Poggi propone cambios en los tres poderes del Estado

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, envió a la Legislatura un proyecto de reforma parcial de la Constitución que introduce cambios en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de sumar derechos de cuarta generación, con el objetivo de actualizar el marco institucional vigente desde 1987.

La iniciativa plantea una reforma acotada que busca preservar aspectos del texto actual, pero incorporar modificaciones consideradas necesarias tras más de cuatro décadas de funcionamiento institucional. El foco está puesto en fortalecer la calidad democrática, mejorar el funcionamiento del Estado y adaptar la Constitución a los desafíos tecnológicos.

Uno de los cambios más relevantes se vincula con el Poder Ejecutivo. El proyecto propone establecer un límite estricto a la reelección del gobernador, fijando un máximo de dos mandatos en total, ya sean consecutivos o alternados. Cumplido ese límite, la persona quedaría impedida de volver a ocupar el cargo de por vida. Además, se establece que el actual período será considerado como el primero en el conteo para el mandatario en ejercicio.

En el plano legislativo, la propuesta impulsa una ampliación del período de sesiones ordinarias, extendiéndolo para reducir los tiempos de inactividad parlamentaria. También se plantea que la renovación de diputados y senadores se realice de manera total cada cuatro años, en simultáneo con la elección del Poder Ejecutivo, con el objetivo de ordenar el calendario electoral y fortalecer la representatividad.

En cuanto al sistema judicial, el proyecto introduce modificaciones orientadas a reforzar la independencia de los órganos que integran el sistema de justicia. Se propone separar de manera plena el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa del Poder Judicial, otorgándoles autonomía funcional. A su vez, se establece un cambio en el mecanismo de selección de magistrados, donde el Consejo de la Magistratura definirá un orden de mérito vinculante para el Ejecutivo, que solo podrá apartarse con fundamentos explícitos.

Otro aspecto relevante es la incorporación de criterios para garantizar la estabilidad en los cargos judiciales, estableciendo un período mínimo de permanencia que asegure continuidad en la prestación del servicio de justicia.

El proyecto también incorpora los llamados derechos de cuarta generación, vinculados a los avances tecnológicos y la protección de datos personales. Entre ellos se incluyen herramientas como el hábeas data, el acceso a la información y resguardos frente al uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de proteger la privacidad de las personas en entornos digitales.

Según explicaron desde el Ejecutivo, estas modificaciones responden a la necesidad de actualizar una Constitución que no contemplaba estos avances al momento de su sanción. En ese sentido, el vicegobernador Ricardo Endeiza señaló que los cambios buscan proyectar un marco normativo acorde a las nuevas demandas sociales.

El proyecto será debatido en la Legislatura provincial, donde se definirá su alcance final. De avanzar, implicará una de las reformas institucionales más relevantes de los últimos años en la provincia, con impacto directo en el funcionamiento político, judicial y en los derechos ciudadanos.