El Gobierno nacional designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, tras la salida de Carlos Frugoni, quien dejó el cargo luego de que se detectaran irregularidades en su declaración jurada. La medida fue oficializada mediante el Decreto 47/2026 y responde a la necesidad de reordenar áreas estratégicas dentro del Ministerio de Economía, en un contexto marcado por cuestionamientos a la transparencia en la función pública.
Herrmann, arquitecto y funcionario con experiencia en gestión, se desempeñaba hasta ahora como secretario de Transporte, rol que había asumido en enero tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Su traslado forma parte de una reorganización interna que busca garantizar continuidad operativa en sectores sensibles. En paralelo, el Gobierno confirmó que Mariano Plencovich ocupará la Secretaría de Transporte, completando así el esquema de reemplazos.
La salida de Frugoni se precipitó tras conocerse que había omitido declarar al menos siete propiedades en Estados Unidos, ubicadas en zonas como Miami y Palm Beach. Los inmuebles fueron adquiridos entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, lo que generó dudas sobre la legalidad y transparencia de las operaciones. La situación provocó una crisis de confianza que derivó en su desplazamiento.
Entre los bienes detectados figuran propiedades en Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach, con valores cercanos a los USD 215.000 por unidad. Las compras se habrían canalizado a través de firmas como Genova y Waki, que no fueron incluidas en sus registros oficiales en Argentina. La omisión encendió alarmas dentro del Gobierno y en sectores políticos, al tratarse de activos significativos no informados.
El propio Frugoni reconoció el error y aseguró que se encontraba en proceso de regularización patrimonial. Admitió que no había incorporado los inmuebles a su declaración y sostuvo que su situación fiscal estaba radicada previamente en Estados Unidos. Sin embargo, sus explicaciones no lograron disipar las dudas ni contener el impacto político generado por el caso.
El crecimiento de su patrimonio también fue objeto de análisis. En 2019, el exfuncionario había declarado activos considerablemente menores, mientras que en 2023 registró inversiones en 16 empresas, junto con depósitos en el exterior por unos 400.000 dólares. Este salto patrimonial despertó sospechas sobre la evolución de sus ingresos y la consistencia de sus declaraciones.
Las denuncias judiciales fueron impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso, quienes señalaron posibles delitos vinculados al ocultamiento de bienes. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas, donde se investiga si hubo maniobras irregulares en la declaración de un patrimonio que superaría el millón y medio de dólares.
Desde el ámbito político, las reacciones fueron inmediatas. Del Gaiso cuestionó con dureza la conducta del exfuncionario y puso en duda la relación entre sus ingresos y las inversiones realizadas en el exterior. Dentro del oficialismo, algunas voces calificaron el episodio como “grave” y remarcaron la necesidad de esclarecer los hechos y fortalecer los mecanismos de control.
El impacto del caso se extendió más allá del área de Infraestructura. En la misma semana, se registraron las renuncias de Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, titulares de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Estos movimientos consolidan la percepción de una reestructuración más amplia dentro del sistema de transporte y obras públicas.
La llegada de Herrmann busca aportar estabilidad institucional y sostener la ejecución de proyectos estratégicos en materia de infraestructura. Desde el Gobierno destacan su perfil técnico y su conocimiento del sector como elementos clave para enfrentar los desafíos del área en un contexto económico exigente.
El caso, difundido por Infobae, volvió a poner en el centro del debate la importancia de reforzar los estándares de ética pública, mejorar los sistemas de control patrimonial y garantizar mayor transparencia en la gestión estatal, mientras la Justicia avanza con la investigación.
