El Gobierno nacional enviará en junio al Congreso un proyecto de reforma inmobiliaria orientado a desregular parte de la actividad, reducir costos operativos y ampliar la competencia dentro del mercado. La iniciativa fue anticipada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante un encuentro del sector realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde planteó la necesidad de eliminar barreras que, según la visión oficial, encarecen las operaciones de compraventa y alquileres.
El paquete de medidas todavía no fue presentado formalmente, aunque ya abrió un fuerte debate entre inmobiliarias, corredores, desarrolladores y empresas tecnológicas vinculadas al negocio inmobiliario. Entre los principales cambios que analiza la Casa Rosada aparecen la eliminación de honorarios mínimos obligatorios, la flexibilización de los sistemas de matriculación profesional y una mayor apertura para plataformas digitales y modelos Proptech.
Desde el Gobierno sostienen que la intención es generar un esquema más competitivo que permita bajar costos para compradores, vendedores e inquilinos. Durante el encuentro organizado por Reporte Inmobiliario, Sturzenegger cuestionó los “privilegios” que, a su entender, todavía persisten dentro de la actividad y aseguró que el objetivo oficial apunta a reducir regulaciones que dificultan el ingreso de nuevos actores al mercado.
En distintos sectores inmobiliarios reconocen que la digitalización ya comenzó a modificar el funcionamiento tradicional del corretaje inmobiliario. Plataformas tecnológicas, sistemas de reputación online y herramientas digitales para validar operaciones ganaron espacio en los últimos años y comenzaron a competir con los modelos clásicos de intermediación. En ese contexto, algunos empresarios consideran que una apertura regulatoria podría acelerar la modernización del sector y ampliar las opciones disponibles para los consumidores.
Sin embargo, la posible desregulación total también genera resistencias. Referentes del corretaje inmobiliario advierten que una flexibilización completa podría afectar la seguridad jurídica de las operaciones y debilitar los controles profesionales sobre compraventas y alquileres. Señalan que las transacciones inmobiliarias involucran documentación sensible, análisis patrimoniales, cuestiones impositivas y responsabilidades legales que requieren supervisión técnica y experiencia profesional.
Dentro del mercado aparecen además posiciones intermedias. Algunos especialistas consideran necesaria una actualización del esquema actual, pero proponen mantener estándares mínimos de idoneidad para quienes intervienen en operaciones inmobiliarias. Según esa mirada, el desafío pasa por combinar mayor competencia y modernización sin eliminar completamente los mecanismos de control profesional.
El debate también se concentra sobre el verdadero impacto que la reforma podría tener en los costos para los consumidores. Distintos actores del sector relativizan la posibilidad de una baja significativa de honorarios incluso en un escenario más abierto. Argumentan que las inmobiliarias con mayor trayectoria, estructura y cartera de servicios probablemente mantengan niveles de comisión similares, mientras que la competencia tenderá a desplazar a los operadores menos eficientes.
Otro de los puntos que surgió en las discusiones internas es que muchos de los problemas estructurales del mercado inmobiliario exceden a las regulaciones sobre corretaje. Empresarios y desarrolladores remarcan que gran parte de los costos y demoras de las operaciones están vinculados a la burocracia estatal, los tiempos administrativos para aprobaciones y las dificultades de financiamiento tanto para proyectos como para adquisiciones particulares.
En paralelo, algunos especialistas sostienen que el mercado argentino ya funciona bajo un esquema competitivo, debido a que muchas operaciones pueden concretarse de manera directa entre particulares sin intervención obligatoria de una inmobiliaria. Aun así, reconocen que el avance tecnológico seguirá modificando la dinámica de la actividad y profundizará la competencia entre operadores tradicionales y nuevas plataformas digitales.
La discusión legislativa comenzará en las próximas semanas, cuando el Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso. Mientras tanto, el sector inmobiliario permanece atento a una reforma que podría alterar parte del funcionamiento histórico de la actividad y redefinir el rol de las inmobiliarias, los corredores matriculados y las empresas tecnológicas dentro del negocio.
