La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía vuelve a salir al mercado local para intentar captar USD 200 millones mediante la colocación de dos bonos en dólares: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, y el AO28, que extiende el plazo hasta octubre de 2028. La operación, clave para descomprimir la concentración de vencimientos en 2027 y asegurar financiamiento en moneda extranjera, llega tras una primera subasta realizada el viernes pasado que reveló marcadas diferencias en la demanda de los títulos según su plazo y el contexto de incertidumbre electoral.
En la primera instancia, con USD 150 millones disponibles por bono, el mercado presentó ofertas por USD 466 millones para el AO27, mientras que el AO28 recibió USD 226 millones, evidenciando un claro sesgo de los inversores hacia instrumentos que vencen antes del recambio presidencial. La tasa nominal anual (TNA) asignada fue de 5,02% para el bono con vencimiento en 2027 y 8,5% para el que opera hasta 2028, un diferencial de tasas que refleja la percepción de riesgo asociado a plazos más largos.
Los resultados de la primera subasta constituyeron una fotografía de las preferencias del mercado financiero local. El bono AO27 absorbió ofertas por más del triple de su monto base, mientras que el AO28, el instrumento más largo, apenas duplicó la oferta mínima establecida. La brecha entre las tasas de corte —117 puntos básicos de diferencial de riesgo país para el 2027 frente a 460 para el bono con vencimiento en 2028— sugiere que los inversores exigen una prima significativa por el riesgo asociado al período que se extiende más allá del mandato presidencial.
El responsable del área económica, Luis Caputo, difundió los números oficiales de esa primera ronda. Asimismo, calculó una tasa forward bajo un escenario de alternancia política que llegó a 14,09% TNA, una cifra que apunta a la incertidumbre que domina las expectativas de los agentes financieros en torno al rumbo del país tras las próximas elecciones.
Desde consultoras especializadas en análisis de mercado como Invecq, se destacó que la inclusión del AO28 operó como un “test” para medir hasta qué punto los inversores locales están dispuestos a asumir riesgo en dólares a plazos extensos en un contexto de volatilidad electoral y presión financiera. La emisión de esta nueva referencia fue estructurada en dos tramos —USD 150 millones y USD 100 millones— con el objetivo explícito de evaluar la profundidad del mercado en estos vencimientos.
Una de las decisiones más relevantes del equipo económico fue la fijación de un precio máximo para el AO27, establecido en USD 1.015,33, lo que implicó un piso para la tasa cercano al 5,0%. Según analistas, este mecanismo fue diseñado para evitar una compresión excesiva de rendimientos en ese bono y para ordenar la demanda entre ambos instrumentos, incentivando a los inversores a considerar la opción de migrar hacia el bono AO28.
La lógica detrás de esta estrategia, según analistas de mercado, fue limitar la competencia por precio del bono más corto y “facilitar así la extensión de duration”, una maniobra que, de ser efectiva, permitiría que el Tesoro alargue su perfil de vencimientos y reduzca la presión de pagos concentrados en el año próximo.
Aunque la iniciativa consiguió cierto efecto —al lograr que el AO28 captara ofertas por encima de su monto base— la respuesta del mercado puso de manifiesto una preferencia significativa por instrumentos que vencen antes de la transición presidencial.
El economista Alejandro Giacoia, de EconViews, sintetizó esa lectura al señalar que si se compara “el monto que ofreció el mercado para cada uno de los bonos, para el de 2027 fue el doble que para el de 2028”, lo que da una señal clara de mayor apetito por plazos cortos.
La diferencia en las tasas de corte entre ambos bonos se asoció directamente con la percepción de riesgo político que, según el mercado, recae sobre el período que se extiende más allá de las próximas elecciones. Giacoia interpretó que una tasa de corte más alta en el AO28 “permite pensar que sigue habiendo un riesgo político o que el mercado percibe un riesgo político bastante alto”, una lectura compartida por varios operadores financieros que observaron la primera subasta.
La cuestión del llamado “riesgo kuka”, una expresión utilizada por el ministro Caputo para referirse al supuesto riesgo de retorno de fuerzas políticas asociadas al kirchnerismo, fue uno de los elementos más comentados en torno a la licitación. En días previos, Caputo mismo aseguró en un foro que este riesgo “no existe” y sostuvo que “creo que hay cero posibilidad de que el kirchnerismo vuelva” y que ese espacio político “va camino a ser una minoría absoluta. Va a hacer un papelón de elección el año que viene. Para 2031 va a ser marginal, si no desaparece”, afirmó Caputo en esa oportunidad.
La inclusión de estas declaraciones en la agenda pública busca, según fuentes oficiales, “transmitir certezas al mercado” sobre la continuidad de las políticas económicas y reducir la prima de riesgo político que, claramente, se tradujo en rendimientos más altos para el Bonar 2028.
La decisión del Gobierno de ofrecer un bono con vencimiento más allá del actual mandato fue interpretada por economistas y operadores como un paso necesario para evitar la concentración de vencimientos en 2027, un año en que los compromisos financieros del sector público suman más de USD 20.000 millones entre capital e intereses.
En ese sentido, Giacoia evaluó que “es positivo que el Gobierno haya ofrecido un instrumento más largo para evitar que se sigan concentrando vencimientos en 2027”. La estrategia oficial, entonces, se enfocó en diversificar plazos y captar dólares frescos, en un contexto de elevado riesgo país, necesidades de financiamiento y desafíos macroeconómicos internos.
La demanda total registrada en la primera subasta reflejó dos tendencias claras: por un lado, un apetito inversor por títulos en dólares con plazos cortos y tasas moderadas, y por otro, la disposición de una parte del mercado a aceptar tasas significativamente más altas como compensación por asumir riesgo político y de plazo.
Adicionalmente, la operación realizada sirvió para observar la capacidad del Tesoro de financiarse en el mercado local en dólares a plazos más largos, en una coyuntura en la que vencimientos de bonos, compromisos crediticios y presiones sobre el balance de pagos generan tensiones adicionales sobre el calendario financiero nacional.
Con la segunda ronda de la licitación programada para este lunes, la atención del mercado y de los analistas está puesta en la posibilidad de completar los USD 200 millones totales entre ambos bonos. El resultado de esta nueva instancia será clave para determinar si la estrategia de extensión de plazos puede profundizarse y si persiste la disposición de los inversores a colocar recursos en instrumentos de mayor duración, a pesar del clima electoral y las tasas exigidas.
Para el Ministerio de Economía, estas operaciones constituyen un mecanismo de consolidación del acceso al financiamiento en moneda extranjera y una forma de administrar los riesgos derivados de la concentración de vencimientos y de la incertidumbre electoral. Según Infobae, la respuesta del mercado —y especialmente la evolución del apetito por el AO28— será un indicador temprano sobre la percepción de riesgo político y financiero en el tramo medio de la curva de deuda en dólares.