Venezuela y Argelia anunciaron la creación de un consejo empresarial bilateral con el objetivo de consolidar su alianza estratégica en sectores clave como la energía, la agricultura y la agroindustria, en una iniciativa que coincide con el 55 aniversario de sus relaciones diplomáticas y que apunta a dinamizar la ejecución de acuerdos comerciales entre ambos países.
El anuncio fue realizado por autoridades de ambos gobiernos en el marco de la conmemoración de más de cinco décadas de vínculos diplomáticos, establecidos el 23 de marzo de 1971. El canciller venezolano, Yvan Gil, calificó la creación del organismo como un “paso estratégico” destinado a fortalecer la cooperación productiva y acelerar la implementación de compromisos bilaterales previamente firmados.
Según información oficial, el nuevo consejo empresarial tendrá como función central articular a actores públicos y privados, con el fin de facilitar inversiones, promover intercambios comerciales y desarrollar proyectos conjuntos en áreas consideradas prioritarias. Entre ellas se destacan la industria energética, clave para ambas economías, así como el desarrollo agrícola y la expansión agroindustrial.
Gil subrayó que la relación entre Caracas y Argel ha estado marcada por una coincidencia sostenida en temas internacionales. En ese sentido, recordó que ambos países han mantenido posiciones comunes en asuntos como la defensa de los derechos del pueblo palestino, la cuestión del Sáhara Occidental y la necesidad de garantizar precios justos para los recursos energéticos en el mercado global.
A lo largo de estos 55 años, Venezuela y Argelia han celebrado cinco comisiones mixtas de alto nivel y han suscrito al menos 55 instrumentos de cooperación en áreas diversas, que incluyen energía, comercio, ciencia, educación, medioambiente, transporte y cultura. Este entramado de acuerdos constituye la base sobre la cual se busca avanzar con la nueva instancia empresarial.
Por su parte, el embajador de Argelia en Venezuela, Farouk Benmokhtar, destacó el valor histórico de la relación bilateral, caracterizada —según sus palabras— por la “amistad, fraternidad y respeto mutuo”. El diplomático remarcó que el nuevo mecanismo permitirá traducir la afinidad política en resultados económicos concretos.
En julio del año pasado, ambos países ya habían dado señales de profundización de sus vínculos al firmar memorandos de entendimiento orientados a fortalecer la cooperación en áreas como agricultura, medioambiente, desarrollo sostenible, educación superior y vivienda. La creación del consejo empresarial aparece ahora como un paso adicional para garantizar la ejecución efectiva de esos compromisos.
El anuncio también se produce en un contexto de cambios en la política energética venezolana. En los últimos meses, el gobierno de Caracas avanzó en una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de ampliar la participación de inversionistas privados y extranjeros en el sector petrolero. Esta apertura petrolera ha motivado contactos con diversos países interesados en explorar oportunidades de cooperación energética.
En ese marco, autoridades venezolanas han sostenido reuniones con delegaciones de Colombia, Alemania y Túnez, entre otros países, para abordar posibles alianzas en materia de hidrocarburos. Asimismo, se registraron recientes acercamientos diplomáticos con Estados Unidos, lo que marca un giro relevante en la política exterior del país sudamericano.
En relación con Washington, el gobierno venezolano confirmó que una delegación de diplomáticos viajará esta semana a la capital estadounidense para iniciar un proceso de normalización de las relaciones bilaterales, interrumpidas desde 2019. La comitiva estará integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes tendrán a su cargo la reinstalación de servicios consulares y la reactivación de la representación diplomática.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó que el objetivo es abrir una nueva etapa de diálogo político y diplomático entre ambos gobiernos. “Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones”, afirmó.
Entre las tareas prioritarias de la misión se encuentran la reactivación de la emisión de pasaportes, documentos de viaje, legalizaciones y la atención a la comunidad venezolana en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde miles de ciudadanos han enfrentado dificultades para acceder a estos servicios.
No obstante, mientras el gobierno avanza en el frente internacional y económico, la situación interna en materia de derechos humanos continúa generando cuestionamientos. Organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos mantienen reclamos por la liberación de presos políticos en todo el país.
De acuerdo con datos actualizados al 23 de marzo por la ONG Foro Penal, 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela. El registro incluye 315 civiles y 188 militares, además de 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Del total, 452 son hombres y 51 mujeres, y se reporta al menos un menor de edad.
La organización también indicó que más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales o limitaciones para declarar ante medios de comunicación.
En paralelo, el Parlamento informó que 8.068 personas obtuvieron la libertad plena durante el primer mes de aplicación de la ley de amnistía promulgada en febrero. Según el diputado Jorge Arreaza, la mayoría de los beneficiados —7.808 personas— se encontraba bajo medidas cautelares, mientras que 260 estaban privadas de libertad.
Sin embargo, el proceso ha sido objeto de críticas debido a la falta de transparencia. Hasta el momento, las autoridades no han publicado un listado oficial de beneficiarios, pese a solicitudes realizadas por organismos internacionales, entre ellos la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ley de amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, pero limita su alcance a personas vinculadas con 13 hechos específicos ocurridos en determinados años. Además, excluye delitos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Diversas ONG han denunciado que varias solicitudes de amnistía fueron rechazadas en los últimos días. Entre los casos mencionados se encuentran el del director de Fundaredes, Javier Tarazona; el dirigente político Henry Alviarez; y un grupo de sindicalistas, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios de aplicación de la norma.
En este contexto, la creación del consejo empresarial con Argelia refleja la intención del gobierno venezolano de fortalecer su inserción internacional, diversificar sus alianzas estratégicas y reactivar su economía a través del sector energético, en medio de un escenario interno atravesado por tensiones políticas y sociales, según información publicada por Infobae.
