La minería argentina vivió esta semana en San Juan una de sus mayores demostraciones de poder político y económico. En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, empresas internacionales, gobernadores y funcionarios nacionales proyectaron inversiones por más de US$40.000 millones en cobre para la próxima década, en lo que el sector define como un momento bisagra para el desarrollo productivo del país. Sin embargo, detrás del entusiasmo y los anuncios, quedó expuesta una realidad menos alentadora: la infraestructura, la logística y la formación laboral aún aparecen muy lejos de acompañar la magnitud del crecimiento prometido.
La exposición, organizada por Panorama Minero en la capital sanjuanina, reunió durante tres jornadas a los principales actores de la industria minera nacional e internacional. Allí confluyeron empresas como BHP, Lundin Mining, Glencore, McEwen Copper y Barrick Mining, junto a funcionarios del Gobierno nacional y mandatarios provinciales de distritos mineros.
La presencia política fue uno de los datos centrales del encuentro. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el lanzamiento de la Mesa Federal Minera acompañada por el secretario de Minería, Luis Lucero, y gobernadores de provincias vinculadas al desarrollo extractivo como Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.
Durante el encuentro, el Gobierno volvió a defender el ordenamiento macroeconómico y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas clave para atraer capitales. En ese contexto, Karina Milei sostuvo que Argentina “siempre tuvo un enorme potencial minero”, aunque consideró que “por impericia o cuestiones ideológicas de gobiernos anteriores nunca se aprovechó plenamente”.
Desde la industria, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, aseguró que el país alcanzó “tres hitos” fundamentales para el sector: estabilidad macroeconómica, implementación del RIGI y cambios regulatorios vinculados a la ley de glaciares. Para los empresarios, esas condiciones abrieron una ventana inédita para la llegada de inversiones de gran escala.
El cobre como motor de exportaciones
Los anuncios realizados durante las Argentina Copper Sessions dejaron cifras que hace apenas algunos años parecían inalcanzables para la minería argentina. Las proyecciones del sector estiman que las exportaciones mineras podrían superar los US$20.000 millones anuales desde 2035, impulsadas principalmente por el cobre. Actualmente, el complejo minero exporta alrededor de US$4.000 millones por año.
Entre los proyectos destacados apareció Vicuña, desarrollado en conjunto por BHP y Lundin Mining, que demandará una inversión cercana a los US$18.000 millones. También sobresalieron Pachón, controlado por Glencore, y Los Azules, de McEwen Copper, que ya obtuvo la aprobación del RIGI y busca financiamiento por unos US$4.000 millones.
Sin embargo, mientras se anunciaban inversiones récord, varios episodios dejaron al descubierto las limitaciones estructurales de la región. En plena realización de la exposición, el viento zonda provocó caída de árboles, cortes masivos de electricidad y daños en parte de las instalaciones del predio ferial. Además, un conflicto judicial había bloqueado durante semanas un camino estratégico para Vicuña en territorio riojano, afectando su logística operativa.
La imagen funcionó como síntesis involuntaria de una discusión que atravesó buena parte del evento: cómo sostener un crecimiento minero de escala mundial con infraestructura todavía insuficiente.
El debate por las obras y la energía
Uno de los planteos más directos sobre ese problema lo realizó el CEO de Pachón, Martín Pérez de Solay, quien sostuvo que las compañías mineras no deberían asumir el financiamiento de infraestructura pública. Según explicó, utilizar capital de riesgo minero para rutas, energía o transporte implica reducir la eficiencia de las inversiones productivas.
“El retorno de la infraestructura es más bajo que el de la minería”, explicó el ejecutivo durante su exposición. Desde su visión, el sector privado puede garantizar demanda y contratos de uso, pero las obras deberían desarrollarse con esquemas financieros específicos y participación estatal.
La postura contrastó con la mirada de Michael Meding, CEO de Los Azules y vicepresidente de McEwen Copper. El ejecutivo consideró que las empresas deberán involucrarse directamente en la construcción de infraestructura porque el Estado no dispone actualmente de recursos suficientes para afrontar esas inversiones en soledad.
Según explicó, Los Azules ya trabaja en proyectos de infraestructura energética compartida con otros emprendimientos de San Juan. “Cuando invertimos en energía, hacemos más confiable el sistema para todos los sanjuaninos”, afirmó.
La discusión no quedó limitada a las compañías. Desde la nueva conducción de la Cámara Minera de San Juan también advirtieron que el crecimiento proyectado exigirá un cambio profundo en materia de planificación, articulación política y licencia social.
El desafío laboral y la licencia social
El vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Latinoamérica de Barrick Mining, Marcelo Álvarez, resumió la dimensión del fenómeno con una frase que se repitió durante la exposición: “Lo que se viene es diez veces más grande de lo que se conoció en San Juan con Veladero”.
Para el directivo, el principal desafío no será únicamente económico, sino también social y político. En ese sentido, advirtió que el respaldo empresarial y gubernamental no necesariamente implica un consenso social automático a favor de la minería.
La necesidad de construir acuerdos también quedó expuesta por una situación que generó malestar dentro del sector sindical. El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, no pudo ingresar a una de las reuniones políticas centrales del evento debido a restricciones de seguridad aplicadas tras la llegada de Karina Milei. Aunque el dirigente había sido invitado, el operativo presidencial bloqueó su acceso por haber arribado después de la comitiva oficial.
El episodio reflejó otra de las tensiones que atraviesan la expansión minera: la necesidad de integrar a trabajadores, proveedores y comunidades locales en un proceso que promete transformar economías regionales enteras.
En ese marco, el director de Vicuña Corp, José Morea, advirtió que la caída de transferencias nacionales a las provincias incrementa la presión sobre la infraestructura pública. Según señaló, el desarrollo minero avanza más rápido que la capacidad estatal para acompañarlo con obras.
Por eso, propuso discutir mecanismos de financiamiento anticipado utilizando futuras regalías mineras como garantía para acelerar proyectos estratégicos de rutas, energía y servicios. La discusión recién comienza, pero el consenso dentro del sector parece claro: el potencial del cobre argentino es enorme, aunque convertirlo en realidad demandará mucho más que anuncios de inversión.
