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La provincia de Chubut actualizó el régimen que regula a los prestadores de servicios portuarios mediante la Resolución N° 85/2026, dictada por la Secretaría de Pesca el 8 de abril de 2026, con el objetivo de ordenar la operatoria, redefinir condiciones de acceso y establecer límites más claros para quienes trabajan dentro de los puertos. La medida resulta relevante porque introduce cambios en costos, requisitos financieros y uso de espacios, en un contexto donde la actividad portuaria es estratégica para la economía regional.
Según informó el medio especializado Pescare.com, la normativa modifica y amplía la Resolución N° 62/2025, incorporando ajustes en los plazos de inscripción, el esquema de aranceles y las condiciones exigidas a los operadores que prestan servicios en el ámbito portuario.
Uno de los cambios centrales apunta a simplificar los trámites administrativos. A partir de ahora, las inscripciones realizadas dentro de los 90 días previos al vencimiento anual serán consideradas automáticamente válidas para el período siguiente. De esta manera, se elimina la necesidad de reinscribirse de forma inmediata, lo que reduce la carga burocrática para empresas y prestadores que operan de manera continua.
En paralelo, la resolución introduce una actualización en los costos del registro. La inscripción inicial tendrá un valor equivalente a 0,3 módulos, mientras que la reinscripción se fijó en 0,15 módulos. Este sistema se basa en una unidad de referencia que define el Poder Ejecutivo provincial y que se actualiza periódicamente, lo que permite ajustar los valores sin necesidad de modificar la normativa en cada ocasión.
Otro de los ejes principales de la medida es el refuerzo de los requisitos económicos y financieros. A partir de esta actualización, los prestadores deberán acreditar su solvencia económica mediante la presentación de documentación respaldatoria, como estados contables, seguros de caución, garantías o avales.
Este punto introduce un filtro adicional en el acceso al registro, con el objetivo de asegurar que quienes operan en los puertos cuenten con capacidad real para sostener sus actividades y cumplir con las obligaciones contractuales.
En la práctica, la exigencia busca reducir riesgos operativos y mejorar la calidad de los servicios prestados, en un sector donde la continuidad y la confiabilidad son factores clave.
El aspecto más significativo de la resolución está vinculado a la definición del alcance del registro. La normativa establece de manera explícita que la inscripción como prestador no implica el derecho automático a ocupar espacios dentro del puerto.
Esto significa que las empresas habilitadas para operar no podrán instalar maquinaria, equipos o estructuras de manera permanente sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad portuaria o de la Dirección General de Puertos.
La medida introduce una diferenciación concreta entre la habilitación para prestar servicios y el uso físico del espacio portuario, un punto que en la práctica solía generar conflictos o interpretaciones ambiguas.
En caso de incumplimiento, la normativa habilita el retiro inmediato de los elementos instalados sin autorización, además de la posible aplicación de sanciones previstas en la legislación vigente.
La actualización del régimen se produce en un escenario donde la organización de la actividad portuaria y la gestión del espacio disponible adquieren cada vez mayor relevancia. El crecimiento de la actividad pesquera y logística en la provincia incrementa la demanda sobre la infraestructura portuaria, lo que obliga a establecer reglas más precisas.
En este contexto, la medida apunta a mejorar la planificación, evitar la ocupación irregular de espacios y garantizar un uso más eficiente de las instalaciones.
Al mismo tiempo, la simplificación administrativa busca facilitar la operatoria diaria de los actores del sector, equilibrando mayores controles con mecanismos que reduzcan la burocracia.
Para los prestadores de servicios portuarios, los cambios implican una adaptación a nuevas condiciones que combinan beneficios operativos con mayores exigencias. La posibilidad de extender automáticamente la vigencia de las inscripciones representa una mejora en términos administrativos, mientras que los nuevos requisitos financieros elevan el umbral de ingreso y permanencia en el sistema.
Desde el punto de vista del Estado provincial, la resolución refuerza su capacidad de control sobre la actividad, al tiempo que establece criterios más claros para la gestión del espacio portuario.
El desafío hacia adelante será lograr que estas modificaciones se traduzcan en una operatoria más ordenada, eficiente y transparente, sin afectar la dinámica de un sector clave para la economía de Chubut.
En ese sentido, la implementación efectiva de la normativa y su articulación con los distintos actores del sistema portuario serán determinantes para evaluar su impacto real.
La actualización del registro marca así un paso en la consolidación de un esquema regulatorio más moderno, que busca adaptarse a las nuevas demandas del sector y garantizar condiciones equitativas para todos los operadores.
