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El Gobierno nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de ley para adherir a la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una obligación incluida en el reciente acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La iniciativa busca modernizar la legislación de propiedad intelectual, dar mayor previsibilidad a empresas y cumplir compromisos internacionales.
La propuesta que será debatida tiene media sanción del Senado desde 1998, pero nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. Fuentes oficiales explicaron a Infobae que el texto podría enviarse actualizado para cumplir con los estándares del PCT y los requerimientos del acuerdo con Washington, aunque otros funcionarios sostienen que el texto original es suficiente para avanzar y acelerar el trámite parlamentario.
La adhesión al PCT permite a los solicitantes de patentes presentar una única solicitud internacional que preserve su prioridad por hasta 30 meses, facilitando el ingreso a las fases nacionales en los países adherentes. Esto representa un avance sobre reglas anteriores y mejora la seguridad jurídica para innovadores y empresas que dependen de la protección de la propiedad intelectual.
En el informe “Special 301” de 2025, la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. destacó que Argentina enfrenta desafíos históricos en protección de marcas y patentes, señalando mercados como La Salada y otras ferias donde aún circulan productos falsificados. La adhesión al PCT busca reducir riesgos y alinear la legislación local con estándares internacionales.
Funcionarios del Ejecutivo señalaron que la medida moderniza la normativa de patentes, genera previsibilidad jurídica y refuerza la relación bilateral con Estados Unidos. “Estamos hablando de una normativa que da más certeza y es esperada por sectores productivos para innovar y competir”, indicó un miembro del círculo de Javier Milei a Infobae.
El Gobierno evalúa si se enviará una versión actualizada del proyecto de 1998 o si bastará con la media sanción histórica. Quienes apoyan mantener el texto original destacan que esto aceleraría el tratamiento y permitiría cumplir con los compromisos internacionales sin demoras.
Por su parte, la Casa Rosada señaló que cualquier actualización sería para adaptar el proyecto a la configuración vigente del PCT, que desde 2002 establece plazos de ingreso a fase nacional de 30 meses y un reglamento consolidado, asegurando mayores beneficios para los solicitantes. Además, la Argentina podrá formular declaraciones al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI para aclarar aspectos técnicos y evitar conflictos normativos.
La adhesión al PCT no solo tiene impacto técnico, sino que simboliza el compromiso del Gobierno con la agenda internacional y el cumplimiento de acuerdos comerciales. Legisladores de distintos bloques analizan los efectos sobre la industria local, la innovación y la inversión extranjera, mientras el oficialismo busca lograr consenso antes de que se concrete la ratificación.
El debate sobre esta iniciativa se suma a otras discusiones estratégicas sobre comercio exterior, inversiones y regulación internacional, y marcará un precedente para futuras reformas orientadas a integrar a la Argentina en marcos normativos globales, según consignó Infobae.
