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La discusión sobre la modernización de la ley de semillas volvió a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria durante el congreso A Todo Trigo 2026, realizado en Mar del Plata. Representantes del Estado, empresas semilleras y entidades rurales coincidieron en la necesidad de actualizar el marco regulatorio vigente, aunque quedaron expuestas profundas diferencias respecto de la propiedad intelectual, el uso propio de semillas, el cobro de regalías y los mecanismos de fiscalización. El debate se instaló como uno de los ejes estratégicos para el futuro de la producción agrícola y la incorporación de nuevas tecnologías genéticas en la Argentina, informo TNCampo en su reporte.
El encuentro reunió a referentes del sector semillero, productores y funcionarios vinculados al sistema de innovación agrícola. Allí quedó planteada una tensión de fondo: cómo garantizar el acceso a genética de avanzada sin afectar la rentabilidad de los productores ni desalentar las inversiones privadas en investigación y desarrollo.
La discusión no es nueva, pero en esta edición del congreso mostró un dato relevante: por primera vez en varios años, todos los actores involucrados reconocieron que el sistema actual quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos y productivos que atraviesa el agro.
Desde el Gobierno nacional, el director del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, ratificó la intención oficial de impulsar una nueva legislación que contemple las demandas del sector y pueda llegar al Congreso en los próximos meses.
En paralelo, las empresas nucleadas en la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y compañías vinculadas al desarrollo genético reforzaron el reclamo por un esquema más sólido de protección de la propiedad intelectual. Según sostienen, la falta de reglas claras limita las inversiones y retrasa la llegada de nuevas tecnologías al mercado argentino.
Uno de los puntos más discutidos fue la eventual adhesión a UPOV 91, el convenio internacional que regula los derechos de obtentores vegetales y que gran parte de la industria considera un estándar global para la protección de innovaciones genéticas.
Desde el sector empresario argumentaron que avanzar hacia un esquema alineado con UPOV permitiría mejorar el clima de inversión, facilitar acuerdos comerciales internacionales y acelerar el acceso a nuevas variedades con mayor potencial productivo.
La referencia a países competidores como Brasil apareció de manera recurrente durante el debate. Las compañías semilleras sostienen que la falta de actualización normativa deja a la Argentina en desventaja frente a mercados donde existen sistemas más robustos de protección intelectual.
Sin embargo, las entidades rurales evitaron respaldar una adhesión automática al convenio internacional y plantearon reparos sobre la posibilidad de trasladar modelos externos sin considerar las particularidades del sistema productivo argentino.
Representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) coincidieron en la necesidad de discutir una nueva normativa, aunque advirtieron que la agricultura actual enfrenta desafíos distintos a los que existían cuando se diseñaron los marcos regulatorios internacionales hace más de tres décadas.
Para los dirigentes rurales, el avance de herramientas como la edición génica, la inteligencia artificial y las nuevas plataformas biotecnológicas exige construir un esquema adaptado a la realidad local y no una simple reproducción de modelos extranjeros.
Ese planteo dejó en evidencia uno de los principales cambios dentro de la discusión: el eje ya no parece centrarse en si la ley debe modificarse o no, sino en cuáles serán las reglas que ordenarán el negocio agrícola en los próximos años.
El tema del uso propio de semillas volvió a emerger como uno de los puntos más sensibles del debate. Históricamente, los productores defendieron el derecho a reutilizar parte de la cosecha para futuras siembras sin costos adicionales, mientras que las empresas semilleras reclamaron mecanismos que permitan recuperar inversiones en genética.
Daniel Asseff, Tomás Palazón, Ricardo Fernández Pancelli, Martín Famulari, Pablo Ginestet y Lucas Amadeo. (Foto: A Todo Trigo).
Durante el encuentro, las entidades rurales mostraron una posición más flexible respecto de años anteriores y reconocieron la posibilidad de avanzar hacia un esquema de uso propio oneroso. La propuesta contempla regalías limitadas en el tiempo y posterior liberación varietal.
Para el negocio semillero, ese cambio representó una señal positiva. No obstante, dentro del sector productivo persisten interrogantes sobre el alcance de los pagos, la duración de los derechos y el impacto que podría tener sobre pequeños y medianos productores.
La discusión también alcanzó a los contratos privados impulsados por empresas semilleras para regular el acceso a determinadas tecnologías. En ese punto surgieron cuestionamientos al modelo Sembrá Evolución, utilizado para gestionar derechos sobre variedades protegidas.
Productores y representantes rurales expresaron preocupación por cláusulas consideradas excesivas y por mecanismos de control que, según señalaron, podrían derivar en costos adicionales o conflictos comerciales. Algunos dirigentes incluso compararon esos sistemas con “fotomultas” por la forma en que se aplican controles y sanciones.
Desde la industria defendieron esas herramientas como alternativas transitorias frente a la ausencia de una legislación moderna, aunque dejaron abierta la posibilidad de revisar mecanismos de implementación.
En el fondo, la discusión expuso una disputa más amplia sobre quién captura el valor económico de la innovación agrícola. Las compañías vinculadas al desarrollo genético remarcaron que la creación de nuevas variedades requiere años de investigación, grandes inversiones y un marco jurídico previsible.
Empresas como GDM insistieron en que sin protección efectiva de la propiedad intelectual se desalienta la innovación y se limita la incorporación de mejoras vinculadas a tolerancia a sequía, resistencia a enfermedades y aumento de productividad.
Para el sector productivo, en cambio, el desafío pasa por evitar que la modernización derive en más burocracia, mayores costos y esquemas de fiscalización considerados excesivos.
En la parte final del debate también aparecieron cuestionamientos vinculados a posibles medidas de control impulsadas por el Gobierno nacional. La mención de iniciativas de desregulación y fiscalización asociadas al ministro Federico Sturzenegger abrió nuevas diferencias entre el Estado y las entidades rurales.
Aunque ningún sector rechazó la necesidad de controlar el cumplimiento de la normativa, sí surgieron reparos sobre los métodos. Las entidades rurales reclamaron que cualquier cambio se discuta de manera integral y con consenso amplio para evitar distorsiones comerciales o sistemas de control invasivos.
El temor a esquemas basados en muestreos, cruces de información y sanciones administrativas volvió a reflejar la falta de confianza que todavía atraviesa la relación entre distintos actores de la cadena agrícola.
Pese a las diferencias, el congreso dejó una señal clara: el agro argentino parece haber asumido que la legislación vigente ya no responde a las necesidades actuales del sector.
La discusión sobre semillas dejó de limitarse a una disputa entre productores y empresas semilleras. Ahora incorpora cuestiones vinculadas al acceso tecnológico, la competitividad internacional, la inversión en innovación y la capacidad del país para sostener productividad en un escenario global cada vez más exigente.
En un contexto económico atravesado por la necesidad de aumentar exportaciones y generar divisas, el debate sobre genética agrícola aparece como una pieza estratégica para el futuro del agro argentino.
