Soja: ROSARIO
$455.000 -0.22%
Maíz: ROSARIO
$250.300 -0.52%
Trigo: ROSARIO
$249.500 0.60%
El Gobierno de Panamá garantizó este mes la operatividad del Canal de Panamá mientras asume el control temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, terminales clave que representan el 38 % del movimiento portuario nacional, tras la anulación judicial de una concesión vigente desde 1997. Según fuentes oficiales, la vía interoceánica continúa funcionando con normalidad, manteniendo el flujo de entre 3 % y 6 % del comercio mundial, consolidándose como un nodo crítico para el comercio global.
La decisión responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la ley que respaldaba la concesión original y su prórroga, lo que generó la necesidad de un esquema transitorio de gestión mientras se define una nueva adjudicación. El Gobierno emitió un decreto de ocupación sobre ambas terminales para garantizar la continuidad operativa y evitar interrupciones en la cadena logística internacional, según reporta Infobae.
Las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, movilizaron en 2025 un total de 3,77 millones de unidades, equivalentes al 38 % del tráfico portuario nacional. Su ubicación estratégica en los extremos del Canal las convierte en centros neurálgicos para el transbordo regional y la conexión entre rutas Este-Oeste.
Durante la transición, las operaciones en tierra firme se ajustaron a revisiones técnicas e inventarios de equipos antes de retomar la actividad de manera gradual. Las nuevas administraciones transitorias, seleccionadas entre filiales de dos de las principales navieras globales, se eligieron considerando el volumen de carga que tradicionalmente movilizan en cada costa. Según el Gobierno, esta medida busca “mantener intacta la cadena de suministros”, minimizando riesgos de congestión, desvíos y reprogramaciones logísticas.
El 80 % del movimiento en la terminal del Pacífico y más del 90 % en la del Atlántico corresponde a servicios vinculados a estos grupos marítimos, lo que justifica la continuidad operativa bajo operadores con presencia directa en los flujos predominantes.
El fallo judicial no solo tiene implicaciones legales sino también operativas. Aunque los muelles y terrenos son propiedad del Estado, gran parte de la maquinaria y sistemas pertenecen a operadores privados. Esto obligó a realizar inspecciones técnicas detalladas, garantizando que la transición no afecte los estándares de seguridad ni los tiempos de atención a los buques.
El periodo transitorio, según el Gobierno, se extenderá por 18 meses, tiempo durante el cual se desarrollará un proceso para adjudicar nuevas concesiones definitivas. Durante este lapso, la prioridad declarada es evitar interrupciones en un corredor estratégico que conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países.
El fallo también abrió un frente de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, por preocupaciones sobre la seguridad jurídica de activos estratégicos. El caso ha generado atención global por su impacto potencial en la estabilidad de la logística internacional.
Con 82 kilómetros de extensión, el Canal de Panamá se mantiene como punto de articulación clave para las cadenas de suministro globales. Sus principales usuarios —Estados Unidos, China y Japón— dependen de su estabilidad para el transporte de materias primas, productos manufacturados y bienes de consumo.
Aunque el tránsito por la vía navegable no se ha visto afectado, la eficiencia del sistema completo depende de la sincronización entre esclusas, puertos, patios de almacenamiento y servicios terrestres. Para América Latina, y especialmente para los países que utilizan a Panamá como hub de redistribución, cualquier alteración en estos puertos puede tener un impacto directo en tiempos de entrega, costos logísticos y planificación de inventarios.
Expertos en logística señalan que la transición en Balboa y Cristóbal es un caso testigo de cómo un Estado puede gestionar activos estratégicos sin comprometer la continuidad del comercio internacional. La rápida implementación del esquema transitorio busca blindar la red logística frente a riesgos de disrupción, en un contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas globales.
Según comunicados de la Administración del Canal de Panamá, la operación de los buques se desarrolla “de forma normal y segura”, coordinada con entidades estatales responsables del sistema portuario. Esto reafirma el compromiso del país con la estabilidad del comercio mundial, mientras se cumplen las disposiciones judiciales y se prepara la adjudicación de nuevas concesiones definitivas.
La concesión original de Balboa y Cristóbal databa de 1997 y había sido prorrogada por la ley que ahora fue declarada inconstitucional. La paralización temporal asociada al cambio de operador obligó a realizar inspecciones y ajustes logísticos para garantizar que la transición se realizara sin afectar la operación de buques ni la cadena de suministro internacional.
La ubicación estratégica de ambos puertos en los extremos del Canal los convierte en plataformas críticas para el comercio global, conectando rutas Este-Oeste y funcionando como punto de transbordo regional. La continuidad operativa de estas terminales es esencial no solo para Panamá, sino para los países que dependen de su logística portuaria para la distribución internacional de mercancías.
El Gobierno panameño enfrenta un desafío complejo que combina seguridad jurídica, eficiencia operativa y presión internacional. La transición de Balboa y Cristóbal refleja cómo la gestión estatal de activos estratégicos puede coincidir con la estabilidad logística global, evitando interrupciones en uno de los nodos más importantes del comercio mundial. Mientras tanto, el Canal de Panamá mantiene su operación regular, asegurando que el flujo de bienes entre Asia, América y Europa siga sin contratiempos.
