Merluza: crece la tensión por una propuesta que podría redistribuir cuotas entre flotas

Un informe técnico presentado ante el Consejo Federal Pesquero reactivó el debate sobre el sistema de cuotificación de la merluza común en Argentina, al proponer un mecanismo que permitiría transferir cuotas desde la flota fresquera hacia buques congeladores. La iniciativa, elevada el 17 de abril de 2026, es relevante porque podría impactar en el empleo, la industria en tierra y el equilibrio productivo del sector pesquero.

El documento, elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera bajo el nombre de Propuesta Técnica Regulatoria de CITC de Merluza Común, plantea un esquema en dos etapas: primero, cuantificar la demanda de la flota congeladora y, luego, conformar un fondo con cuota proveniente del sector fresquero para abastecer esa necesidad.

Aunque fue presentado como un informe técnico, desde la Provincia de Buenos Aires advirtieron que se trata en realidad de una propuesta con implicancias normativas concretas. La posición fue respaldada por el ex subsecretario de Pesca, Carlos D. Liberman, y la representante provincial Carla E. Seaín.

Desde la administración bonaerense cuestionaron el impacto estructural de una eventual redistribución permanente de cuotas —prevista hasta el final del régimen en 2039— al considerar que implicaría reducir la materia prima disponible para las plantas de procesamiento en tierra.

Según señalaron, la medida no solo afectaría a los buques fresqueros, sino a toda la cadena productiva, incluyendo la actividad industrial y el empleo asociado. En ese sentido, advirtieron que podría derivar en menos procesamiento local y mayores niveles de desempleo en los principales polos pesqueros.

El foco de la preocupación está puesto especialmente en Mar del Plata, principal centro de descargas y procesamiento del país, donde la actividad pesquera tiene un fuerte impacto económico y social.

Además, la representación bonaerense planteó que cualquier avance en esta línea debería incorporar la participación del sector fresquero en su conjunto, incluyendo cámaras empresarias y sindicatos, para garantizar un debate más amplio y representativo.

Otro punto de conflicto radica en la posible incompatibilidad de la propuesta con el marco normativo vigente, en particular con la Ley Federal de Pesca y resoluciones actuales del CFP, lo que podría generar tensiones legales si se avanza con su implementación.

Por el momento, el Consejo Federal Pesquero no adoptó definiciones, aunque incorporó la iniciativa a su agenda, abriendo un escenario de discusión que podría intensificarse en las próximas reuniones.

El debate se da en un contexto complejo para el sector fresquero, que ya enfrenta dificultades operativas. En este marco, la eventual transferencia de cuotas hacia la flota congeladora es vista por algunos actores como un factor que podría profundizar los desequilibrios existentes.

Más allá de los aspectos técnicos, el planteo expone una disputa de fondo sobre el modelo productivo pesquero y la distribución de recursos. Diferentes actores advierten que detrás de la propuesta se configura un reordenamiento que podría favorecer a las grandes empresas vinculadas al congelado a bordo.

Este sector concentra un importante volumen económico y capacidad operativa, lo que le otorga influencia dentro del sistema pesquero. Su crecimiento podría redefinir el equilibrio entre los distintos segmentos de la actividad.

En este contexto, la discusión trasciende la asignación de cuotas y se vincula con el control de las decisiones estratégicas del sector: quién define la política pesquera, con qué criterios y con qué impacto sobre la estructura productiva.

A esto se suma una preocupación de mediano plazo vinculada a la posible extranjerización de empresas del sector. De concretarse, podría afectar no solo a la actividad económica, sino también a los centros de decisión y al empleo en las comunidades pesqueras.

El futuro de la pesca argentina, en particular del complejo merlucero, se juega en este debate. Las definiciones que se adopten en el ámbito del CFP tendrán impacto directo en la organización de la actividad, la distribución del valor y la sostenibilidad del sistema.

Mientras tanto, el análisis de la propuesta continúa y mantiene en alerta a los distintos actores del sector, en una discusión que combina aspectos técnicos, económicos y políticos, y que se perfila como uno de los ejes más sensibles de la agenda pesquera nacional.