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Paraguay avanza en un plan para poner en marcha un sistema de minería de Bitcoin administrado por el Estado, utilizando 30.000 equipos confiscados en operativos contra granjas ilegales. La iniciativa es impulsada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que firmó un memorando de entendimiento con la empresa Morphware para reactivar estas máquinas y aprovechar el excedente energético de la represa de Itaipú. El proyecto busca transformar el problema del robo de electricidad por parte de mineros clandestinos en una fuente de ingresos públicos y desarrollo tecnológico.
La propuesta posiciona al país sudamericano como uno de los primeros de la región en evaluar la operación directa de minería de criptomonedas bajo gestión estatal, un modelo que hasta ahora ha sido explorado principalmente por empresas privadas.
El acuerdo establece que ANDE conservará el control operativo y la supervisión de las instalaciones, mientras que Morphware aportará soporte técnico, capacitación y asesoramiento en infraestructura para garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos recuperados en procedimientos judiciales.
El plan se apoya en uno de los principales activos del país: su abundante generación hidroeléctrica. Paraguay produce grandes volúmenes de electricidad a partir de la represa de Itaipú, compartida con Brasil, lo que históricamente le ha permitido contar con excedentes energéticos que en muchos casos se exportan a precios bajos.
La estrategia del gobierno consiste en redirigir parte de esa energía subutilizada hacia la minería de Bitcoin, actividad que demanda un alto consumo eléctrico pero puede generar ingresos en moneda digital.
Según el esquema inicial, el proyecto comenzará con una fase piloto que contempla la instalación de aproximadamente 1.500 equipos en instalaciones cercanas a subestaciones eléctricas controladas por ANDE. Para ello, se prevé la adaptación de edificios, sistemas de ventilación industrial, transformadores y dispositivos de medición energética de alta precisión.
Las autoridades paraguayas consideran que este modelo permitiría aprovechar infraestructura existente, reducir pérdidas por consumo ilegal de electricidad y generar nuevas fuentes de recursos para el Estado.
El acuerdo con Morphware también busca resolver un problema creciente en el país: la proliferación de granjas clandestinas de minería que se conectan ilegalmente a la red eléctrica.
El CEO de Morphware, Kenso Trabing, destacó el potencial del proyecto para transformar una actividad irregular en una oportunidad económica. “La electricidad no utilizada se transforma en un ingreso para Paraguay, sirviendo tanto a la red de Bitcoin como a la economía global de IA”, señaló el ejecutivo en declaraciones difundidas tras la firma del acuerdo.
Trabing sostuvo que el programa podría evolucionar hacia proyectos más amplios, incluso vinculados al desarrollo de infraestructura tecnológica para inteligencia artificial, que también requiere gran capacidad energética y de procesamiento.
Aunque el plan avanza en su fase preparatoria, el gobierno paraguayo todavía analiza cómo administrar los activos digitales que puedan generarse.
Entre las alternativas evaluadas se encuentra la venta inmediata de los bitcoins obtenidos, con el objetivo de destinarlos al financiamiento de políticas públicas, o bien la creación de una reserva estratégica que permita al país diversificar activos y mitigar riesgos financieros.
El desarrollo de esta iniciativa ocurre en un contexto de creciente interés global por la minería de criptomonedas en regiones con energía abundante, especialmente en países con grandes proyectos hidroeléctricos.
Si el piloto logra resultados positivos, Paraguay podría consolidarse como un polo regional para la minería digital, al tiempo que ofrecería un modelo replicable para otras economías con excedentes energéticos que buscan convertir ese recurso en valor agregado dentro de sus propias fronteras.
