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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó en Cancillería un informe técnico para defender la producción de biodiésel ante la Unión Europea, que actualmente mantiene restricciones a las importaciones desde el Mercosur por considerar a la soja un insumo de alto riesgo.
El documento fue entregado al canciller Pablo Quirno durante una reunión en Buenos Aires, con el objetivo de respaldar la posición argentina en el debate abierto por la normativa europea. El dossier reúne información científica, económica y productiva sobre el sector.
Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el informe busca demostrar que la clasificación de la soja como materia prima de alto riesgo no tiene sustento técnico. “Refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, afirmó.
La iniciativa apunta a influir en la revisión del estatus del biodiésel en Europa, una categoría que actualmente limita el ingreso del producto al mercado europeo. Este escenario impacta directamente en Santa Fe, principal provincia productora del país.
El documento será incorporado a la presentación que realizará la Cancillería argentina en Bruselas, donde se discutirán aspectos técnicos de la regulación. La estrategia incluye la articulación entre el Gobierno nacional, la provincia, la Región Centro y el sector privado.
Desde la provincia remarcan que el mercado europeo es clave no solo para el biodiésel, sino también para la cadena de valor de la soja. La restricción podría extenderse a productos como aceite, harina y poroto si se mantiene el criterio actual.
La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, sostuvo que la medida europea “no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”. Además, advirtió que el impacto económico podría alcanzar una pérdida de 390 millones de dólares.
El informe también detalla el efecto potencial en el empleo y la actividad productiva en Santa Fe. La provincia concentra gran parte de la capacidad instalada para la producción de biodiésel en Argentina, por lo que cualquier limitación externa tiene consecuencias directas.
El origen del conflicto se vincula con un informe técnico de la Comisión Europea que revisa la expansión de cultivos para biocombustibles bajo criterios de “alto riesgo ILUC”, relacionados con el cambio indirecto del uso del suelo.
Desde el Gobierno santafesino cuestionan esa metodología y sostienen que no refleja la realidad productiva local. Durante el período de consultas abierto por la UE, la provincia presentó objeciones junto a cámaras empresariales.
El planteo también fue discutido en ámbitos regionales, como el Gabinete Productivo de la Región Centro, y en reuniones con representantes internacionales. La preocupación central es evitar que la regulación europea siente un precedente negativo para toda la agroindustria.
En este contexto, la defensa del biodiésel se convierte en un tema estratégico para Argentina. La resolución del conflicto definirá el acceso a uno de los principales mercados globales y el futuro de una cadena productiva clave.
