Panamá refuerza el control pesquero y fija límites para la captura de atún rojo

Las autoridades de Panamá aprobaron una nueva regulación para ordenar la captura y comercialización del atún rojo, alineando la actividad local con los estándares internacionales de conservación y control pesquero, una decisión relevante por su impacto ambiental, comercial y diplomático. La medida fue adoptada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), quedó formalizada esta semana y establece una cuota anual de 55 toneladas, dentro del sistema multilateral que regula esta pesquería a nivel global.

La resolución, publicada en la Gaceta Oficial el 10 de febrero de 2026, incorpora de manera obligatoria las recomendaciones vigentes de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para el período 2026 y años posteriores. Con esta decisión, Panamá reafirma su compromiso con los acuerdos internacionales de pesca sostenible, de los que forma parte desde 1998, y busca evitar prácticas que pongan en riesgo la recuperación de una especie históricamente afectada por la sobreexplotación.

Según informó Infobae, uno de los ejes centrales de la normativa es el control estricto de las cuotas de captura, los permisos de pesca y el registro de embarcaciones habilitadas. Solo podrán participar en esta actividad los buques panameños debidamente autorizados, que deberán cumplir con requisitos técnicos y administrativos diseñados para asegurar que las capturas se mantengan dentro de los límites asignados.

La resolución también refuerza los sistemas de monitoreo satelital, reporte obligatorio y trazabilidad, desde el momento de la captura hasta la exportación. Las embarcaciones deberán informar ubicación, volúmenes y tiempos de pesca, mientras que las autoridades podrán auditar toda la cadena productiva, incluyendo desembarques y operaciones comerciales. El objetivo es cerrar espacios a la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada, considerada una de las principales amenazas para los recursos marinos.

El marco regulatorio incorpora además restricciones sobre artes de pesca, temporadas habilitadas y zonas permitidas, con el fin de reducir la captura incidental y proteger los ecosistemas asociados. Estas medidas buscan evitar retrocesos en los avances logrados desde mediados de la década de 2000, cuando la presión internacional llevó a la implementación de cuotas más estrictas tras advertencias científicas que alertaban sobre una reducción de más del 80% en algunas poblaciones de atún rojo.

El atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus) es uno de los peces más cotizados del mundo, con una demanda especialmente fuerte en mercados asiáticos como Japón, China y Corea del Sur, donde su carne es altamente valorada para sushi y sashimi. Europa y Estados Unidos también concentran una porción significativa del consumo. Esta elevada demanda, combinada con una oferta limitada por razones biológicas y regulatorias, mantiene precios elevados y refuerza la necesidad de sistemas de control robustos.

En el marco del esquema internacional de reparto del Total Admisible de Captura, Panamá podrá transferir total o parcialmente su cuota a otros países miembros de la ICCAT, siempre que notifique previamente a la Secretaría del organismo y cumpla con las normas de conservación vigentes. Esta opción otorga flexibilidad a países con menor capacidad operativa directa, sin desvirtuar los objetivos de sostenibilidad.

La normativa contempla sanciones administrativas y penales ante incumplimientos, que incluyen multas, suspensión de licencias y decomiso de productos. También se establecen mecanismos de deducción de futuras asignaciones en caso de capturas que excedan los límites autorizados, una herramienta utilizada a nivel internacional para reforzar el cumplimiento de las reglas.

Desde el punto de vista económico, la regulación tiene implicancias para exportadores, operadores logísticos y actores del comercio marítimo. Panamá, como hub regional, participa en la cadena del atún rojo a través del transporte, almacenamiento y reexportación, por lo que debe garantizar que los productos que transitan por su territorio cumplan con los estándares internacionales. El nuevo marco incluye inspecciones portuarias, verificación documental y cooperación con otras autoridades aduaneras y pesqueras.

La ARAP señaló que la resolución se inscribe en una estrategia de responsabilidad internacional, orientada a preservar los recursos marinos y fortalecer la imagen del país como socio confiable en el comercio global. Además de responder a la presión de la pesca industrial, las medidas buscan mitigar riesgos asociados al cambio climático, como el aumento de la temperatura del mar y la alteración de las rutas migratorias del atún rojo.

Con la adopción formal de las reglas de la ICCAT, Panamá procura equilibrar la explotación económica con la conservación, ofreciendo mayor previsibilidad al sector pesquero y evitando eventuales restricciones comerciales en mercados que penalizan el ingreso de productos sin certificación. La decisión se suma a otras iniciativas recientes destinadas a mejorar la gobernanza pesquera y combatir la pesca ilegal, en un escenario internacional cada vez más exigente en materia ambiental.