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El Gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, puso en marcha este 24 de febrero un canal oficial para consultar y denunciar tasas municipales en todo el país, con el objetivo de transparentar la carga tributaria local. La medida, anunciada por el jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni, reavivó el debate sobre el peso de los gravámenes comunales en la estructura de costos del sector agropecuario, en un contexto de tensión entre la Nación y los municipios, segun informo TNCampo.
La herramienta, disponible en la página oficial del organismo, permite a los ciudadanos conocer qué tributos aplica cada distrito, cuál es su monto, a qué actividades alcanzan y cómo varían entre jurisdicciones. Además, habilita la posibilidad de reportar aquellas tasas que los contribuyentes consideren excesivas o que no se correspondan con los servicios prestados.
Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema busca exponer diferencias entre municipios y avanzar en mayor transparencia fiscal. En el sector rural, en tanto, la iniciativa fue leída como un nuevo capítulo en la discusión sobre la presión impositiva que afronta la actividad.
“El aumento de la tasa vial en muchos municipios fue calificado como ‘excesivo y desproporcionado’ por los productores”, señalaron referentes del sector en distintas provincias, donde el reclamo por los tributos locales se suma a la carga nacional y provincial.
En el agro, la discusión sobre las tasas municipales no es nueva. Productores y entidades advierten desde hace años que, más allá de los derechos de exportación (DEX) y de impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos, los gravámenes comunales inciden de manera directa en la rentabilidad.
Entre las principales cargas mencionadas se encuentran la tasa de red vial, destinada al mantenimiento de caminos rurales; las guías de traslado de hacienda; las tasas de seguridad e higiene que alcanzan a acopios y plantas de servicios; y diversas contribuciones vinculadas a habilitaciones o uso del espacio público.
En algunos municipios también se aplican recargos sobre combustibles o servicios asociados a la actividad agroindustrial, lo que incrementa el costo operativo en zonas alejadas de los centros urbanos.
Dirigentes rurales sostienen que la dispersión de criterios entre municipios genera distorsiones. Mientras algunas comunas actualizan sus tasas en función de la evolución de precios agrícolas o del valor de la tierra, otras aplican incrementos atados a índices generales, lo que puede traducirse en subas significativas en términos reales.
Esa heterogeneidad, advierten, complica la planificación productiva y afecta la competitividad regional, especialmente en campañas con márgenes ajustados.
El anuncio del nuevo sistema fue difundido por Manuel Adorni, quien indicó que el mecanismo permitirá que la información quede expuesta públicamente. La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de revisar la carga tributaria y cuestionar tributos que considere distorsivos.
En el ámbito municipal, sin embargo, la reacción fue cautelosa. Intendentes de distintas regiones recordaron que muchas de estas tasas financian servicios esenciales en zonas rurales extensas, como el mantenimiento de caminos, la recolección de residuos, la iluminación o tareas de control sanitario.
También remarcaron que la autonomía fiscal municipal está contemplada en la Constitución y que la recaudación local resulta clave para sostener la prestación de servicios en distritos con recursos limitados.
La discusión no es solo técnica, sino también política. La relación entre la Nación y los gobiernos locales atraviesa un escenario de tensión por el reparto de fondos y la legalidad de determinados gravámenes. En ese contexto, el nuevo canal oficial agrega un componente institucional a un debate que ya venía escalando en distintas provincias.
Para el campo, el momento en que se lanza la herramienta no es menor. Con márgenes ajustados en soja y maíz, y una ganadería que enfrenta costos crecientes, cada contribución adquiere mayor relevancia en la ecuación económica.
En regiones afectadas por sequías recientes o por subas en insumos estratégicos, los productores sostienen que el peso acumulado de tasas nacionales, provinciales y municipales erosiona la rentabilidad.
La posibilidad de comparar y denunciar tasas podría aportar mayor visibilidad a las diferencias entre distritos y abrir instancias de revisión. Sin embargo, también puede profundizar la controversia entre los distintos niveles de gobierno.
El nuevo sistema oficial coloca nuevamente a los tributos municipales bajo la lupa y devuelve al agro al centro de la discusión fiscal. Con la herramienta ya operativa, el debate sobre el alcance, la legalidad y el impacto económico de las tasas locales suma un canal formal de exposición pública, en un escenario donde la presión impositiva continúa siendo uno de los ejes más sensibles para la producción.
