El análisis de la declaración jurada 2024 de Fabián Marcelo Bello, actual gerente de Desempeño y Economía del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), expone que mantiene inversiones en compañías del sector energético que están bajo la órbita de control del propio organismo. La información surge de documentación oficial presentada ante la Oficina Anticorrupción y resulta relevante porque plantea posibles conflictos de interés en el ejercicio de la función pública.
Según los datos declarados, Bello posee participaciones en empresas como Pampa Energía, vinculada al grupo liderado por Marcelo Mindlin, por un monto cercano a los 5,8 millones de pesos, y en Transportadora de Gas del Sur por más de 12,8 millones. Ambas firmas forman parte del sistema de transporte y distribución de gas natural, sector que el ENARGAS regula, supervisa y controla.
El punto central no radica únicamente en la existencia de estas inversiones, que fueron formalmente declaradas, sino en la eventual participación del funcionario en decisiones que puedan impactar sobre esas compañías. La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en asuntos donde tengan intereses personales, lo que obliga a mecanismos de excusación en caso de incompatibilidades.
Patrimonio en crecimiento y diversificación
La declaración jurada también muestra un incremento significativo del patrimonio de Bello durante el período analizado. El total de bienes pasó de poco más de 222 millones de pesos a más de 520 millones al cierre de 2024, lo que implica una expansión considerable en un solo año.
Dentro de esa estructura se destacan activos en dólares, con una tenencia en efectivo que supera los 180 mil dólares, además de depósitos en el exterior, particularmente en Uruguay. A esto se suma una cartera de inversiones diversificada que incluye instrumentos financieros y participaciones en el sector energético.
El funcionario también declaró ingresos anuales elevados, superiores a los 180 millones de pesos, junto con operaciones financieras complejas. Entre ellas figura su participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda a través de Fiduciaria de la Costa SA, bajo la modalidad de cesión de derechos. Este tipo de herramientas son habituales en desarrollos privados de gran escala y reflejan un perfil patrimonial con alto nivel de liquidez y acceso a mercados financieros complejos.
Un contexto de mayor escrutinio
El caso se inscribe en un escenario más amplio de cuestionamientos dentro del ENARGAS. En los últimos meses, distintas presentaciones administrativas y judiciales han puesto el foco en la evolución patrimonial de funcionarios y en posibles incompatibilidades.
Entre los antecedentes aparece la situación de Eric Oscar Salomone Strunz, actual gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del ente, quien fue objeto de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Su caso derivó en una nueva investigación tras la rectificación de su declaración jurada y la aparición de un crédito de elevado monto.
En este marco, la combinación de inversiones en empresas reguladas y responsabilidades dentro del organismo vuelve a instalar el debate sobre la transparencia en los entes de control. Especialistas en gestión pública advierten que estos casos requieren no solo declaraciones formales, sino también mecanismos efectivos de prevención y monitoreo.
Por el momento, no existen imputaciones formales contra Bello. Sin embargo, la información oficial abre interrogantes sobre el funcionamiento de los sistemas internos de control, la eventual utilización de información privilegiada y la necesidad de fortalecer los estándares de integridad en la administración pública.
La situación, que fue difundida por el medio REALPOLITIK, podría derivar en pedidos de aclaración o nuevas presentaciones ante organismos competentes. En un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la importancia de garantizar la independencia y la ética en los organismos reguladores del Estado.
