El gobernador Claudio Poggi anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional en San Luis con el objetivo de modernizar el funcionamiento de los tres poderes del Estado, limitar la reelección y fortalecer la institucionalidad, en un contexto de actualización normativa tras casi cuatro décadas de vigencia de la actual Carta Magna.
La iniciativa será presentada ante la Legislatura provincial para declarar la necesidad de la reforma y habilitar la convocatoria a una Convención Constituyente. El mandatario planteó que el proceso busca adaptar la Constitución a nuevos desafíos, incorporar cambios derivados de la reforma nacional de 1994 y actualizar su funcionamiento en base a la experiencia acumulada.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del régimen de reelección del Poder Ejecutivo. Poggi propuso establecer un límite estricto de dos mandatos para el cargo de gobernador, ya sean consecutivos o alternados. Según explicó, una vez cumplidos esos períodos, la persona quedará inhabilitada de por vida para volver a ocupar el cargo. “Tenemos que poner límites a estos personalismos y favorecer la alternancia”, sostuvo.

El proyecto también contempla cambios en el Poder Legislativo, donde se propone ampliar el período de sesiones ordinarias. La idea es reducir el receso parlamentario y extender la actividad legislativa desde mediados de marzo hasta fines de diciembre. Además, se busca eliminar las elecciones de medio término y unificar los comicios legislativos con los ejecutivos cada cuatro años, con el argumento de reducir costos, evitar desgaste institucional y mejorar la eficiencia política.
En relación al Poder Judicial, la reforma apunta a reforzar su independencia. Entre las medidas previstas se encuentra la separación del Ministerio Público en dos estructuras autónomas: la defensa y la fiscalía. También se plantea modificar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores, estableciendo que el orden de mérito definido por el Consejo de la Magistratura sea vinculante para el Poder Ejecutivo, que solo podrá apartarse con fundamentos explícitos.
Otro cambio relevante es la incorporación de un requisito de permanencia mínima de cuatro años para magistrados y funcionarios judiciales antes de postularse a otros cargos. Según el gobernador, esta medida busca evitar la rotación constante y mejorar la calidad del servicio de justicia.

En paralelo, la reforma introduce la figura de las capitales alternas, con el objetivo de profundizar el federalismo interno. La propuesta establece que distintas ciudades de la provincia puedan ejercer temporalmente como sede del gobierno, obligando al Ejecutivo a trasladarse periódicamente al interior. Esto apunta a acercar la gestión pública a los ciudadanos y descentralizar el poder.
Poggi destacó que la Constitución vigente, sancionada en 1987, fue avanzada para su época, pero consideró necesario actualizarla frente a los cambios institucionales, tecnológicos y sociales. En ese sentido, remarcó que la reforma deberá ser producto del consenso político, ya que requiere mayorías especiales en la Legislatura.
“El objetivo es construir una Constitución que fortalezca la institucionalidad y brinde previsibilidad para el futuro”, afirmó. Además, vinculó la iniciativa con el desarrollo económico, al señalar que una mayor seguridad jurídica puede atraer inversiones y generar empleo.

El proceso recién comienza y dependerá del debate legislativo y del eventual respaldo político para avanzar hacia una Convención Constituyente. De concretarse, se trataría de una de las reformas institucionales más relevantes en la provincia en las últimas décadas.