El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por las transferencias vinculadas a la Coparticipación Federal de Impuestos, una negociación encabezada por Luis Caputo y Jorge Macri que logró destrabar pagos pendientes mediante la entrega de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses. El entendimiento, alcanzado en las últimas horas en medio de un escenario de tensión política entre ambas administraciones, busca normalizar las cuentas fiscales porteñas, aunque deja sin resolver el conflicto histórico iniciado en 2020.
La resolución se produjo tras varios meses de negociaciones entre funcionarios nacionales y equipos técnicos del Gobierno porteño. El punto central del acuerdo consiste en compensar los retrasos acumulados desde mediados de 2025 mediante instrumentos financieros que permitirán cubrir los montos adeudados por la administración nacional.
El convenio representa un paso importante para ordenar las transferencias entre ambas jurisdicciones, luego de una serie de demoras que alteraron el esquema previsto tras el acuerdo firmado en septiembre de 2024. Aquel pacto había sido alcanzado bajo supervisión judicial y establecía un mecanismo para regularizar el envío de fondos luego de años de disputa por los recursos coparticipables.
La discusión se originó por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció a la Ciudad un coeficiente adicional del 1,55% en la distribución de la coparticipación, porcentaje que se sumó al 1,4% ya transferido automáticamente. De esa manera, el distrito pasó a recibir un total del 2,95%.
Una deuda reciente y otra disputa que sigue abierta
La administración nacional había cumplido inicialmente con el esquema acordado. Sin embargo, a partir de julio comenzaron a registrarse retrasos en los pagos y se acumuló un pasivo que el Ejecutivo porteño reclamó durante los últimos meses.
La solución alcanzada ahora contempla únicamente la deuda generada desde el acuerdo de septiembre de 2024 y excluye los reclamos previos. La Ciudad mantiene abierta una disputa por los fondos que considera adeudados desde la reducción de recursos decidida durante la gestión anterior.
Ese conflicto tiene origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 735/2020 y redujo el porcentaje de fondos que recibía la Ciudad de Buenos Aires. El coeficiente pasó del 3,5% al 2,32%, y posteriormente el Congreso sancionó una ley que volvió a modificar ese esquema, reduciéndolo al 1,40% básico más un monto específico destinado al área de Seguridad.
a administración porteña consideró entonces que la medida implicaba una quita inconsulta de recursos y presentó un reclamo judicial. El caso escaló hasta la Corte Suprema, que dictó una medida cautelar favorable a la Ciudad y ordenó restablecer transferencias bajo un nuevo esquema.
El máximo tribunal también estableció que los pagos debían realizarse diariamente a través del Banco de la Nación Argentina, aunque durante la administración anterior ese mecanismo no llegó a implementarse plenamente. En aquel momento se había acordado un sistema alternativo con transferencias periódicas desde el Tesoro nacional, modalidad que tampoco logró garantizar regularidad.
El reclamo por USD 6.000 millones continúa
Más allá del entendimiento alcanzado para cancelar la deuda reciente, la Ciudad sostiene un reclamo mucho más amplio. Según cálculos oficiales porteños, el monto pendiente por los recursos no transferidos desde 2020 asciende a aproximadamente USD 6.000 millones.
Ese expediente permanece abierto y todavía no existe una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse para resolverlo. La discusión incluye cuestiones judiciales, administrativas y presupuestarias que continúan bajo análisis.
En el Gobierno porteño consideran que el acuerdo actual representa un avance en términos financieros, aunque aclaran que no modifica el planteo de fondo respecto a los recursos históricos reclamados. Desde Nación, en cambio, destacan que la negociación permitió alcanzar una solución inmediata para una deuda reciente y evitar una nueva escalada institucional. Según publicó Infobae, la normalización de estos pagos ya había sido contemplada en las previsiones presupuestarias de la Ciudad para 2026, en un intento por estabilizar una relación atravesada durante años por disputas políticas y judiciales.
