El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, un mecanismo de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones destinado a 12 provincias argentinas, con el objetivo de aliviar tensiones financieras inmediatas en distritos afectados por la caída de la recaudación y las transferencias automáticas.
La medida permite a las jurisdicciones acceder de forma anticipada a recursos que les corresponden por ley, aunque deberán reintegrarlos dentro del mismo ejercicio fiscal. Según el texto oficial, la iniciativa busca garantizar liquidez inmediata para afrontar gastos corrientes clave, como salarios en áreas sensibles, en un contexto de deterioro de los ingresos públicos.
El esquema alcanza a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A este grupo se suma Entre Ríos, que ya había sido incorporada previamente en enero de 2026, elevando a 13 el total de provincias bajo este mecanismo.
La decisión se inscribe en un escenario de caída sostenida de los recursos provinciales. Durante el primer trimestre del año, las transferencias automáticas registraron una baja del 6,4%, mientras que en marzo la coparticipación cayó un 7% interanual en términos reales, de acuerdo con estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A esto se suma la contracción de los ingresos propios, como Ingresos Brutos y tributos patrimoniales.
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El nuevo régimen formaliza una herramienta que ya venía utilizándose de manera discrecional. Hasta ahora, los adelantos se otorgaban mes a mes a pedido de las provincias, pero con este decreto se establece un tope global, criterios definidos y condiciones financieras más previsibles.
Entre los aspectos centrales, el Gobierno fijó una tasa del 15% para los adelantos, significativamente inferior a las tasas de mercado, que actualmente oscilan entre el 30% y el 45% para financiamiento subnacional. De esta manera, se busca evitar que los distritos recurran a endeudamiento más costoso para cubrir necesidades urgentes.
La asignación de los fondos estará a cargo de la Secretaría de Hacienda, que evaluará distintos factores: la capacidad de repago, la participación de cada provincia en la masa coparticipable, las necesidades financieras declaradas y el cumplimiento de compromisos fiscales previos.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo señala que varias jurisdicciones manifestaron estar “impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, lo que justificó la implementación de este esquema excepcional.
El impacto de la caída de ingresos es especialmente significativo en las provincias incluidas, muchas de las cuales presentan alta dependencia de los recursos nacionales y estructuras productivas limitadas. En estos distritos, entre el 70% y el 80% del gasto público se destina al pago de salarios en sectores como educación, salud y seguridad.
El deterioro de la actividad económica también redujo la base imponible de los tributos locales, lo que profundiza las dificultades fiscales estructurales. En este contexto, los adelantos aparecen como una herramienta para sostener la operatividad estatal en el corto plazo, aunque sin resolver los problemas de fondo.
Quedaron fuera del esquema jurisdicciones con mayor autonomía financiera, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuentan con mayor capacidad de generar recursos propios y acceso al crédito.
Con esta medida, la administración nacional busca ordenar y sistematizar la asistencia financiera a las provincias, al tiempo que mantiene margen de negociación política con los gobernadores. Según informó IProfesional, el desafío de fondo —la recuperación de los ingresos fiscales— continúa sin una solución inmediata en un contexto de actividad económica en retroceso.
