El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado el 16 de septiembre de 2025, avanza hacia su ratificación parlamentaria mientras Argentina evalúa su impacto estratégico en la apertura de mercados de alto valor y la atracción de inversiones. El entendimiento, impulsado por los gobiernos de ambos bloques y respaldado por representantes diplomáticos como Halvor Sætre y Andrea Semadeni, fue destacado en un encuentro reciente en la Residencia Oficial de Noruega en Buenos Aires como una herramienta clave para fortalecer la inserción internacional del país y dinamizar su economía.
Conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, el bloque EFTA reúne a unos 14 millones de habitantes, pero concentra uno de los niveles de ingreso per cápita más altos del mundo, cercano a los 100.000 dólares anuales. Esta característica lo convierte en un socio comercial altamente atractivo para los países del Mercosur, que buscan diversificar exportaciones y acceder a economías sofisticadas.
Durante el encuentro, Sætre definió el tratado como un acuerdo de “quinta generación”, al subrayar que va más allá de la reducción de aranceles. Según explicó, el objetivo es armonizar normas, estándares y nuevas áreas económicas, generando previsibilidad jurídica y condiciones favorables para el comercio y la inversión. “Históricamente han dado buenos resultados, haciendo que crezca la cooperación comercial”, sostuvo el diplomático.
El acuerdo prevé acceso preferencial para más del 97% del comercio entre ambos bloques. En el caso del Mercosur, la apertura arancelaria será inmediata una vez ratificado por cada país miembro. En cambio, los productos provenientes de EFTA tendrán una reducción gradual de aranceles en plazos de hasta 15 años, con el objetivo de proteger sectores sensibles de las economías sudamericanas.
Inversiones y tecnología como eje del acuerdo
Más allá del comercio, el tratado pone el foco en la calidad de las inversiones. Semadeni destacó que el interés de EFTA no se limita a exportar bienes, sino a desarrollar proyectos de alto valor agregado en Argentina. “No se trata de cantidad de exportaciones, sino de calidad, y justamente de inversiones”, afirmó.
Actualmente, Suiza figura entre los cinco principales inversores extranjeros en Argentina, con más de 80 empresas operando en el país, entre ellas Nestlé, Roche y Novartis, que en conjunto generan más de 12.500 empleos. A esto se suma el interés de Glencore, que analiza inversiones por unos 13.000 millones de dólares en el sector minero, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El acuerdo también se apoya en un entramado jurídico previo entre Argentina y Suiza, que incluye un tratado de doble imposición firmado en 2014 y un acuerdo de protección de inversiones vigente desde 1992. Este marco legal refuerza la seguridad jurídica, uno de los factores más valorados por los inversores internacionales.
Energía y complementariedad productiva
Otro de los puntos destacados es la complementariedad económica entre ambos bloques. Noruega, por ejemplo, tiene una fuerte presencia en sectores energéticos y tecnológicos, áreas donde Argentina busca expandirse. Sætre mencionó el caso de Brasil, donde operan unas 300 empresas noruegas, frente a apenas 30 en Argentina, lo que evidencia el potencial de crecimiento.
En este contexto, proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL) y la exploración offshore comienzan a posicionarse como ejes de cooperación. Iniciativas impulsadas por compañías como Golar LNG y Equinor marcan un punto de inflexión en la capacidad exportadora del país, especialmente en el sector energético.
Además, Noruega administra el mayor fondo soberano del mundo, mientras que Suiza se consolida como uno de los principales centros financieros globales, lo que amplía las posibilidades de financiamiento para proyectos estratégicos en Argentina.
Impacto federal y rol de las provincias
El acuerdo no solo tiene implicancias a nivel nacional, sino también en el desarrollo regional. Durante el encuentro participó Diego Sueiras, quien remarcó la necesidad de que los beneficios alcancen a todas las provincias.
Sueiras subrayó que el tratado abre una oportunidad para que jurisdicciones como Santa Fe se posicionen como actores clave en la atracción de inversiones y la integración en cadenas de valor globales. Según explicó, el objetivo es lograr una “territorialidad de los beneficios”, promoviendo el desarrollo productivo y la generación de empleo en distintas regiones del país.
En ese sentido, destacó el trabajo de la Fundación Nuevas Generaciones de Argentina (FNGA) para impulsar políticas que faciliten la llegada de inversiones y potencien la competitividad local.
Ratificación y próximos pasos
Tras su firma, el acuerdo debe ser ratificado por los parlamentos de los países involucrados para entrar en vigor. En el caso de Noruega, se espera que el documento sea tratado en septiembre, mientras que en Suiza la votación está prevista para fin de año. Sin embargo, el sistema de democracia directa suizo podría extender los plazos, ya que contempla la posibilidad de un referéndum antes de su implementación definitiva, lo que podría demorar su entrada en vigencia hasta marzo de 2027.
Por el lado del Mercosur, incluido Argentina, los procesos legislativos aún no comenzaron, lo que plantea un desafío para acelerar los tiempos y no quedar rezagados frente a sus socios.
El tratado contempla una implementación escalonada: entrará en vigor el primer día del tercer mes posterior a que al menos un país de cada bloque deposite su ratificación. A partir de allí, se irá aplicando de manera individual para el resto de los miembros conforme completen sus procesos internos.
Un paso más en la integración internacional
El acuerdo con EFTA se suma a otras iniciativas de integración impulsadas por el Mercosur, como el tratado con la Unión Europea, y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la inserción internacional de Argentina.
En un contexto global marcado por la competencia por inversiones y la reconfiguración de cadenas productivas, el desafío será traducir este acuerdo en oportunidades concretas para el desarrollo económico, la innovación y el empleo.
La clave estará en la coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias, así como en la capacidad del sector privado para adaptarse a los estándares internacionales y aprovechar las ventajas que ofrece el acceso a mercados de alto poder adquisitivo.
