productiva de largo plazo en materia energética, tras una reunión celebrada este miércoles entre el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, con el objetivo de impulsar un “aumento drástico” en la producción de petróleo, gas natural y electricidad. El entendimiento, respaldado por el presidente Donald Trump, busca reconfigurar la relación bilateral, fortalecer la seguridad energética hemisférica y reactivar la economía venezolana en un contexto de flexibilización de sanciones y reformas legales para atraer inversiones extranjeras.
El anuncio marca un giro significativo en el vínculo entre ambos países, que atravesaron años de tensiones diplomáticas y sanciones económicas. Tras el encuentro privado en Caracas, Wright aseguró que llevaba “un mensaje de Donald Trump” y sostuvo que el mandatario estadounidense está “apasionadamente comprometido para transformar absolutamente la relación entre Estados Unidos y Venezuela, parte de una agenda más amplia de hacer las Américas grandes otra vez”.
El funcionario afirmó que Washington tiene “planes y acciones específicas” orientados a “liberar la economía de Venezuela” y subrayó que, si ambas naciones trabajan en conjunto, podrán “aumentar la producción de petróleo, gas y electricidad para aumentar las oportunidades laborales, los salarios y las oportunidades para todos los venezolanos”.
Rodríguez, por su parte, confirmó que las partes acordaron avanzar en una “asociación productiva a largo plazo” que convierta a la energía en el eje de la relación bilateral. “Estados Unidos y Venezuela han tenido relación energética durante un siglo y medio, y esa relación energética ha estado acompañada por altos y bajos en nuestras relaciones políticas. Estoy segura de que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”, afirmó.
Estados Unidos mantenía desde 2019 un embargo petrolero sobre Venezuela, en el marco de las sanciones impuestas contra el gobierno de Caracas. En los últimos meses, sin embargo, la administración Trump comenzó a flexibilizar esas restricciones mediante licencias que permiten la exportación de equipos, el flete de embarcaciones y determinadas operaciones logísticas vinculadas al sector energético.
Además, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva destinada a garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano beneficien a la población y queden resguardados ante litigios internacionales. El objetivo declarado es acelerar la recuperación de la industria petrolera del país sudamericano, cuya producción alcanzó en 2025 alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, todavía lejos de sus máximos históricos pero por encima de los mínimos registrados en 2020.
En este contexto, Wright habló de un “aumento drástico” en la producción energética venezolana como parte de una estrategia que también busca consolidar la seguridad energética de Estados Unidos y del hemisferio occidental.
La visita del secretario de Energía incluyó encuentros con ejecutivos de Chevron y Repsol, dos de las compañías con presencia histórica en Venezuela, así como recorridas por campos petroleros como Petropiar, ubicado en la Faja del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo pesado del mundo.
La agenda energética en discusión contempla un plan de reconstrucción del sector estimado en 100.000 millones de dólares, junto con un acuerdo de suministro petrolero por 2.000 millones de dólares. Según Wright, la cooperación permitirá generar empleo, mejorar salarios y elevar la calidad de vida de la población venezolana.
En paralelo, Caracas promulgó el 29 de enero una reforma legal que otorga mayor autonomía operativa y financiera a los productores extranjeros y habilita el arbitraje internacional en caso de disputas. Esta modificación apunta a ofrecer garantías a los inversores, especialmente después de las expropiaciones y litigios que marcaron la relación con empresas internacionales en años anteriores.
El gobierno venezolano espera que estas condiciones incentiven el regreso de grandes petroleras estadounidenses y europeas. Desde Washington, en tanto, se enfatiza que la nueva etapa forma parte de una estrategia de “dominio energético” que busca reducir la influencia de Rusia y China en la región.
El Departamento de Energía de Estados Unidos calificó la iniciativa como “histórica” y la inscribió en una agenda más amplia que privilegia el comercio y la cooperación económica frente a escenarios de confrontación. En ese marco, se concretó la reapertura de la misión diplomática estadounidense en Caracas, con la presencia de la encargada de negocios Laura Dogu, lo que consolida el restablecimiento formal de relaciones tras siete años de ruptura.
El trasfondo geopolítico es relevante. Venezuela posee 303.000 millones de barriles en reservas probadas, una de las mayores cifras a nivel global. Para Washington, integrar nuevamente a Caracas en el circuito energético regional puede contribuir a estabilizar mercados, diversificar suministros y reforzar la seguridad energética del hemisferio.
Caracas, por su parte, proyecta elevar su producción un 18% en 2026, apoyada en la recuperación de infraestructura, el ingreso de capitales y la modernización tecnológica. El desafío radica en sostener la cooperación en el tiempo y garantizar un marco jurídico estable que reduzca riesgos para los inversores.
El entendimiento anunciado en Caracas abre una etapa inédita en la relación bilateral. Tras años de sanciones, tensiones políticas y disputas diplomáticas, ambos gobiernos apuestan ahora a que la energía funcione como puente de reconstrucción económica y reposicionamiento estratégico, según informó Infobae. El alcance real del “aumento drástico” prometido dependerá de la implementación efectiva de los acuerdos, la estabilidad interna venezolana y la continuidad del respaldo político en Washington, factores que marcarán si esta nueva fase se consolida o enfrenta obstáculos en su ejecución.
