De empresa familiar a referente: el modelo con el que Pelayo Agronomía apuesta a innovar en el alquiler de tierras

Según informó La Nación, una empresa familiar con base en General Pico, La Pampa, puso en marcha un modelo productivo que busca cambiar una de las reglas más extendidas de la agricultura argentina: los contratos de alquiler anual. Se trata de Pelayo Agronomía, que hoy administra 73.000 hectáreas arrendadas en cuatro provincias y propone acuerdos de mayor duración, monitoreo permanente del suelo y certificaciones externas como eje de un esquema orientado a la sustentabilidad productiva. La iniciativa se consolidó en los últimos años y fue presentada públicamente el 14 de febrero de 2026, durante una jornada técnica realizada en Catriló, con la participación de productores, propietarios y actores de la cadena agroindustrial. La relevancia del modelo radica en que apunta a enfrentar el deterioro físico y químico de los suelos, un problema estructural en un país donde cerca del 75% de los campos agrícolas se trabaja bajo alquileres anuales.

Con 38 años de trayectoria, la firma desarrolla su actividad en el nordeste de La Pampa, el oeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el sur de San Luis. Produce soja, maíz, girasol, trigo y maní, y complementa ese esquema con acopio, comercialización de granos, multiplicación de semillas y, más recientemente, ganadería. Emplea de manera directa a 150 personas y forma parte de una red de empresas que operan sobre campos de terceros.

El punto de inflexión fue la creciente competencia por tierras agrícolas y el encarecimiento de los arrendamientos, que en muchos casos se pactan a quintales fijos y por un solo año. Según detalla La Nación, ese formato limita la posibilidad de aplicar tecnología de largo plazo y termina afectando la fertilidad de los suelos. Frente a ese escenario, la empresa decidió cambiar el eje de la conversación con los propietarios: no solo discutir el valor del alquiler, sino también cómo producir y bajo qué condiciones.

“El formato de los contratos de alquiler agrícola más empleado –a quintales fijos y renovación anual– generalmente no permite aplicar un paquete de tecnología que mantenga o mejore la fertilidad de los suelos”, sostuvo Lucas Minetti, responsable del área de sustentabilidad de la firma. En la misma línea, advirtió que “en los últimos años comenzaron a detectarse problemas en los rendimientos de los cultivos en los campos en alquiler, principalmente asociados al sistema de contratación”.

Para respaldar su propuesta, Pelayo Agronomía se vinculó con AGSUS, una certificadora que desarrolló, junto con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y otras instituciones, un programa de evaluación de la salud del suelo. El esquema se basa en mediciones a campo y análisis de laboratorio que generan indicadores objetivos sobre parámetros como porosidad, desarrollo radicular y evolución de la materia orgánica, además de cuantificar el secuestro de carbono.

Actualmente, cerca del 20% de las hectáreas arrendadas por la empresa ya se encuentra bajo este sistema de certificación. Los informes resultantes se comparten con los propietarios, lo que permite seguir la evolución de cada establecimiento con datos técnicos y transparentar el manejo productivo. “De esta manera, los dueños de los campos pueden seguir de cerca la evolución de sus tierras”, explicó Germán Gabriel Guastella, gerente general de la compañía.

El modelo también se extiende a la cadena comercial. En los campos certificados, el girasol ocupa un lugar central y tiene como destino principal a Gente de La Pampa SA, una firma que produce aceite y que decidió avanzar hacia mercados que exigen estándares ambientales y sociales más estrictos. Ese proceso derivó en la certificación ISCC Plus y permitió sumar como comprador a PepsiCo, alineando la producción primaria con las demandas de la industria y los consumidores.

De acuerdo con el artículo publicado por La Nación y firmado por Carlos Marin Moreno, la apuesta de fondo es contractual. La empresa propone horizontes de al menos dos años, con esquemas móviles que parten de acuerdos a tres campañas que se renuevan anualmente. El objetivo es evitar prácticas de corto plazo que comprometan la calidad del suelo y avanzar hacia un esquema de beneficio mutuo entre productores y propietarios.