El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema regulatorio para la habilitación de destinos de exportación de productos pesqueros y acuícolas, con el objetivo de modernizar los procesos administrativos y agilizar el acceso de empresas argentinas a mercados internacionales. La medida fue establecida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través de la Resolución 413/2026, publicada este martes, e introduce cambios en los mecanismos de gestión sanitaria y documental vinculados al comercio exterior del sector.
La normativa, impulsada por la Dirección de Inocuidad de Pesca y Acuicultura del organismo, incorpora nuevas herramientas digitales y criterios técnicos para optimizar la tramitación de habilitaciones de exportación. Según informó el Senasa, el nuevo marco busca adecuar los procedimientos a las exigencias actuales del comercio internacional y fortalecer la competitividad de la cadena pesquera argentina.
Entre las principales modificaciones aparece la consolidación del Sistema de Gestión de Certificados (SIGCER) como plataforma central para gestionar las autorizaciones de destinos de exportación de establecimientos pesqueros y acuícolas. El sistema, que había sido aprobado originalmente mediante la Resolución 462/2014, pasará a ocupar un rol clave dentro de los nuevos procedimientos administrativos definidos por el organismo sanitario.
La actualización normativa forma parte del proceso de modernización institucional impulsado por el Senasa en distintas áreas vinculadas al control sanitario y a la certificación exportadora. Desde el organismo sostienen que la digitalización y simplificación de trámites permitirá reducir tiempos administrativos y mejorar la capacidad de respuesta frente a las exigencias de los mercados internacionales.
Uno de los cambios más relevantes de la resolución es la incorporación del concepto de “bloques de países”, una herramienta que agrupa naciones con requisitos higiénico-sanitarios y documentales equivalentes. La definición y clasificación de esos bloques quedará bajo la órbita de la Dirección de Inocuidad de Pesca y Acuicultura.
La implementación de este criterio permitirá agilizar los procesos de habilitación y actualización de destinos de exportación, evitando que cada mercado deba ser evaluado de manera individual cuando comparta estándares sanitarios similares. En términos operativos, el esquema busca facilitar la gestión documental para empresas exportadoras y reducir cargas burocráticas.
Dentro de ese nuevo enfoque, la resolución incorpora además una funcionalidad denominada “corrección por datos” dentro del sistema SIGCER. Esta herramienta permitirá realizar ajustes administrativos de manera más rápida y eficiente ante errores o modificaciones en la documentación presentada por los establecimientos exportadores.
Según explicó el organismo, la nueva funcionalidad contribuirá a disminuir demoras en la tramitación de certificados y habilitaciones, además de mejorar la eficiencia operativa de los procesos internos. El objetivo es fortalecer la capacidad administrativa del sistema exportador frente al crecimiento de la demanda internacional de productos pesqueros argentinos.
Otro de los puntos incluidos en la normativa es la incorporación de la Unión Económica Euroasiática dentro del SIGCER como bloque económico reconocido. La inclusión permitirá adaptar los procedimientos de certificación a las exigencias específicas de ese espacio comercial, integrado por países como Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán.
La decisión se produce en un contexto donde la Argentina busca ampliar mercados y consolidar la inserción internacional de sectores exportadores estratégicos. En el caso de la pesca y la acuicultura, el comercio exterior representa una de las principales fuentes de ingreso de divisas para distintas economías regionales vinculadas a la actividad marítima.
La industria pesquera argentina exporta anualmente productos hacia múltiples destinos internacionales, entre ellos la Unión Europea, Asia y América Latina. Los productos de mayor relevancia incluyen langostino, merluza, calamar y distintas especies procesadas en plantas habilitadas bajo estándares sanitarios internacionales.
En ese marco, el fortalecimiento de los sistemas de certificación y trazabilidad aparece como un factor central para sostener la competitividad del sector. Los mercados internacionales exigen cada vez mayores controles vinculados a inocuidad alimentaria, calidad sanitaria y transparencia documental.
La actualización del marco normativo también apunta a reducir costos administrativos para las empresas exportadoras. En el sector privado consideran que la simplificación de procesos puede tener impacto positivo sobre los tiempos logísticos y la capacidad operativa de las plantas habilitadas para exportar.
Además, la digitalización de procedimientos permite mejorar la articulación entre organismos públicos y actores privados de la cadena pesquera, especialmente en un contexto donde la velocidad de respuesta administrativa se vuelve determinante para mantener operaciones comerciales activas.
La resolución se enmarca en una estrategia más amplia de modernización estatal orientada a digitalizar trámites y reducir burocracia en distintas áreas productivas. En los últimos años, el Senasa avanzó en la incorporación de plataformas electrónicas para certificaciones sanitarias, registros y documentación vinculada al comercio exterior agroalimentario.
En paralelo, la cadena pesquera enfrenta desafíos vinculados a la sostenibilidad de los recursos, la competitividad internacional y la adaptación a nuevas regulaciones sanitarias globales. La actualización de herramientas administrativas aparece así como uno de los ejes para sostener el crecimiento exportador del sector.
Desde el organismo sanitario sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la capacidad de adaptación frente a cambios regulatorios internacionales y agilizar futuras aperturas de mercados. También remarcan que la unificación de criterios sanitarios facilitará la relación con bloques económicos y organismos de control de otros países.
Con la entrada en vigencia de la Resolución 413/2026, el Gobierno apuesta a consolidar un esquema más ágil y moderno para la gestión de exportaciones pesqueras, en un sector considerado estratégico por su capacidad de generación de empleo, divisas y valor agregado industrial.
